Expertos
en reconstrucción: “Los grandes ganadores del 27-F son las inmobiliarias”
El sábado se cumplen seis años desde el
terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. En este contexto,
organizaciones de víctimas y especialistas realizaron un balance, apuntando a
las lecciones no aprendidas y criticando la forma en la que el aparato público
ha hecho frente al proceso de reconstrucción
En Radio
U de Chile –Public. 25/2/16
Hace pocos días
Gilda Grandón, directora regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi),
reconoció que a seis años del terremoto 8.8 que afectó a la zona centro-sur del
país, aún no estaban instaladas las alarmas en el borde costero de la región
Biobío por problemas en las licitaciones.
Tampoco
se reflexionó sobre la instalación de muchas comunidades que después de
perderlo todo, volvieron a ser instaladas en los mismos lugares y bajo las
mismas condiciones.
Las
autoridades brindaron vivienda a los afectados, pero hay muchos que renunciaron
a ellas y volvieron a la costa, como fue en el caso de los pobladores de
Constitución, ya que se trataba de familias de pescadores, que por años
hicieron su vida cerca del mar.
José
Luis Gajardo, ex presidente del Movimiento “Talca con Todos y Todas”, afirmó
que se ha visto una preocupación en perfeccionar los estándares de
construcción, pero criticó la falta de seguimiento, control y fiscalización que
gatillaron los derrumbes tras los sismos.
“El
Estado chileno ha hecho un gran esfuerzo en términos de normas: normas
técnicas, acústicas, normas estructurales; pero al momento de fiscalizar, la
presencia es nula. La situación es compleja, porque cuando la vivienda ya está
hecha no hay mucho que hacer”.
Una
de las denuncias de Gajardo es que, en la práctica, “la gente se saltó muchos
pasos del proceso de la construcción y eso no fue fiscalizado”.
Según
los especialistas, en la emergencia se pusieron a prueba una serie de programas
aislados, no probados, en los que se desconocía la situación de pobreza, el
arraigo y las características particulares de las poblaciones a las que se
otorgaba subsidios u otros beneficios.
Claudio
Pulgar del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile condenó el que
“los gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet tuvieran una
preocupación casi obsesivas de construir casas, mostrar cifras, pero muy poca
atención por la calidad de esas viviendas y como se insertaban en una trama
urbana mucho más amplia”.
En
esa línea, acusó que uno de los grandes ganadores de la tragedia fue el mercado
inmobiliario: “Es la misma lógica del mercado que es el encargado de construir,
a mayor o menor escala, pero es el mercado el que se hace cargo”. En ese sentido,
criticó la “lógica de bauchers y de ferias inmobiliarias, donde se entiende a
la gente como beneficiarios y no como sujetos de derecho”.
El
experto sostiene que éste es un claro ejemplo del modelo económico imponiéndose
sobre las necesidades del mercado: “Siempre dijimos que la reconstrucción era
una oportunidad y finalmente fue una oportunidad, pero para el negocio, para un
nicho de capital, como ha sido la política de vivienda en los últimos 30 años”.
En
esa línea, Xenia Fuster, integrante del Observatorio de la Reconstrucción de la
Universidad de Chile apuntó a la falta de atención de la política pública sobre
el impacto en la calidad de vida de los afectados y la ausencia de un
seguimiento efectivo del proceso de reconstrucción, que fuera más allá de un
reporte técnico y numérico.
Para
la especialista, tanto en el caso de las alarmas, como en el de las viviendas
en el borde costero, se puede observar la poca capacidad de integrar los
aprendizajes en relación a la emergencia. En ese sentido, afirmó que este tipo
de evaluaciones pueden extenderse a otras crisis, indicando que lo que flaquea
es la mirada preventiva.
“En
tanto el riesgo no sea una prioridad nacional vamos a seguir siempre cometiendo
los mismos errores. Yo diría que una de las cosas que tiene Chile es riesgo
constante; lo vimos en el norte, en el sur, no es ni siquiera por los
terremotos, los maremotos, sino también son las inundaciones, los incendios,
los volcanes”.
Para
la académica constantemente estamos llenos de amenazas y no nos hacemos cargo
de ellas, porque no son prioridad. “Estamos más preocupados de actuar en la
emergencia que de hacer un ejercicio prevencionista, de ver dónde vamos a
instalar las localidades, qué pasa si hay una catástrofe, a dónde nos movemos,
en suma, como planificamos antes de que pasen las cosas”.
Por
todas estas razones insistieron en calificar el 27 de febrero del 2010 como la
oportunidad perdida de generar un cambio estructural, diseñando una
planificación urbana inteligente, pensada para favorecer a las poblaciones
afectadas.
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