“Derechos
Digitales presenta
Amistosa
Caja Anti Vigilancia”
En Derechos Digitales –public. 8/9/16
Con mucho orgullo y de manera oficial, Derechos Digitales
presenta hoy la Amistosa Caja Anti Vigilancia, un conjunto de herramientas y consejos prácticos que te
ayudarán a resguardar mejor tu información personal y la de otros. Pareciera
ser que hoy más que nunca es necesario proteger nuestros datos, pues siempre
hay alguien intentando acceder a ellos: empresas privadas, cibercriminales y el
mismo Estado.
En ese contexto, Amistosa busca introducir el debate,
principalmente, entre aquellos grupos más vulnerables, que manejan datos
sensibles o que nunca se han cuestionado la importancia de tomar ciertos
resguardos.
Junto con algunos consejos para hacer frente a amenazas
comunes, en Amistosa encontrarás un set de stickers cubre webcam, protectores
para tarjetas RFID y un protector USB para evitar que tus dispositivos
intercambien datos sin tu consentimiento.
En Derechos Digitales queremos que la Amistosa Caja Anti
Vigilancia llegue donde más se le necesita y para ello tenemos un número
limitado de cajas que nos gustaría distribuir, principalmente, a agrupaciones
interesadas en los temas de seguridad digital, anonimato y privacidad, ojalá en
el marco de alguna actividad abierta al público.
Así que si estás planeando alguna actividad con estas
características, visita https://derechosdigitales.org/amistosa/
donde encontrarás un formulario para solicitar cajas y más información sobre el
proyecto.
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“Hackers y Whistleblowers:
¿Cuáles son las
responsabilidades que conlleva una filtración?”
Cada cierto tiempo surgen nuevas noticias que dan cuenta de cómo hackers y
whistleblowers develan información de interés público, usualmente política.
Incluso en algunos países latinoamericanos se han creado plataformas que
permiten hacer denuncias anónimas, siguiendo la misma tendencia. Esta actividad
ha venido a suplir la falta de canales formales de acceso a la información
pública, pero pueden presentar algunos problemas
Hace pocos días, se supo de la filtración masiva de unos
20.000 mensajes de correo electrónico del Partido Demócrata, en el contexto de
la controvertida carrera presidencial que tiene lugar en Estados Unidos. La
filtración ocurrió en un momento clave: justo previo a la realización de la
convención del partido, en que Hillary Clinton ha sido ungida como la candidata
que hará frente a Donald Trump. Incluso se ha llegado a decir que Trump se
habría asociado con el Gobierno ruso para llevar a cabo la filtración y
perjudicar campaña demócrata, lo que por supuesto el implicado niega
tajantemente.
Más allá de las acusaciones, la filtración sirvió para
exponer ante los votantes las maquinaciones políticas en el partido de Clinton.
En los correos quedaba en evidencia cómo la presidenta de la Convención
Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, junto a otros funcionarios,
planearon la forma de perjudicar la campaña de Bernie Sanders para favorecer a
Clinton. Se logró comprobar así algunas de las denuncias de la campaña de
Sanders acerca de los obstáculos que la misma presidenta de la Convención había
puesto a su campaña durante las primarias. El escándalo ya le costó el puesto a
Wasserman Schultz, ante demandas de responsabilidad por una conducta
considerada inapropiada.
La opacidad con la que actúan quienes están llamados a
representarnos y la carencia de acceso suficiente a información que debiera ser
pública, ha motivado el actuar de organizaciones y hackers anónimos, como
aquellos que revelaron la información en casos como Hacking Team y los Panama
Papers, hace algún tiempo. Sin su participación, probablemente la opinión
pública jamás habría llegado a saber lo que estaba sucediendo en sus países,
frente a sus propios ojos. Sirven estos actos como una forma de desnudar al
poder y poner luz sobre la excesiva opacidad en que se desempeñan labores de interés
público, que pesa sobre el derecho fundamental de acceso a la información
pública, y en general, sobre la posibilidad de poder hacer un adecuado control
ciudadano del ejercicio de los poderes.
En este sentido, la actividad desarrollada por quienes
liberan la información constituye una forma de lograr transparencia de manera
forzada, fiscalizando paralelamente a quienes ejercen poder incluso donde la
ley no ha sido capaz de llegar. Desde esta perspectiva, se trata de una
actividad que beneficia y fortalece las democracias.
Sin embargo, desde la perspectiva opuesta, se trata de
actos que arriesgan seriamente a las personas cuyas comunicaciones salen a la
luz.
Por una parte, porque ponen de manifiesto la
vulnerabilidad de los sistemas frente a ataques informáticos de distinta
naturaleza, que culminan en accesos no autorizados a esas comunicaciones. No
todas las personas manejan el mismo nivel de influencia en las esferas de poder
políticos; pero sí están sujetas a la misma vulnerabilidad, o incluso mayor, si
sus sistemas de comunicación son los mismos.
Por otra parte, porque la privacidad se ve comprometida
con cada acto de publicación de mensajes que, en principio, entendemos como
comunicaciones privadas dignas de protección. El interés sobre el contenido de
esos correos, no puede hacernos olvidar la importancia del resguardo de los
derechos de quienes los intercambian. Esto es todavía más grave cuando, además
de haber una intrusión en mensajes de correo electrónico, existe publicación de
los mismos. Es decir, cuando quienes no son parte del poder ven expuesta al
público su información personal.
Sería ilusorio no reconocer que pueden existir riesgos
asociados y ejemplos recientes dan cuenta de ello. Así sucedió hace muy poco en
Turquía, país en que tras un intento de golpe de estado, se filtró una gran
cantidad de correos electrónicos, supuestamente provenientes del presidente en
ejercicio, Erdogan, en la que también se vio involucrada Wikileaks. El Gobierno
turco ha ordenado el bloqueo de redes sociales en varias ocasiones, provocando
un rechazo generalizado por parte de los defensores de las libertades en
internet. Sin embargo, la revisión posterior de la información liberada dio
cuenta de que, en realidad, no había información que emanara de Erdogan o de su
círculo cercano, y lo que es aún más grave, hizo públicos datos personales de
cientos de mujeres turcas que podrían ver seriamente afectada su seguridad
personal.
Esta acción ha levantado fuertes críticas contra
Wikileaks. Este escenario podría terminar restándole credibilidad a un
mecanismo de transparencia que ha probado ser muy útil en otros casos; e
incluso, en el largo plazo, justificando a los ojos del público el bloqueo de
sitios o apagones de internet, como parte de una estrategia de defensa de los
gobiernos, diluyendo así el objetivo inicialmente perseguido.
En síntesis, tanto el hackeo como la publicación de las
filtraciones son formas de participar del debate público que pueden significar
grandes beneficios, pero a la vez acarrean grandes riesgos. Es importante
terminar con la persecución de whistleblowers y darles protección legal, y a la
vez, participar del debate público y mantener prácticas responsables en la
publicación de filtraciones cuando pueda haber personas involucradas.
Una de las formas de responsabilidad es comprender el
contexto en que se producen esas filtraciones y trabajar con personas locales
para reducir riesgos asociados a la publicación de información. Son estas
mismas razones las que han llevado incluso a levantar plataformas digitales
para facilitar la denuncia de actos de corrupción, resguardando el anonimato y
protegiendo las comunicaciones mediante el uso de cifrado. Ejemplos notables en
Latinoamérica existen con Mexicoleaks, inaugurada a principios del año 2015, y
más recientemente con Peruleaks.
Los riesgos de las filtraciones existen, y pueden
constituir un precio demasiado alto a pagar para suplir un adecuado acceso a la
información de interés público. Mientras reglas e instituciones no respondan
adecuadamente a las necesidades de transparencia, el acceso seguirá existiendo
por vías alternativas, más o menos formales, que están lejos de ser neutrales
en su accionar, con relativos grados de confiabilidad y, aún más
lamentablemente, sin el necesario compromiso por el respecto de las garantías
fundamentales de los ciudadanos.
Por Paula Jaramillo
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