Public. 23/01/16
La gravedad de lo
acontecido en Argentina desde las elecciones del 22 de noviembre no remite a lo
que podríamos abordar en términos de simple alternancia entre distintas
visiones y proyectos de país dentro del normal desarrollo de una democracia. Lo
que está en juego no es –fundamentalmente– determinar quienes salieron ganando
o perdiendo con este cambio de gobierno sino el juego mismo: las normas del
juego (político) e, incluso, sencillamente pero trágicamente, la posibilidad de
jugar.
Tal
como sucedió en Chile, con la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera en
el año 2010, se corrió la voz en Argentina de que el país estaba de ahora en
más “atendido por sus dueños”. Sin ser falsa, la afirmación resulta
insuficiente. Se trata de algo mucho más considerable que no estaba presente en
el escenario chileno del año 2010. Los nuevos gobernantes, además de sus
intereses más inmediatos y previsibles, parecen haber definido dos otros
objetivos: destruir una obra (el conjunto de medidas, políticas públicas pero,
más allá, algo que se podría llamar el entramado social de los gobiernos
kirchneristas) y hacerlo saber, volverlo visible, generar la gran puesta en
escena del “se (les) acabó la fiesta”, “acá mandamos nosotros”.
Casi
palabra por palabra, eso fue lo que los policías que se llevaron presos a los
jóvenes de “Batalla Cultural”, la noche en que irrumpieron para desalojar y
clausurar el lugar –un centro cultural de Vicente López (barrio acomodado de
las afueras de Buenos Aires, zona norte)– a raíz de denuncias de vecinos. En
algo raro andaban esos chicos, dijeron los que dijeron, por algo será. He dicho
bien: denuncia/vecino/algo habrán hecho.
Salvando
algunas excepciones, la clausura repentina y particularmente violenta de
“Batalla Cultural” no contó con cobertura de la prensa pero en cambio
circularon grabaciones caseras por las redes sociales que el lector puede
buscar y consultar. Pero sigamos.
¿De
qué se trata? Se trata de que, por un lado, “de eso no se habla” y por otro
tenemos un impresionante despliegue mediático destinado a dejar bien claro que
el cambio tan anunciado, el cambio con mayúscula se perfila como restauración
de cierta forma de orden y, a su vez, con un espíritu de revancha que da cuenta
de la bronca acumulada por los sectores acomodados del país: hay que humillar.
Es llamativo: hay que humillar.
Sólo así se explica que ciertas decisiones
particularmente problemáticas (despidos masivos e intervención en medios y
otras instancias vinculadas a las comunicaciones) se den bajo esta modalidad:
las personas se ven impedidas de penetrar en sus lugares de trabajo y/o son
sacadas de sus lugares de trabajo, custodiadas por la policía. Remito en
particular a la intervención de la AFSCA pero también al despido de Víctor Hugo
Morales de Radio Continental. En este último caso, la notificación del despido
en vivo (durante su programa matinal) resultó impactante: “me están echando de
la radio”, alcanza a decir el periodista antes de que le corten el micrófono.
No es posible no recordar otras escenas, en diferentes contextos políticos, cuando
otros periodistas fueron sacados de sus oficinas en las que estaban ejerciendo
no solamente su oficio sino la dignidad de cierta forma de ciudadanía: su
derecho fundamental a ser oposición.
Así,
para los nuevos gobernantes se hace necesario declarar y poner en escena día
tras día la derrota del kirchnerismo y esto pasa, primero, por destruir lo
obrado, por desmantelar cierta cantidad de ejes de sus políticas. Pero no
cualquier eje sino principalmente los que dicen relación con los intereses de
las clases dominantes (léase: con los grupos económicos que se piensan a sí
mismos y actúan como los dueños del país, entre ellos Clarín) y con el
protagonismo que en los últimos doce años alcanzaron los sectores populares.
Entre
las medidas más espectaculares en este sentido: la disolución mediante un
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (AFTIC). Organismos encargados de la aplicación
de la nueva ley de medios. Una de las leyes más relevantes del período
anterior: primero en su objetivo –disputar y terminar con el monopolio ejercido
por el grupo Clarín; luego en su manera, en su metodología –fue una ley
elaborada desde abajo, pacientemente discutida en distintos foros a través de
todo el país. Se entiende el ataque: en esta nueva democracia sui generis
estamos bajo el nuevo-viejo lema según el cual todos tenemos derecho a
expresarnos pero no todos por igual. Ya que, de últimas, la comunicación es un
bien de consumo como cualquier otro y debe ser sometido a la sacrosanta ley del
libre (¿?) mercado.
Entre
las otras medidas adoptadas (lista no exhaustiva): designación por decreto en
comisión de dos jueces de la corte suprema (medida que generó un enorme rechazo
incluso en las propias filas y que fue revertida); anuncio de elaboración de un
protocolo de acciones ante protestas callejeras, cortes y piquetes; se decreta
la emergencia nacional en el ámbito de la seguridad interior; despidos masivos
en distintas esferas del Estado argentino; se reprime violentamente dos
movilizaciones protagonizadas por trabajadores; se encarcela a la dirigente
Milagro Sala por supuesta incitación a la violencia, en circunstancias en que
organismos de DD.HH. entre ellos Amnistía Internacional han denunciado la
ilegitimidad de la acusación, del procedimiento de detención y de las
condiciones de encarcelamiento; se anuncia agenda de encuentros con el fin de
poner fin al litigio con fondos buitres y otros acreedores; se liberan
restricciones cambiarias para la compra de dólares estadounidenses.
Que
el lector no se equivoque. No estamos diciendo acá que estamos sorprendidos
porque un gobierno de derecha gobierna a la derecha y en pos de los intereses
de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Desde ese punto
de vista, por cierto, y retomando esta idea del país “atendido por sus dueños”,
las dos últimas medidas implican –una vez más– terminar con el principio de
soberanía que defendió contra vientos y mareas el kirchnerismo siguiendo en
esto las tres banderas históricas del peronismo (soberanía política,
independencia económica, justicia social). Por consiguiente, la lista de dueños
se vuelve cada vez más difusa y compleja de enunciar.
Un
paréntesis sobre este término: soberanía. Quizás sea este término –junto con la
relación que se mantiene con los sectores populares–, una de las claves que
definen los escenarios políticos en Argentina; una de las claves de las
divisiones más allá del buen nombre de sus protagonistas: existen los que
trabajan en pos de un país soberano y existen los que trabajan en pos de
intereses financieros que no tienen patria o, más precisamente, y a lo mejor no
es lo mismo, que no tienen ciudadanía que defender. Son sectores que no
precisan del concepto de ciudadano, salvo durante sus campañas electorales para
lograr junto con el voto de sus aliados naturales la adhesión de pobre gente
que aspira “a ser como ellos”. ¿Y qué significa ser como ellos? Entre otras
cosas: situarse por encima de la ley. De la ley de los simples mortales tal
como emana de las instituciones que caracterizan los regímenes democráticos.
En
síntesis, todo ocurre, en Argentina, como si estuviéramos no ante un nuevo tipo
de gobierno sino ante un nuevo régimen político, en el que estos “elegidos” se
atribuyen la misión de restaurar una modalidad del derecho divino que nadie
estará en condiciones de cuestionar porque, abriendo grietas desde la misma
institucionalidad o, de ser necesario, violando la misma institucionalidad, no
solamente las críticas serán silenciadas sino que los cuerpos serán, de ahora
en más, reprimidos.
Ante
esta embestida absolutista de los poderosos de siempre una serie de debates se
están desarrollando. Más o menos organizados. Más o menos coordinados. En ese
malestar creciente, algunas voces hablan fuerte y claro. Raúl Zaffaroni, ex
juez de la Corte Suprema, señalaba hace unos días la necesidad de que el
Congreso se auto-convoque ante la masificación de Decretos de Necesidad y
Urgencia (DNU) que el nuevo gobierno ha adoptado en este periodo de
“vacaciones” que rige para (casi) todos. La periodista Sandra Russo (una de las
figuras claves del programa 678 que fue clausurado hace pocas semanas) se
refirió a la necesidad de conformar un “Frente anti-neoliberal”. Desde las
redes sociales algunos grupos han declarado la Emergencia Democrática en
Argentina. Una serie de movilizaciones se han desarrollado en distintas plazas
del país y en repudio al accionar del nuevo gobierno. En el día de mañana,
desde el espacio Carta Abierta, en Parque Centenario, se convoca a una asamblea
popular abierta en torno a estas tres temáticas: no a la entrega del país; en
defensa de lo conquistado por el pueblo argentino; en defensa de las libertades
públicas.
Me
permito señalar acá un artículo publicado en Página 12, el martes 19 de enero,
por el profesor Diego Tatián (Frente a la violencia) en el que afirma sin pelos
en la lengua:
“La
vertiginosa descarga de decretos antidemocráticos, antirrepublicanos e
inconstitucionales que la nueva ‘administración’ fue capaz de producir en tan
poco tiempo, constituyen el más formidable ataque institucional que un gobierno
electo le haya jamás perpetrado a la Argentina”.
Es
un artículo que recomiendo al lector. Entre otras cosas porque, al leerlo,
queda claro que frente a esta nueva forma de absolutismo de los poderosos, sólo
cabe estar absolutamente alertas, absolutamente lúcidos, absolutamente
conscientes, absolutamente movilizados, absolutamente decididos y absolutamente
apegados a los valores que nos distinguen por encima de nombres y agrupaciones.
Entre esos muchos valores, la idea del derecho a tener derechos.
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