“Mañana martes 13 de septiembre (*) se
discutirá en el parlamento chileno un proyecto de ley que busca hacer pública
la lista de personas sancionadas por no pagar el transporte público. La
aprobación de esta medida demostraría fallas, no solo en el sistema de
transporte, sino en el equilibrio frente al respeto de los derechos ciudadanos”
Por Paula Jaramillo
En Derechos Digitales –public. 12/9/16
A mediados de 2015, el gobierno chileno
ingresó al Senado un proyecto para modificar la Ley de tránsito, con el
fin de reducir la creciente evasión en el pago del transporte público, que
amenaza con convertirse en un serio problema, no solo para la autoridad sino
también para los usuarios, que deben enfrentar las sucesivas alzas en las
tarifas por dicho motivo. Una de las medidas contenidas en el proyecto es la creación de un registro
público de evasores del Transantiago, a cargo del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y al que tendrían acceso las personas naturales.
Se trata de una medida altamente controversial: más allá de los motivos
que alguien pudiese esgrimir para evadir el pago del transporte, crear un
registro público implica un tratamiento de datos personales altamente gravoso,
cuyos potenciales efectos pueden ser muy nocivos. En un país como Chile, donde
el estándar de protección de datos personales es reconocidamente débil, una
medida de registro como esta puede ser utilizada para un amplio rango de
discriminaciones, partiendo con el acceso al mercado laboral y financiero.
En ese sentido, ninguna medida que se implemente para proteger el
registro de infractores y sus sanciones resulta suficiente para asegurar que no
se creen, a partir de este, bases de datos paralelas. Es preciso tener en cuenta
que mientras exista un registro de carácter público regido por la actual Ley de
datos, será considerado una “fuente accesible al público”, un concepto legal
que en Chile abre un flanco prácticamente incontrolable al uso de datos
personales y que da la posibilidad a que cualquier interesado recolecte esa
información, sin el consentimiento de su titular.
Así, de aprobarse el
proyecto, es claro que dichas bases paralelas van a surgir y serán difícilmente
fiscalizadas, en perjuicio directo de los titulares de datos, quienes
difícilmente podrán salir de todas ellas, aun cumpliendo las sanciones a las
que han sido sometidos.
Por otra parte, sin profundizar en los aspectos socioeconómicos del
transporte público, es importante señalar que el de la ciudad de Santiago es
uno de los más caros de Latinoamérica y quienes más lo utilizan pertenecen a
los sectores económicos de ingresos medios y bajos, en una ciudad que es muy
populosa, pero también muy segregada y desigual. Esto supone que quienes
reciben menos remuneración deben destinar una parte importante de sus ingresos
para financiar su traslado por la capital, en un servicio cuya calidad ha sido
controvertida desde los inicios del sistema.
En teoría, esta es una de las razones por las cuales la evasión sigue al alza.
Y de ser ella efectiva, la implementación de un registro de evasores daría
lugar a la creación de un verdadero y discriminatorio “Dicom de los pobres”, en
alusión al boletín electrónico que da cuenta de la información comercial de los
chilenos, de uso bastante extendido en nuestros días.
Finalmente, es necesario decir algo acerca de la manifiesta
desproporcionalidad de esta medida, en relación con su objetivo. El valor de un
pasaje en el transporte público, hoy en día, se acerca a los $700 pesos chilenos,
equivalentes a algo más de un euro. Con esta medida, al evadir el pago de su
pasaje de bus, las personas se someten a que sus datos sean registrados en una
base de datos pública, lo que a su vez puede tener efectos en las posibilidades
de insertarse en el mercado laboral o en el acceso a créditos. Esto supone un
círculo vicioso que no tiende a solucionar los problemas sino a aumentar cada
vez más los costos de una infracción mínima.
Ciertamente, aunque es totalmente válido el interés por controlar la
evasión en el pago del transporte público, ¿este fin justifica la utilización
de cualquier medio? La respuesta es negativa. No puede aprobarse una medida
cuyo resultado puede ser la estigmatización, cuando ni siquiera se ha realizado
algún estudio sobre su potencial efectividad. Incluso en un mejor escenario
para la protección de datos, es inaceptable que la autoridad impulse una medida
discriminatoria de estas características.
*Efectivamente, el proyecto anti-evasores fue visto éste martes 13 en el senado (“Discusión particular en primer trámite
constitucional”), pero los politicastros no decidieron nada en concreto hasta
recibir un segundo informe de la comisión de transportes y telecomunicaciones.
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