“Acá los diputados de la Nueva Mayoría que
votaron junto con la UDI para mantener secreto de la Comisión Valech”
Seis diputados oficialistas rechazaron la
iniciativa, comprometida por la presidenta Bachelet ante la víctima del caso
Quemados, Carmen Gloria Quintana
En VCC
–public. 1/9/16
Hoy –jueves 1/9/16- en
la Cámara de Diputados correspondía votar el proyecto de ley que buscaba poner
fin a los 50 años de secreto que velan la información recabada por la Comisión
Valech. Este proyecto fue levantado el año 2015, luego de la reapertura
del llamado caso Quemados, donde se
investigan los responsables del rociamiento con bencina y posterior quema de
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, resultando éste último
fallecido.
Hace
un año Quintana, quien sobrevivió al ataque, tuvo un encuentro con la
presidenta Bachelet en donde esta se comprometió a revisar el secreto que
impide conocer la información que rodea a las ejecuciones, desapariciones y
torturas realizadas durante la dictadura.
La
iniciativa fue presentada por los diputados Karol Cariola, Camila Vallejo,
Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Guillermo Teillier, Sergio
Aguiló, Tucapel Jiménez, Felipe Letelier y Patricio Vallespín. Ya había sido
aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y buscaba
modificar la ley N°19.992, que establece que los antecedentes sobre
prisión política y tortura debían ser guardados en secreto hasta el año 2054.
Tras
ser rechazado de forma general, resulta imposible legislar en torno al tema en
el plazo de un año. Para su aprobación, eran necesarios 60 votos favorables,
pero solo 57 diputados se mostraron a favor.
Entre
los contrarios, se encuentran 6 diputados de la Nueva Mayoría:
- Juan Luis Castro
(PS)
- Marco Antonio
Núñez (PPD)
- Pepe Auth (
Independiente ex PPD)
- Guillermo
Ceroni (PPD)
- Marcelo
Schilling (PS)
- Joaquín Tuma
(PPD).
Por
otro lado Daniel Farcas (PPD), Ramón Farías (PPD) y Pablo Lorenzini (DC) se
abstuvieron [lo cual, nos parece, es otra forma de avalar una larga impunidad
para los criminales de lesa humanidad –nota del CAD]
Tras
la votación en la Sala, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) sostuvo “lo
vergonzoso es que ayer conmemoramos el Día Internacional de los Detenidos
Desaparecidos y, al día siguiente, esta Cámara de Diputados se manifiesta en
contra de permitir que se investiguen crímenes tan horrorosos como la tortura
en Chile. Yo entiendo que eso lo haya hecho la UDI y RN, lo que me parece
incomprensible es que militantes del Partido Socialista y del PPD hayan hecho
lo mismo”.
“Hoy
Camara Diputados se puso al margen del derecho y la jurisprudencia
internacional de los derechos humanos al mantener secreto 50 años. Mantener
secreto el testimonio de la víctima de tortura hace de un delito de lesa
humanidad uno de acción privada que no obliga al Estado”, declaró Hugo
Gutiérrez. Además, Gutiérrez dijo que “la UDI-RN amparen torturadores resulta
natural son amigos, sus familiares, sus militares, pero un PS o un PPD, es por
decir lo menos curioso.”
¿Por
qué tanto obstáculo para levantar el secreto? No hay listado de victimarios
El
relato, hasta ahora difundido por personeros políticos como el propio ex
presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, ha sido que la decisión se
tomó en consideración de las víctimas -que dieron testimonio en la Comisión
Valech- en particular el relato de una -no identificada- que según relata el ex
mandatario, “le pidió expresamente que se guardara reserva porque no quería
que sus nietos supieran lo que había sufrido, entre esos horrores, la violación”.
Ese testimonió habría motivado a Lagos a decretar el secreto de 50 años. En una entrevista con T13, Lagos aclara que “hay
una manera para las víctimas que quieran que se sepa, que vayan con el mismo
testimonio hasta la justicia y lo presenten”.
Una
oleada de críticas despertaron las declaraciones de Ricardo Lagos, tanto de
víctimas, organizaciones de DDHH, como de abogados que han estado vinculados a
casos de DDHH. El argumento no se justifica pues si una víctima quiere que se
mantenga en reserva su testimonio esto puede darse perfectamente. Otro dato,
que aporta un abogado de DDHH y que participó del proceso, es que “la
declaración de secreto fue posterior al levantamiento de testimonios, es decir,
más allá de los cuidados y tacto que se tuvo para con las víctimas durante el
proceso, jamás se dijo que los resultados de la comisión serían secretos, por
lo que muchos dieron sus testimonios buscando justicia, cuestión que una vez
terminado el proceso no obtuvieron decretándose el secreto por 50 años y
usándolos a ellos/as, las víctimas, como excusa para la medida”.
El “Pacto de silencio” institucional
El
problema es más de fondo y tiene que ver con el proceso y decisiones políticas
que se ocuparon durante el desarrollo de la Comisión Valech, misma que decretó
su secreto por 50 años. La comisión no solo tomó la declaración de quienes
llegaban a declarar como víctimas, sino que también revisó los asideros de la
misma concluyendo el estatus de víctima y la correspondiente reparación que
rige por ley.
Por
eso, más allá de los testimonios dados por las víctimas, siempre se ha esperado
que se libere el listado y los datos sistematizados de los victimarios… sin embargo
este no existe.
Cuando
ya finalizaba el trabajo de la Comisión Valech, el gobierno de Ricardo Lagos
coordinó reuniones con el alto mando del ejército. Las coordinaciones fueron
constantes a través del Ministerio de Defensa y de Interior, pero el rol activo,
por razones obvias, lo tuvo el de Defensa. Esto porque los resultados de la
Comisión despertaron gran preocupación en el alto mando por las implicancias y
aperturas de procesos -que podrían alcanzar a muchos militares activos- que
esto podría provocar, así se le hizo saber el propio comandante en jefe del
ejército Juan Emilio Cheyre al gobierno. En estas conversaciones participó la
en ese entonces Ministra de Defensa, Michelle Bachelet y esto ameritó
“decisiones de Estado”.
Un
testigo de esas reuniones y que pide reserva, señala que “se podía ver
cierta tensión, pero prontamente esta fue disipada por la receptividad que hubo
por parte del gobierno, así el gobierno le aseguraba al alto mando, que los
miedos que tenían eran injustificados, la comisión Valech saldría a la luz pero
esta no abriría procesos judiciales ni comenzaría una cacería de brujas“.
Esto
implicó una decisión delicada. Durante la recepción de testimonios estos eran
entregados para su clasificación y revisión para posteriormente ser ingresados
a la base de datos. Es en esta parte en donde se fueron eliminando los nombres
de los victimarios, torturadores y participantes identificados por las victimas
los que fueron literalmente censurados. Esto obedecía a una orden directa de La
Moneda. Así los testimonios quedaron tal como habían sido entregadas por las
miles de víctimas. Los datos respectivos fueron sistematizados, así ocurrió con
los Centros de Torturas y exterminio y la clasificación por años, edades y
sexo. Un completo informe sobre la historia de violencia política reciente
de nuestro país en donde se confirma que el Estado violó sistemáticamente
los Derechos Humanos, sin embargo con un espíritu muy alejado de justicia y que
cristalizó la impunidad.
Así,
terminado el proceso y entregado el Informe por la Comisión Valech a Ricardo
Lagos en La Moneda, este lo presentó públicamente y luego estableció el secreto
de confidencialidad por 50 años para la apertura de los informes completos.
Hoy
reflota la demanda por desclasificar los informes y avanzar en real justicia y
reparación como lo establecen el derecho internacional en esta materia y
acorde a los tratados adscritos y vigentes que mantiene el Estado de Chile y
por los cuales ha sido sancionado y cuestionado constantemente. Varias organizaciones
ligadas a los DDHH y a víctimas de la acciones del Estado, han venido pidiendo
el levantamiento del secreto, así lo ha hecho fuertemente la organización Londres 38, quien ha iniciado hace ya tiempo una campaña para terminar con
los archivos secretos.
Actualmente
la documentación del Informe Valech, con miles de documentos de miles de
víctimas, se encuentra en una bodega del Museo de la Memoria. La custodia de
este -legalmente- la tiene el Ministerio del Interior quien entregó al INDH la
responsabilidad, y esta instancia, por falta de espacio, se resolvió llevarlos
hasta el Museo de la Memoria en Quinta Normal.
El informe, hasta hoy reservado, que envió en Diciembre del 2014 el Programa deDerechos Humanos del Ministerio del Interior a La Moneda, para terminar con
el secreto de 50 años del Informe Valech
Desde
las organizaciones de DD.HH, señalaron su rechazo a proyecto que buscaba hacer
públicos testimonios de Comisión Valech: “es una infamia”, dijo la Presidenta
de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
“Es
absolutamente repudiable y una vergüenza. Por último, asuman su participación
con su voto para que se siga ocultando los nombres de muchos criminales y sus
cómplices que transitan libres por las calles”, dijo al respecto Lorena
Pizarro, dirigente de la AFDD.
Lorena
Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en conversación con The Clinic Online, fue categórica y calificó
el argumento de protección a las víctimas como una cobardía. “Es absolutamente
repudiable y una vergüenza. Por último, asuman su participación con su voto
para que se siga ocultando los nombres de muchos criminales y sus cómplices que
transitan libres por las calles”, dijo.
“Más
allá de las excusas de quienes se abstuvieron o votaron en contra y justifican
su actuar por redes sociales, es una gran mentira señalar, me parece que es
hasta una infamia, que se busca proteger el testimonio de las víctimas. El
proyecto no viola la identidad de las víctimas, si hay una sola persona que no
quiere que su nombre aparezca, tiene todo el derecho, pero eso no tiene ninguna
relación con que aquí se tenga que esconder el nombre de aquellos criminales que
tienen que responder por los delitos que cometieron”, dijo Pizarro sobre la
actuación de los parlamentarios oficialistas que votaron en contra.
Además
la dirigente se refirió a la votación en bloque de la derecha para rechazar el
proyecto: “Que la derecha en bloque vote en contra, los vuelve a poner una vez
más del lado de aquellos que siguen defendiendo el terrorismo de Estado y que
quieren la impunidad para los genocidas. A pocos día de una nueva conmemoración
del Golpe cívico-militar, la derecha de ayer no es distinta la de hoy, por lo
tanto, votaciones como esta demuestran la disposición de un número no menor de
ellos, a volver a actuar de la misma manera criminal”, acusó.
Los
diputados de la Nueva Mayoría que estaban a favor del proyecto, entre ellos
Tucapel Jiménez, insistieron en que mantener el secreto sobre las violaciones a
los derechos humanos va en contra de del derecho internacional, y lo estipulado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El Estado no puede amparar
mecanismos como el secretado de estado para dejar de aportar información a los
tribunales de justicia”, afirmó Jiménez.
Oficialismo
Los
argumentos entregados por los parlamentarios oficialistas para votar en contra
se centraron en la protección a las víctimas. Sin embargo, el proyecto
consideraba una indicación, para que aquellos que no quisieran que su
testimonio fuera público pudieran notificar al Instituto de Derechos Humanos en
un plazo de 90 días una vez aprobado el proyecto.
Pepe
Auth, quien lideró las gestiones entre el oficialismo para rechazar el
proyecto, durante su intervención en la Sala, explicó: “Con la mejor de las
intenciones, a mi juicio, estamos corriendo el riesgo de cometer un error de
proporciones. (…) Muchos de quienes decidieron contar su testimonio fue bajo el
compromiso que sería secreto, resulta que ahora este Parlamento hoy día va
incumplir su palabra y les va a decir que ese testimonio se va a hacer público.
No corresponde que el Parlamento cambie las reglas de juego”.
Los argumentos de
la derecha
En
tanto, en la oposición las intervenciones para explicar la votación en contra
del proyecto estuvieron a cargo de Jaime Bellolio y Diego Paulsen. Ambos
parlamentarios apelaron a la dignidad de las víctimas para oponerse.
El
diputado Bellolio, uno de los que ha sido critico de los vínculos de la UDI con
la dictadura, sostuvo: “Hagamos que los testimonios sean públicos, pero que las
personas expresamente así lo digan. La pregunta de fondo es cuál es el
mecanismo para hacerlos conocidos, ¿vale cualquier forma? (…) ¿Cuáles son los
estándares? Los que tienen que ver con las dignidad de las personas. Es falso
que queremos que haya un manto de impunidad, queremos que se conozca la verdad,
pero no puede hacerse de cualquier forma”.
“Yo
no voy a ser cómplice de aprobar un proyecto que va a generar una violación a
los derechos humanos de las personas porque pasa a llevar su dignidad. Llamo a
mi bancada a votar en contra. Estamos de acuerdo a llegar a la verdad pero no a
cualquier costo”, afirmó Paulsen, ocasionando la risa de los parlamentarios de
la Nueva Mayoría en la Sala.
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