QUIEREN APLICAR LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO A DIRIGENTES DEL TRANSANTIAGO

“Dirigentes de Alsacia Express enfrentan juicio por Ley de Seguridad del Estado”

El jueves 22 de septiembre se realizará la audiencia de juicio oral contra los 12 dirigentes de la operadora del Transantiago que el año pasado bloquearon las vías del Metro. Mientras, se mantienen las precarias condiciones laborales y las prácticas antisindicales

En Radio U. de Chile –public. 18/9/16

Lejos están las condiciones ideales de trabajo que se prometieron a los operadores del Transantiago. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, administración en la que se comenzó a diseñar el plan de transportes para la capital, se subrayaba que los choferes tendrían sueldos fijos, uniforme, no habría trato directo con los pasajeros producto de un sistema automatizado de pago y otra serie de garantías.

La realidad, sin embargo, dista de esos compromisos.

Por ello los trabajadores de Alsacia Express iniciaron en 2015 una movilización en la que incluso un grupo de dirigentes bajó a las vías del Metro en horario punta durante la mañana, todo para reclamar una solución a sus demandas de mejoras laborales.

Pero los problemas continúan hoy. Claudio González, miembro del sindicato Halcones de Pudahuel, relata que a pesar de tener funciones de tiempo parcial, sus jornadas se extienden más allá de las ocho horas legales, sin que se les reconozcan horas extras. Incluso denuncia que en las planillas de los choferes se anotan horarios ficticios para no otorgar beneficios.

CHOFERES DEL TRANSANTIAGO DICEN ¡BASTA! Y VAN A PARO

Nada menos que 10 mil trabajadores el Transardina paralizarán éste martes 28. Les complica la difícil situación del penca sistema de transporte público santiaguino y la consiguiente precariedad laboral

Cerca de 10 mil son los trabajadores que se plegarán al paro de choferes capitalinos de éste martes 28 de junio. La paralización, que implicará 6 mil máquinas, tiene sus principales motivaciones en el nulo acuerdo frente a sus demandas salariales y la inestabilidad laboral. Ambas situaciones se relacionan con la compleja situación financiera que atraviesa, en general, el sistema de transporte público de Santiago y en especial la asfixiante situación de las empresas Alsacia y Subus, dos de los principales operadores del Transantiago.

Así lo anunciaron dirigentes del gremio autobusero, quienes mediante un comunicado informaron de las aristas de la crisis que embarga al transporte concesionado metropolitano. De hecho, la empresa Subus se acogió a la ley de quiebras, en tanto que Alsacia debía cancelar el pasado miércoles 22 la 4ª cuota -por un valor de US$ 9.350.000- de 10 que adeuda a los tenedores de bonos norteamericanos, quienes le permitieron repactar una millonaria deuda en 2014, pero no pudo debido a la falta de recursos económicos. El panorama se complica, puesto que las licitaciones terminan en 2018 y a dos años de ello ya el sistema concesionado se encuentra desfinanciado.   

Los trabajadores de la empresa Alsacia se encuentran entre los más preocupados por el futuro de su fuente laboral, ante la probabilidad que la crisis de su empleador se agudice. El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la misma, Rodolfo Cid, señaló que entre 7 a 10 mil choferes se adherirán al paro. Cid llamó la atención sobre la colusión entre las concesionarias para vulnerar los derechos de los trabajadores.  Además, el dirigente pide que el Estado se haga cargo del transporte ‘público’ y anunció que para el 28 de junio están convocados a paralizar choferes de otras concesionarias.

PENTA, WAGNER Y CIA., SQM, CASCADAS Y OTRAS EMPRESAS RATERAS

En estos tiempos de dominio sin contrapeso del capital monopólico sobre lo económico, sobre la existencia social y la vida de cada uno de nosotros, no resulta extraño que ello también se exprese en la dirección del aparataje superestructural. Cuando se trata de mantener la riqueza y las prebendas, a nuestra clase dominante ya no le importa ni esa democracia que dice reverenciar o su misma legalidad y tiene que comprar, así como en la antigua y farisaica república romana, el poder que la represente mejor en la arena de la política.

El pasado 20 de noviembre, María Carolina de la Cerda, cuñada del tristemente célebre Pablo Wagner, reconoció ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que emitió boletas ideológicamente falsas para justificar los pagos que les habían hecho distintas compañías del grupo Penta,[1] el holding del “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín,  a una sociedad que administraba un ‘kiosko’ de merchandising dentro de la UDD donde ella oficiaba de contadora, y cuyos socios eran Wagner, Ernesto Silva (presi de la UDI y sobrino del “choclo”), Vasco Moulián y William Díaz (ex vicepresidente de ENAMI).[2] El monto, de acuerdo a la querella interpuesta por el SII en contra de Wagner y de la Cerda el pasado 9 de enero,[3] habla de un total oficial de $120 millones en más de 50 boletas. Acerca del cómo se establecía el contacto para que los documentos siguieran su camino contable, de la Cerda reveló: “Yo le enviaba por correo electrónico las boletas a Pablo y desconozco si era él quien enviaba posteriormente las boletas a Penta. Yo solamente recibía la devolución de impuestos en base a las boletas de honorarios, con la cual me quedaba íntegramente. A su pregunta, yo no tenía ningún contacto con nadie de las empresas del grupo Penta, aunque yo sabía que Pablo había trabajado allí”.

Del lado de Penta, la cosa sucedía así: Juan Armijo, el tesorero de las Empresas Penta, reveló que para pagarle a Wagner lo hacía a través del ex director del grupo, Hugo Bravo. “Recuerdo que Hugo Bravo me comenzó a entregar una boleta manual a nombre de María Carolina de la Cerda Íñiguez. Según recuerdo por montos que me parece que comenzaron con 3 millones y luego creo que subieron a 4 millones, que se pagaban mensual o bimensualmente”, dijo Armijo y con sus dichos da a entender que sí les era conocida la sra de la Cerda. Básicamente, dichas platas comenzaron a pagarse cuando Wagner asumió en 2010 como subsecretario de Minería. La tesis del fiscal Carlos Gajardo -por eso busca formalizarlo por cohecho y blanqueo de capitales- es porque detrás de las coimas está el “choclo”, en momentos que se desarrollaba su proyecto minero Dominga.[4] Es por todos estos ilícitos, corrupción, fraude tributario y lavado de dinero, por los que la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente formalizó el 9 de enero a los dueños del grupo Penta,[5] Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y al ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, específicamente este último por cohecho y lavado de dinero.

Según el ex director de Penta Hugo Bravo, cuando asumió en la secretaría de Estado, Wagner habló personalmente con Délano para pedirle la plata y las boletas las entregaba su cuñada. “El pago -dijo Bravo- no tenía justificación, salvo que fuera para ayudar con el proyecto como subsecretario. De hecho dejó de ser subsecretario y no hubo más dinero que se le pagara a Wagner. Le pregunté a Carlos Eugenio Lavín que hacíamos y si les seguíamos pagando y él me dijo que dejara de pagarle”, insistió Bravo.

Hay que recordar que Wagner también es investigado por falsificación de documento público y cohecho, por el fiscal Centro Norte, José Morales, en el marco de la fallida licitación del litio de 2012. En la oportunidad, la ganó Soquimich (SQM) por US$40,1 millones, pese a que no cumplía con lo requerido por la autoridad. Este hecho derivó en la renuncia de Wagner y la jefa jurídica del Ministerio de Minería, Jimena Bronfman. Esta última será formalizada por falsificación de instrumento público. Respecto de Wagner, aún el fiscal no ha tomado una decisión. Otro sí, corresponde a la querella del SII del 9 de enero y de la cual surgió la orden de citar al representante legal de SQM, como también la entrega de la información contable a la fiscalía.