“Dirigentes
de Alsacia Express enfrentan juicio por Ley de Seguridad del Estado”
El
jueves 22 de septiembre se realizará la audiencia de juicio oral contra los 12
dirigentes de la operadora del Transantiago que el año pasado bloquearon las
vías del Metro. Mientras, se mantienen las precarias condiciones laborales y
las prácticas antisindicales
En Radio U. de Chile –public. 18/9/16
En Radio U. de Chile –public. 18/9/16
Lejos
están las condiciones ideales de trabajo que se prometieron a los operadores
del Transantiago. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, administración en la
que se comenzó a diseñar el plan de transportes para la capital, se subrayaba
que los choferes tendrían sueldos fijos, uniforme, no habría trato directo con
los pasajeros producto de un sistema automatizado de pago y otra serie de
garantías.
La realidad, sin embargo, dista de esos
compromisos.
Por ello los trabajadores de Alsacia
Express iniciaron en 2015 una movilización en la que incluso un grupo de
dirigentes bajó a las vías del Metro en horario punta durante la mañana, todo
para reclamar una solución a sus demandas de mejoras laborales.
Pero los problemas continúan hoy. Claudio
González, miembro del sindicato Halcones de Pudahuel, relata que a pesar de
tener funciones de tiempo parcial, sus jornadas se extienden más allá de las
ocho horas legales, sin que se les reconozcan horas extras. Incluso denuncia
que en las planillas de los choferes se anotan horarios ficticios para no
otorgar beneficios.
Con la hoja de sus horarios en la mano
demuestra que su ingreso un día sábado fue a las 18 horas y la salida, que se
concretó a las 2 de la madrugada, es anotada a las 26 horas, situación que
altera todo el procedimiento para exigir se compense el tiempo efectivamente
trabajado. El trabajador explica que “descaradamente no le pone a las 2 de la
mañana, sino que le pone a las 25, a las 26 horas. Con esto se quiere evitar
pagarme un día compensatorio. Porque si yo entro a trabajar un día sábado y
termino de trabajar un día domingo y más encima tengo que volver ese mismo día
a trabajar, eso no corresponde. Y se ha denunciado a la Dirección del Trabajo y
no hemos tenido respuestas positivas”.
En la Dirección del Trabajo, la respuesta
es que no se han podido constatar los hechos y que no hay forma de ingresar el
reclamo, puntualiza el funcionario, quien además reclama que si bien en algunas
ocasiones se aplican multas, Alsacia Express tiene un récord de no pago de las
sanciones que asciende al 90 por ciento de los casos.
Además, cuestiona que en caso de pedir a
Carabineros que se fiscalice el mal estado de los buses para sacarlos de
circulación, los uniformados cursan infracciones de hasta 3 UTM, lo que a
juicio de González busca inhibirlos de hacer las denuncias porque la multa es
de responsabilidad de los operadores que, en el mejor de los casos, tienen
ingresos que no superan los 500 mil pesos mensuales.
Negociación
muda
En medio de las movilizaciones del año
pasado, los trabajadores fueron convocados a la oficina del director regional
del Trabajo. El llamado fue acompañado
de un ultimátum: los dirigentes no podrían exigir nada más a los ejecutivos de
la empresa, sólo tenían que firmar el acuerdo.
Por eso llegaron hasta las dependencias del
edificio público con un parche en la boca, como una forma de protestar por
impedirles plantear sus exigencias.
Luis Salinas, presidente del sindicato
Halcones de Pudahuel, afirma que la exigencia de la empresa molestó a los
dirigentes, mientras las autoridades de Gobierno sólo actuaron como testigos de
la firma del documento sin siquiera cuestionar la situación que estaba
ocurriendo.
Salinas explica que “no conseguimos el
objetivo principal para los trabajadores y además se nos presionó, porque no
podíamos opinar nada más, llegar y firmar callados”. Respecto de los alcances
del acuerdo, el dirigente plantea que “fue un beneficio más para los
empresarios”.
El representante sostiene que la compañía
comete reiteradas prácticas antisindicales que son obviadas por las autoridades,
a pesar que también fueron denunciadas en la comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados durante el debate de la Reforma Laboral.
“Cualquier dirigente que se atreve a
denunciar a la empresa, somos atacados tanto económicamente como tratando de
quitarnos el desafuero para echarnos. A nosotros no se nos deja trabajar en paz
y se nos cometen todos los meses prácticas antisindicales. De hecho a mí en
estos últimos dos, tres meses se me han descontado dineros que no se me
debiesen descontar. Nosotros esto lo denunciamos ante la Inspección (del
Trabajo), lo hemos denunciado ante la comisión de la Cámara durante el trámite
de la reforma laboral y aquí nadie hace nada”, reclamó Salinas.
Ley de
Seguridad del Estado
El jueves 22 a las 9 de la mañana los
dirigentes que bajaron a las vías del Metro el año pasado deberán asistir a la
audiencia de preparación del juicio oral por la que están formalizados, en la
que las autoridades esperan que se les aplique la Ley de Seguridad del Estado.
En este caso la Intendencia Metropolitana es querellante en contra de los
trabajadores
Para el abogado defensor de los empleados,
Rodrigo Román, en este caso hay un “derroche, un exceso de derecho penal”.
“El Ministerio Público se está viendo
nuevamente arrastrado por el poder político y por esta política criminal que
existe en Chile. Por lejos estaríamos en presencia de un delito contenido en
esta ley penal especial que es la Ley de Seguridad del Estado”, precisa el
jurista.
Si bien Román reconoce que nadie tiene
derecho a afectar los derechos de terceros, “hay que tener en consideración que
cuando hay colisión de derechos se tienen que ponderar éstos prudencialmente,
razonablemente. Porque aquí en ningún caso los trabajadores tenían la intención
positiva de causar ni el malestar a la población ni causar daño. Lo que ellos
en su fuero interno buscaban era exteriorizar su desesperación, a propósito de
encontrarse en precarias condiciones laborales y valerse entonces de la
protesta social que es un derecho legítimo que tienen las personas de ejercitar
su derecho a la libertad de expresión”.
Mientras,
se mantienen las extensas jornadas laborales, además de las precarias
condiciones de seguridad no sólo para los trabajadores sino también para los
cientos de miles de personas que ocupan un servicio que aún no cumple con los
estándares comprometidos cuando fue diseñado en el Gobierno de Ricardo Lagos,
situaciones que hasta aquí no son fiscalizadas como se espera de las
autoridades del Ministerio del Trabajo y de Transportes.
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