El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP en siglas inglesas,
es un tratado de libre comercio multilateral que se negocia en secreto[1]. Promovido
por EE.UU., cuenta con otros 11 países firmantes. Hace tiempo que se sabe que
es una amenaza masiva para sus miembros más débiles[2], como
Chile
”Certificación del TPP, un ataque a nuestra democracia
y soberanía”
En Derechos Digitales ONG[3], mayo 7 de 2015
Por
J. Carlos Lara*
La negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) no
solamente tiene implicancias económicas, también significa someter las leyes
internas de los países participantes al escrutinio de la nación más rica del
grupo, Estados Unidos ¿Qué ocurre con la voluntad de las mayorías cuando su
decisión puede ser denegada desde el extranjero?
El
ejercicio de la democracia supone que las decisiones sobre la organización de
la sociedad están sujetas a la regla de mayoría. A su vez, esas decisiones
deben respetar los derechos tanto de la minoría política como de los
individuos, dando legitimidad a las leyes provenientes de órganos
democráticamente organizados.
La
negociación del TPP significa una negación de la democracia, pues excluye a la
ciudadanía de las más importantes decisiones sobre el desarrollo de las
próximas décadas. Se trata de un tratado que, en la práctica, intenta regular
todos los aspectos centrales para el progreso de un país: desde internet hasta
las inversiones, desde las compras públicas hasta el medio ambiente, sin
espacio a deliberación interna. Y deja a la democracia afuera, en varios
sentidos.
En
primer lugar, como se ha mencionado en incontables
ocasiones, la negociación del TPP es cerrada
y oculta. No existe acceso al texto de la negociación, sino gracias a filtraciones
de unos pocos capítulos que hacen imposible conocer el detalle de los
compromisos adoptados. Se ha negado
sistemáticamente la información sobre la postura de los países, como también
aquellos datos duros que debieran sustentar esa posición. Pero no es solamente
un cierre a lo que se negocia, sino también a cualquier posibilidad de
incidencia. Los llamados desde parlamentarios a abrir el debate han sido
desoídos una
y otra
vez.
Y
allí donde algo de información oficial se ha hecho pública, se ha entregado
bajo condiciones que dejan
mucho que desear sobre el real contenido del tratado y que impiden ser
parte de la discusión o hacer valer posturas de interés público. Sin
transparencia y participación en procesos deliberativos no hay democracia.
En
segundo lugar, ese proceso deliberativo significa comprometer la regulación
futura de cada país. No se trata solamente de rebajar aranceles, sino de fijar
las reglas actuales y futuras respecto de todos los ámbitos normados por el
TPP. Solamente por esta vía el TPP socava
la soberanía regulatoria de cada país de manera significativa. Pero a ello
se agrega el mecanismo para forzar cambios a gusto de algunas industrias: el
sistema de resolución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS),
que permite a las empresas extranjeras (incluyendo más de 9.000 desde los
Estados Unidos) demandar a los países ante paneles arbitrales privados, contra
aquellas medidas que afecten su “inversión” en un sentido cada vez más amplio,
sin que la ciudadanía en su conjunto pueda decidir el sentido de sus propias
normas, no hay democracia.
En
tercer lugar, existe todavía el riesgo de que no permitan implementar el
acuerdo si no es con la venia del más importante socio, Estados Unidos,
mediante el mecanismo de la certificación. Estados Unidos puede suspender
el cumplimiento de un acuerdo unilateralmente, mientras no certifique que
su otro socio ha cambiado sus normas de acuerdo a las expectativas de su
gobierno, aunque esas expectativas vayan más allá del contenido del acuerdo. La
experiencia en Perú
y Australia
demuestra que esa facultad se ejerce sin resquemor alguno y así será también
con las draconianas obligaciones del TPP.
El
proceso de certificación entrega a Estados Unidos un inédito poder de veto
sobre las leyes de otros países. Un poder que se hace aún más visible cuando
esa potestad se ejerce respecto de un acuerdo impulsado por sus propias
industrias, con propuestas leoninas nacidas de ellas y con exclusión de quienes
serán mayormente afectados. Es imposible sostener seriamente que la negociación
del TPP es compatible con la democracia, cuando ella misma está excluida de
cualquier deliberación sobre su contenido o alcance y cuando la participación
política mayoritaria sigue sujeta al veto de un gobierno o a la demanda de una
empresa extranjera.
Se
ha hablado de la fijación de nuevos
estándares para el comercio internacional, aunque esos estándares carezcan
de respaldo sólido respecto del impacto sobre el empleo, la calidad de vida o
el ejercicio de derechos fundamentales, y aunque no exista mención a la
voluntad mayoritaria para ese modelo de desarrollo. Así, no es de extrañar que
aquellas medidas que la ciudadanía ha apoyado estén en
riesgo por compromisos tomados a puertas cerradas y lejos de los órganos
deliberativos democráticos.
El
respeto de los derechos fundamentales de la población de doce países y el
respeto a la idea misma de democracia exigen rechazar el TPP.
* Es abogado de la Universidad de
Chile. Se integró a ONG Derechos Digitales a mediados del año 2008,
desempeñándose como investigador en temas vinculados a la propiedad
intelectual, la libertad de expresión, el acceso al conocimiento y la labor
académica en el entorno digital.
Equipo Internacional –CAD CHILE
Mayo 10 de 2015
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