Así lo estableció,
a 2 días de conmemorarse 43 años del infausto Golpe de Estado, una jueza de
Santiago, quien condenó a 7 pacos retirados por el vil crimen de 15 campesinos en
los Hornos de Lonquén, en octubre de 1973 y luego los enterraron. Los restos
fueron descubiertos el “78, para después desaparecer
La ministra en visita extraordinaria para
causas por violaciones a los DD.HH de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela
Cifuentes Alarcón, condenó a 7 ex integrantes de carabineros de Chile por su
responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple
cometidos en contra de 15 personas de la zona de Isla de Maipo, hechos ocurrido
en octubre de 1973 y cuyos restos fueron encontrados en 1978 en unos hornos en
la vecina localidad de Lonquén, ambas al sur de la Región Metropolitana.
En
su resolución, rol N° 7-2005 “Episodio Lonquén”, del pasado viernes 9, la ministra Cifuentes
condenó como autor de los delitos de secuestro calificado de 15 personas
a Marcelo (Lautaro) Iván Castro Mendoza a la pena de 20 años de presidio;
mientras que, por el mismo delito, condenó a David Coliqueo Fuentealba, Justo
Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González y Juan
José Villegas Navarro, a la pena de 15 años de presidio. Además, Pablo Ñancupil
Raguileo fue condenado a 15 penas de 60 días de presidio como autor de
secuestro simple; es decir, algo más de 2 años y medio.
La
investigación de la magistrada estableció:
"1.
Que el día 7 de octubre de 1973, en circunstancias que los jóvenes Miguel Ángel
Arturo Brant Bustamante, José Manuel Herrera Villegas, Manuel Jesús Navarro
Salinas e Iván Gerardo Ordóñez Lama, se encontraban en la plaza de Isla de
Maipo, fueron detenidos sin derecho por funcionarios de carabineros y,
posteriormente, trasladados a la Tenencia de Isla de Maipo.
2.-Que
ese mismo día, después de las 22:00 horas, funcionarios de carabineros de la
Tenencia de Isla de Maipo llegaron hasta la casa de Sergio Adrián Maureira
Lillo, al interior del fundo Naguayán, lo detuvieron sin derecho y lo subieron
a una camioneta.
3.-Que,
momentos después, los mismos funcionarios de carabineros de la Tenencia de Isla
de Maipo se dirigieron al inmueble de calle La Ballica N° 12, también al
interior del fundo Naguayán, lugar en que detuvieron, sin derecho, a Carlos
Segundo Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Oscar Nibaldo Hernández
Flores e Ignacio del Carmen Vergara Guajardo, a quienes subieron a la citada
camioneta.
4.-Que,
luego, los funcionarios policiales se dirigieron hacia los inmuebles de los
hermanos Rodolfo Antonio Maureira Muñoz y Sergio Miguel Maureira Muñoz y los
detuvieron, sin derecho, en presencia de sus respectivas cónyuges Elicea del
Carmen Navarrete Sepúlveda e Hilda María Sepúlveda Garrido, trasladándolos en
el referido vehículo a la Tenencia de Isla de Maipo.
5.-Que,
media hora después, los mismos funcionarios policiales regresaron a la casa de
la familia Maureira en el fundo Naguayán y detuvieron, sin derecho, a José
Manuel Maureira Muñoz y Segundo Armando Maureira Muñoz, a quienes trasladaron a
la Tenencia de Isla de Maipo.
6.-Que,
esa misma noche, funcionarios de carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo
detuvieron sin derecho a Enrique Astudillo Álvarez y a sus hijos Omar Astudillo
Rojas y Ramón Astudillo Rojas, en su casa, al interior del fundo Naguayán.
7.-Que,
una vez en la unidad policial, los detenidos fueron mantenidos encerrados,
interrogados y sometidos a apremios físicos.
8.-Que,
en horas de la madrugada, Enrique René Astudillo Álvarez, Omar Enrique
Astudillo Rojas, Ramón Osvaldo Astudillo Rojas, Miguel Ángel Arturo Brant
Bustamante, Carlos Segundo Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Oscar
Nibaldo Hernández Flores, José Manuel Herrera Villegas, Sergio Adrián Maureira
Lillo, José Manuel Maureira Muñoz, Rodolfo Antonio Maureira Muñoz, Segundo
Armando Maureira Muñoz, Sergio Miguel Maureira Muñoz, Manuel Jesús Navarro
Salinas e Iván Gerardo Ordóñez Lama fueron atados de manos, sacados de la
unidad policial en un camión y llevados hasta la localidad de Lonquén, a unos
metros de unos hornos de cal, lugar en que un piquete de funcionarios de
carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, al mando del teniente Lautaro
Castro Mendoza, les disparó, causándoles la muerte, para luego arrojar sus
cuerpos al interior de los hornos con el fin de ocultarlos".
Un
descubrimiento estremecedor
"Trozos
de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros;
ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre".
(Palabras
del subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez, al describir los restos humanos encontrados en los hornos de
Lonquén, 30 de noviembre, 1978, Memoria Prohibida)
Era
lo que quedaba de 15 hombres detenidos en distintas circunstancias el 7 de
octubre de 1973 en la comunidad rural de Isla de Maipo, cuyos rastros se
perdieron hasta fines de 1978, cuando se descubrieron los hornos de Lonquén.
Este
hallazgo, que estremeció la opinión pública, marcó un doloroso hito para los
familiares de los centenares de detenidos - desaparecidos, víctimas del régimen
militar: confirmó la terrible sospecha de que sus parientes estaban
definitivamente muertos. El régimen ya no podía continuar aseverando que - tal
como lo dijo el 7 de noviembre de 1975, el delegado de Chile ante las Naciones
Unidas Sergio Diez en la Tercera Comisión de la Asamblea General de aquel
organismo - "muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia
legal."
Sergio
Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo
Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson;
Enrique Astudillo Alvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes
Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro fueron detenidos en
Octubre de 1973 por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, a cargo en ese
entonces, del teniente Lautaro Castro Mendoza. Ahí, en la Tenencia, fue la
última vez que se vio con vida a los quince hombres, cuyas edades fluctuaban
entre los 17 y 51 años.
Los
familiares, quienes realizaron innumerables gestiones de búsqueda sin obtener
resultados, sólo supieron de la suerte que corrieron sus seres queridos en
1978, cuando los restos de los quince hombres fueron hallados en los hornos de
las abandonadas minas de cal en Lonquén.
Primera
Comisión a Lonquén
El
30 de noviembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la
dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una Comisión encargada de
verificar las declaraciones hechas por un anciano, quien aseveraba haber
encontrado numerosas osamentas humanas en las minas abandonadas de Lonquén.
Ese
día partió rumbo a Lonquén la comisión integrada por Enrique Alvear, el obispo
auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de
la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado
Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el
subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.
Los
hornos, ubicados al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos
14 kilómetros de la ciudad de Talagante, eran dos viejas chimeneas de nueve
metros de altura previamente utilizadas para la preparación de cal.
"Llegados
allí, el abogado González removió los escombros y se introdujo por la bóveda.
Comenzó a despejar el camino hacia arriba, partiendo de la base del horno a
nivel de la tierra, y un tórax humano le cayó encima. Poco a poco fueron viendo
que la chimenea del horno estaba tapada por un amasijo de fierros y enrejados
que ocultaban una mezcla de huesos, ropa, cal y piedras." (La Memoria Prohibida)
La
comisión regresó a Santiago y al día siguiente, el primero de diciembre,
presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. El presidente de la Corte,
Israel Bórquez, encargó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, a que
confirmara el hallazgo e investigara el caso. Godoy convocó a Investigaciones y
antes de que estos llegaran al sitio partió rumbo a Lonquén con un grupo de la
Vicaría encabezado por el sacerdote Gonzalo Aguirre, y el cual además incluía
al fotógrafo Luis Navarro. La Vicaría, mientras tanto, había contratado una
empresa constructora para que iniciara las excavaciones, y dentro de tres días
el doloroso trabajo estaba listo y los restos de los quince cuerpos habían sido
sacados de su lugar de entierro.
Falsos
testimonios
Los
análisis del Instituto Médico Legal confirmaron que los restos humanos
correspondían a las familias de los desaparecidos de la comunidad rural de Isla
de Maipo. El 6 de diciembre de 1978 el Pleno de la Corte Suprema designó
Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago, don Adolfo Bañados Cuadra, encargándolo de proseguir la investigación
del hallazgo de Lonquén.
La
investigación de Bañados estableció que los quince hombres que hasta ese
entonces habían engrosado la lista de desaparecidos, fueron efectivamente
detenidos el 7 de octubre de 1973 por carabineros de la Tenencia de Isla de
Maipo.
El
Ministro además estableció la falsedad de las versiones de los ocho
funcionarios implicados en las 15 muertes, quienes declararon que las víctimas
murieron en confusos enfrentamientos nocturnos. Al comparecer ante el juez
Bañados, el Capitán de Carabineros, Lautaro Eugenio Castro Mendoza, declaró que
los quince hombres fueron llevados a Lonquén después de ser detenidos dado que
uno de ellos le informó de la existencia de armas ocultas en las abandonadas
minas.
Castro
agrega que al llegar a los hornos de Lonquén, fueron atacados repentinamente
con armas de fuego desde los cerros durante unos quince minutos, durante cual
ellos respondieron de la misma forma, disparando. Según la versión de Castro al
finalizar el tiroteo, él y sus colegas se dieron cuenta que los 15 detenidos
habían muerto, a pesar de que todos los carabineros resultaron totalmente
ilesos.
"Una
señorita me preguntó qué ropas llevaban cuando fueron detenidos... me hicieron
pasar... yo me sentía bien, pero el olor...”.
El
4 de abril de 1979 Bañados se declaró incompetente y el proceso pasó a la
justicia militar. Sin embargo, el ministro en visita había llegado a
importantes conclusiones. La investigación de Bañados había establecido que las
víctimas no murieron durante un enfrentamiento y que la versión del Capitán
Lautaro Castro era "intrínsecamente inverosímil". "En ninguno de
los quince restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal, se
comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que
pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo
vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras
causas," señaló la resolución del Ministro Bañados. De hecho, en la
opinión de algunos, no todas las víctimas fueron enterradas muertas en los
hornos.
Reos
Impunes
El
2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria de reo en contra el
Capitán Lautaro Castro Mendoza, y a los carabineros, Juan J. Villegas Navarro,
Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto R. Torres González, David
Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, todos en
calidad de autores del delito de la muerte de los quince detenidos el 7 de
octubre de 1973. Sin embargo, el 16 de agosto en virtud del Decreto Ley de
Amnistía de 1978, se sobreseyó definitivamente en favor de los reos. Esta
resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979. Nadie
ha contestado por el terrible crimen de Lonquén que como la Comisión de Abogados
por la democracia declaró en 1979, "afecta las bases morales de la
convivencia nacional."
Los
desaparecidos son individualizados
Una
vez terminada la investigación, los familiares de los quince pidieron que se
les entregaran los cuerpos para sepultarlos.
Sin
embargo, aunque el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos de
las víctimas a sus familias, los restos fueron sacados esa noche del Instituto
Médico Legal en forma subrepticia y fueron enterrados en una fosa común con el
fin de evitar cualquier tipo de demostración contra un régimen que en repetidas
ocasiones había declarado que los detenidos-desaparecidos eran un invento de la
izquierda. De hecho, seis meses antes del hallazgo de Lonquén, el ministro del
Interior, el civil Sergio Fernández, dijo, en respuesta a las presiones por
parte de familiares de detenidos - desaparecidos, "es muy factible que la
gran mayoría de los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o
haya caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban,
impidiendo su individualización." Lonquén, sin embargo, comprobó que al
contrario de lo que decían las altas cúpulas del régimen, los detenidos
desaparecidos no solamente tenían nombre y apellido, pero en este caso habían
muerto bajo circunstancias extrañas y sus cuerpos habían sido ocultados.
¿Recordando
el pasado?
En
marzo de 1980 el nuevo propietario del fundo Lonquén dinamitó los hornos,
cambiando para siempre el sitio que se había transformado en un lugar de
peregrinaje para los parientes y amigos de los quince muertos.
Fueron
muchos los esfuerzos por borrar a Lonquén del mapa de la memoria colectiva. Por
mucho tiempo fueron resistidos los cambios al sitio de memoria, reivindicando así
a las víctimas que ahí fueron encontradas. Pero…
En
1998, la propuesta de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, EMERES, de
instalar un basural en Lonquén, provocó la indignación y oposición de los
familiares de los muertos de Lonquén y de organismos de defensa de los DD.HH.
Purísima Muñoz, cuyo marido, Sergio Maureira Lillo, fue asesinado en Lonquén
junto a tres de sus hijos, señala que, "instalar un basural en Lonquén
sería como tirar basura en un lugar sagrado." Sin embargo, en 2001,
comenzó la presión de la empresa basurera y las autoridades de derecha y de la
Concertación por instalar el vertedero cerca del sitio de Memoria (declarado
así en 1996). Así, la Comisión Pro Memorial Víctimas de Lonquén manifestó por entonces su más profundo
rechazo a la posible instalación de un vertedero en las inmediaciones de los
"hornos de Lonquén", afirmando luego que, “sería impensable que
quienes hoy ejercen importantes cargos públicos en la Región Metropolitana y
que hace una veintena de años solidarizaron con los actos de denuncia sobre las
muertes que allí ocurrieron, contribuyan ahora, con su eventual aprobación al
mencionado proyecto de vertedero, a asociar para siempre la denominación
geográfica Lonquén -reconocida mundialmente como símbolo de lucha por el
respeto a los derechos humanos- con la basura que diariamente arrojan los habitantes
de la zona sur-poniente de Santiago". Pero así no más fue.
Ese
mismo 2001, la chileno-canadiense EMERES consiguió instalar su basural en Lonquén, pese a que en dos oportunidades
anteriores el proyecto fue rechazado por la CONAMA, apoyando ésta el clamor de los
vecinos.
“No
habrá piedra ni mar que los proteja ni guarida ni caverna perdonada”
(Canción de Karaxu)
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
Colectivo Acción Directa CAD –Chile
Septiembre 13 de 2016
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