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| En Venezuela se manifiestan contra proyecto de amnistía por parte de la derecha |
En
claves: ¿Leyes de Amnistía o de impunidad en América Latina?
Varios
dictadores de la región implementaron estos instrumentos legales para
garantizar que los crímenes cometidos durante sus períodos de Gobierno quedaran
en el olvido
En TeleSurTV
–Public. 11/3/16
Las leyes de
amnistía han sido implementadas en América Latina, en su mayoría, durante
dictaduras o Gobiernos que buscan ocultar y dejar sin justicia los crímenes
contra los Derechos Humanos ocurridos en sus gestiones.
A
los responsables de masacres, torturas, homicidios y desaparecidos estos
instrumentos legales les han garantizado el amparo y dejan de lado a las
víctimas.
Por
eso siempre se ha recurrido a instancias internacionales como las Naciones
Unidas para solicitar su derogatoria. Algunas han sido calificadas como leyes
del olvido y otras como leyes de autoamnistía.
Mientras
movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos internacionales se
movilizan desde hace décadas para exigir la anulación de estos instrumentos en
países de la región, la derecha venezolana promueve, gracias a su victoria
circunstancial en el Parlamento, la llamada “Ley de Amnistía y Reconciliación”
cuyo único objetivo es perdonar y dejar en libertad a quienes han cometido
crímenes contra el pueblo.
1.
Chile:
La Ley de Amnistía la usó Augusto Pinochet para proteger a los autores de los
abusos cometidos durante los años que duró su dictadura. Esos hechos implicaron
el homicidio o desaparición de más de 3 mil personas y la detención arbitraria
y tortura a más de 38 mil ciudadanos.
El
decreto se aprobó en 1978 y protegió del procesamiento judicial a los
responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y
1990. Por esta razón fue denunciado por los organismos de derechos humanos
reiteradamente.
A
pesar de la vigencia de la norma, desde que se detuvo a Pinochet en 1998 los
jueces de Chile optaron por no aplicar la ley porque contravenía al Derecho
Internacional. Incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al
país su derogatoria.
Desde
su campaña a la presidencia de Chile, la mandataria Michelle Bachelet resaltó
la necesidad de derogar la medida y en 2014 pidió al legislativo discutir una
moción parlamentaria que llevaba años estancada.
2.
Argentina:
En 1983 fue promulgada la llamada Ley de Pacificación Nacional, que muchos
calificaron como ley de autoamnistía. Contemplaba beneficios para autores,
partícipes, instigadores, cómplices o encubridores de diversos abusos ocurridos
durante la dictadura cívico militar y extinguía las acciones penales de los
delitos cometidos desde mayo de 1973 hasta junio de 1982.
Cuando
llegó a la presidencia Raúl Alfonsín derogó la medida. Sin embargo, en
diciembre de 1986 promulgó la Ley de Punto Final que paralizó los procesos
judiciales contra los represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad
durante la dictadura. Luego, el 4 de junio de 1987 aprobó la Ley de Obediencia
Debida en la que se apeló a la figura que le da nombre a la ley (obediencia
debida) para establecer, sin admitir pruebas que demostraran lo contrario, que
los oficiales subordinados actuaron obedeciendo órdenes de sus superiores.
Con
la llegada del presidente Néstor Kirchner se puso fin a la impunidad. En 2003
una diputada de Izquierda Unida presentó un proyecto de sanción a esos
instrumentos. El mismo fue apoyado por el presidente y sancionado por la Cámara
de Diputados. En agosto de ese mismo año, el Senado la convirtió en Ley
anulando así las otras dos. Kirchner promulgó la Ley 25.779 en septiembre de
ese año y la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes derogadas el 14
de junio de 2005.
Esta
decisión permitió que los represores y militares pudieran ser juzgados
nuevamente.
3.
Uruguay:
En este país recibió el nombre de Ley de Caducidad y también tuvo como finalidad
proteger a los militares y policías que cometieron crímenes durante la
dictadura que se implementó desde 1973 hasta 1985.
Fue
aprobada en 1986 y anulada en 2011 por el Parlamento. Dos años antes los jefes
de Estado que estuvieron al mando del país iniciaron procesos legales y se
lograron condenas para algunos responsables, incluyendo al exdictador Juan
María Bordaberry.
5. Brasil: En 1979 el
gobierno militar de Brasil usó la Ley de Amnistía para dar libertad a los
llamados presos políticos y dio paso al retorno de muchos exiliados. Además,
dejó libre de investigaciones y de juicios a los militares que tuvieron
responsabilidad en diversos crímenes.
Según
datos publicados por la BBC unas 400 personas murieron o fueron desaparecidas
durante el régimen militar en Brasil.
Esta
también fue catalogada como una autoamnistía. La presidenta Dilma Rouseff creó
en 2011 la Comisión de la Verdad para que iniciara las investigaciones y
entrevistas a víctimas y represores.
6. El
Salvador:
En diversas atrocidades que se cometieron en El Salvador como las masacres de
El Mozote y la de Río Sumpul se registraron crímenes de lesa humanidad. Los
cuerpos de seguridad acabaron con la vida de civiles y la Ley de Amnistía,
promulgada en 1993 por el entonces presidente Alfredo Cristiani, abrió el
camino para la impunidad al bloquear las investigaciones sobre esos abusos
cometidos durante la guerra civil que sucedió entre 1980 y 1992.
Uno
de los sucesos ocurridos en ese período fue de los seis jesuitas, cinco de
nacionalidad española, que fueron asesinados por militares de ese país. Aquí
tuvo que intervenir el juez de la Audiencia Nacional español, Eloy Velasco,
quien reiteró el 5 de enero de este año la orden de detención por delitos de
asesinato terrorista y lesa humanidad contra 17 militares para poder pedir su
extradición a España. En febrero de 2016 se inició el operativo para dar con
los responsables.
Colectivo Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Marzo 11 de 2016
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