“Vivos los queremos. DDHH y democracia en México”
En Celag
–public. 26/9/16
En septiembre de
2014, la noticia de la desaparición de 43 jóvenes normalistas en la ciudad de
Ayotzinapa (Estado de Guerrero) conmovió a la opinión pública internacional
porque puso en evidencia las falencias de un país carcomido por la violencia
institucional, la corrupción y la fragilidad democrática. Tras dos años de
«investigaciones» plagadas de irregularidades, el crimen continúa impune. Y no
solo eso, sino que existen indicios certeros denunciados por múltiples
organismos internacionales que analizan el caso -entre ellos el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)-, de que es el propio
gobierno mexicano el que obstaculiza las investigaciones. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el caso de los maestros
normalistas es «una muestra de las graves deficiencias que sufren
las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi
absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es
además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado
e integrantes del crimen organizado» [1]. El ex Secretario Ejecutivo de la CIDH,
Emilio Álvarez Icaza sostiene que el de Ayotzinapa fue un «crimen de
Estado» [2].
El
caso de los normalistas es paradigmático de la situación de los derechos
humanos en México. Desde el inicio de la «guerra contra el narcotráfico»
declarada por Felipe Calderón en 2006, el país vive un Estado de excepción
permanente [3] en el que no está garantizado el derecho
a preservar la vida, y mucho menos la libertad de expresión y oposición por
parte de la ciudadanía. La violencia militar y policial organizada desde el
Estado ha cobrado la vida de miles de personas poniendo al descubierto una
situación de extrema fragilidad democrática.
El
último informe de la CIDH registra violaciones flagrantes a los derechos
humanos que hacen de la democracia en México apenas un eufemismo.
Desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales; riesgo para
ejercer el periodismo; imposibilidad para acceder a la justicia por parte de
una gran mayoría de la población son los principales problemas que destaca el
organismo para dar cuenta de la dramática situación que vive el país en materia
de respeto a las libertades individuales y los derechos humanos. Según
datos oficiales, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 se
perpetraron en el país 102.696 homicidios. La cifra se eleva hasta 151.233 en
agosto de 2015, tal el reporte del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas. En cuanto a las desapariciones forzosas, el Estado mexicano contabiliza,
al 30 de septiembre de 2015, 26.798 personas «no localizadas» a nivel
nacional [4].
Ante
estas estremecedoras cifras, suena cínico interrogarse por la calidad de la
democracia en México. Y sin embargo, curiosamente -o no tanto-, el tema no
genera una indignación proporcional a su magnitud en la prensa hegemónica
internacional, donde el tratamiento de los casos como el de Ayotzinapa es
fundamentalmente sensacionalista y anecdótico, ni en la Secretaría General de
la Organización de Estados Americanos (OEA). Ello pone en evidencia la falsa
preocupación por los DDHH que estos actores esgrimen para abordar la situación
de otros países latinoamericanos. ¿Por qué no importa que México se desangre?
En
el marco de la hegemonía de la globalización del capital transnacional, la vara para medir la
democracia la ostentan quienes asumen que lo prioritario es garantizar el marco
jurídico para la imposición de las políticas económicas pro-gran capital. Dicho de
otro modo, en la concepción hegemónica, lo que verdaderamente determina la
existencia o no de «democracia» es la protección de las estructuras del
«mercado». Las garantías de los derechos individuales, y ni hablar de la
capacidad de influir de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos
públicos, no son -ni mucho menos- prioritarias. En definitiva, lo que explica
en buena parte que el país azteca no reciba los focos de atención crítica de
los grandes adalides de la democracia liberal es el estricto apego de su
gobierno al modo del capital financiero de organizar la economía y la sociedad. Los demás
son «daños colaterales» o sacrificios necesarios para resguardar el sistema.
[1] “Situación de los
Derechos Humanos en México”, informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH-OEA), diciembre de 2015. Disponible en
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
[2] “Ayotzinapa sí fue un
crimen de Estado: Álvarez Icaza”, Revista Proceso, 22 de septiembre de 2016.
http://www.proceso.com.mx/456267/ayotzinapa-fue-crimen-alvarez-icaza
[4] “Situación de los
Derechos Humanos en México”, informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH-OEA), diciembre de 2015. Disponible en
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
Colectivo Acción Directa Chile
-Equipo Internacional
Septiembre 26 de 2016
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