"Porque ustedes no beben oro, no
comen oro, con respecto a la minería se va a respetar las actividades de las
agricultura, la ganadería"
-Ollanta
Humala, a principios de 2011, cuando era candidato a presidente
La población de la provincia de Islay, de la región de
Arequipa, al suroeste del Perú, viene denunciando desde inicios de 2009[1]
la posibilidad que se instale el proyecto minero ‘Tía María’ por parte de Southern
Peru Copper Corporation (CPCC, de capitales mexicanos). Pero fue a partir del
primer semestre de 2010[2],
cuando la transnacional presentase su estudio de impacto ambiental, en el que ella
asegura se avala la instalación y desarrollo de su proyecto, que se han
producido constantes protestas y manifestaciones en contrario por parte de la
población local. Dicho proyecto, ubicado específicamente en el Valle de Tambo,
distrito de Cocachacra, ha contado desde un inicio con todo el respaldo del
gobierno peruano.
Islay es en su
mayor parte una zona agrícola y sus habitantes tienen por seguro que dicho
proyecto minero afectará la agricultura de la zona y las provisiones de agua[3],
y causará una irreparable contaminación ambiental. Por ello, a partir del 23 de
marzo pasado, la sociedad civil de la provincia declaró una paralización productiva
indefinida, movilización centrada sobre todo en el Valle de Tambo.
Pero la demanda popular
por evitar dicha antiecológica instalación cuprífera ha sido consistente y
ampliamente criminalizada por el Estado y las fuerzas de la derecha y, como ese
clamor se identifica y se logra tipificar como un delito común, se movilizan
todos los recursos represivos y legales del aparato estatal para sacar del
camino ese molesto estorbo para el mejor desenvolvimiento del capital
transnacional y al cual se han asociado capitales yanaconas.
No nos extrañemos.
Hace rato que en el Perú, así como en otras formaciones de América Latina, la
legítima protesta social se ha ido criminalizando y se han buscado los métodos
más eficaces (ojalá con cara de legales, sino no importa) para reprimirla. La
continua imposición de medidas antipopulares de reformación económico-social
gratas al capital financiero transnacional, unidas a la evidente corrupción de
los gobiernos y los estratos políticos civiles (Perú mismo, Chile, Argentina,
Brasil), por cierto que han provocado una agudización de la protesta social ante las
consecuencias inmediata y futuras que tales dictados y esa descomposición
implican. Al colocarse los gobiernos de estas formaciones, sean de derecha
(México, Colombia, Paraguay, Honduras) o ‘progresistas’ (Chile, Perú, Brasil,
Argentina) de parte del gran capital, lisa y llanamente pasan a actuar como gobiernos
títeres y administradores del gran capital, llevándoles muchas veces a mostrar su
cara más reaccionaria y contraria a los intereses de las grandes mayorías, endureciendo
la represión y la criminalización de la protesta.
En
ese sentido, el gobierno ‘democrático’ de Ollanta Humala[4] no se
diferencia de los anteriores gobiernos pro-capital financiero de Fujimori,
Toledo y García, que no dudaron en utilizar el terror y la intimidación como
medios para desconocer la voluntad popular y sumir a las clases trabajadoras y
populares bajo la opresión y dominio de la derecha más cavernaria al servicio
de los intereses del imperio. El actual régimen de Ollanta Humala, de la
coalición Gana Perú -integrada por nacionalistas y ex izquierdistas-, en contubernio con el gran empresariado
nacional y trasnacional -especialmente las mineras y las petroleras-, ha
desarrollado una política abiertamente agresiva contra aquellas organizaciones
políticas y sociales que se atreven a cuestionar el patrón capitalista impuesto
-de tipo extractivista primario exportador con ventajas comparativas- y al
todopoderoso mercado, supuestamente, autoregulado.
Así, a principios
del año pasado[5],
el poder ejecutivo peruano promulgó una ley que modifica el Código Penal con la
finalidad de permitir un mayor uso de la fuerza letal por parte de los
efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Ello se vio
reflejado en la ley N° 30151, publicada el 13 de enero de 2014 y que modificó
el numeral 11 del artículo 20 del mismo Código, estableciéndose entonces que
está exento de responsabilidad penal “el personal de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u
otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Dicha antidemocrática ley fue
elaborada y aprobada por el congreso del Perú, contando para esto con los votos
de los parlamentarios de la bancada de Gana Perú (oficialista) y de otras
bancadas, entre ellos los que representan el departamento de Arequipa y que
ahora también vociferan “condenando” la violencia policial, sin reconocer ni un
ápice de su responsabilidad sobre la problemática.
Ahora, como
resultara muerto un policía la madrugada del sábado 9, el que había resultado herido
el día 6 en medio de las refriegas en la combativa Islay, se anunció por parte
del gobierno la entrada de militares en la zona, básicamente “como medida de
prevención y seguridad”[6].
Para bajarle el impacto que significa militarizar una cuestión social, ayer el ministro
del interior peruano, José Pérez Guadalupe, intentó explicar que “no se declara
en emergencia Islay por las protestas contra el proyecto minero Tía María para evitar costos sociales.”[7]
Con ello, el gobierno del Perú nos dice que tiene claro que el carácter crecientemente
represivo que da a la problemática en curso genera un también incremental
número de muertos. Pérez subraya que el
ingreso de las Fuerzas Armadas a la localidad tiene como fin “apoyar a los
policías”, pero no aclara que ya son más de mil los uniformados enviados a la
zona.
Asimismo, el
personero del Mininter no hace ninguna referencia a las otras muertes recientes,
las de civiles desarmados y que sólo reclamaban por la sobrevivencia de su
forma de vida y de su medioambiente. En efecto, en los ya 49 días de paralización
indefinida en la provincia de Islay, son dos[8]
los manifestantes asesinados por balas de la policía y suman decenas los heridos
por diversos medios represivos. Además, durante los cinco años en el poder
político y económico ha insistido en implantar el megaproyecto de CPCC, ya
existían otros tres civiles muertos[9].
Frente a estas muertes, el gobierno no ha dicho casi nada y tampoco ha tomado ninguna
medida que apunte a resolver y aliviar la situación. Por el contrario, ha tomado
parte activa y militarizada en el conflicto, pero poniéndose siempre y en todas
las situaciones de parte del capital transnacional.
Y eso que Humala,
durante su campaña presidencial, prometió respetar la tierra y las aguas de las
comunidades agrícolas, y cuando el principal partido de gobierno asegura ser ‘Nacionalista’[10].
Pero es que todo ese discurso se derrite cuando se sabe que El 61% de los
ingresos de Perú provienen de sus exportaciones mineras[11];
que el auge en los precios de los metales ha alimentado un crecimiento anual de
7% en el último decenio; y que Humala heredó un país con más de US$ 40.000
millones en inversiones en minería, cuyos dueños están siempre atenazando para
resolver a su favor el actual conflicto entre el oro/cobre y el agua. No
obstante, ya nos debiera quedar meridianamente claro que el gobierno de Humala,
frente a tal dilema, ya decidió por los intereses del capital minero
transnacional y no por los de los 31 millones de peruanos.
Equipo Internacional –CAD CHILE
Mayo 11 de 2015
[3]
Perú cuenta con tan sólo un 0,4% de agua dulce en el total de su superficie.
[10] Partido Nacionalista del Perú,
PNP, que se autodeclara seguidor del ‘Etnocacerismo’. Ver: http://www.partidonacionalistaperuano.net/
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