Día de los Trabajadores/as en Chile. Dos actos: la misma cantidad de asistentes en cada uno
Andrés Figueroa Cornejo
El Primero de Mayo en la
capital del país andino estuvo caracterizado por la realización de dos actos
centrales: uno del Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, CIUS, que
agrupa a diversas confederaciones, federaciones y sindicatos bajo la consigna
‘Por un sindicalismo clasista y combativo’; y el otro, de la Central Unitaria
de Trabajadores, CUT, cuya dirección milita en los partidos de Nueva Mayoría y
hablan de la reforma laboral y la Asamblea Constituyente.
En medio de un contexto
signado por la corrupción del sistema político dominante, como nunca antes, la
actividad del sindicalismo clasista logró congregar a miles de personas,
organizaciones sociales y políticas, que expresan las fuerzas anticapitalistas
y antiimperialistas de Santiago de Chile, contando con la asistencia de un
número similar de participantes que la tradicional conmemoración de la CUT,
extensión del oficialismo en el Ejecutivo del Estado.
EL CIUS levantó un
escenario en la Alameda poniente, a un costado de la Universidad de Santiago de
Chile, mientras que la CUT erigió otro igual, también en la Alameda, pero a la
altura del Centro Cultural Gabriela Mistral. Entre ambas mediaron alrededor de
4 kilómetros.
La iniciativa clasista
funcionó como un catalizador de los sectores que plantean la independencia
política del pueblo trabajador respecto del empresariado, el Estado y el
gobierno de turno. El único orador fue el dirigente del sindicato de la
Asociación Chilena de Seguridad, Víctor Quijada, quien reivindicó a los líderes
históricos del sindicalismo chileno, Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest.
Asimismo, Quijada hizo referencia a la crisis del capitalismo, al saqueo de
recursos naturales, los daños ambientales del extractivismo minero, energético,
forestal y marino, y la súper explotación humana. Asimismo, reivindicó el fin
de la postergación en la que se encuentran las regiones fuera de la metrópolis
y, ante la crisis institucional que sacude a Chile, llamó a ‘Que se vayan
todos’ y a la necesaria alfabetización política de los intereses de los
oprimidos/as. Así también realizó una
propuesta de demandas de lucha básicas basada en las 8 horas de trabajo, el
derecho a huelga, a educación y salud gratuitas, vivienda digna; contra la
flexibilización laboral, el contratismo y el subcontratismo; contra el sistema
privado de administración de los ahorros previsionales (AFP); la igualdad entre
trabajadores y trabajadoras, entre otras.
Por su parte, y al otro
extremo de la Alameda, la presidenta de la CUT, acompañada del vocero de
gobierno, Álvaro Elizalde, y la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, hizo
referencia a las reformas laborales y llamó a la presidenta Michelle Bachelet a
efectuar un plebiscito para una Asamblea Constituyente. Al respecto, vale
señalar que Bachelet mediante cadena nacional de televisión recientemente habló
de un ‘proceso constituyente’ como una manera de sortear la crisis del sistema
de partidos políticos y su vasallaje respecto de los intereses del gran
empresariado. Si bien, Bachelet no ofreció detalles de la idea que tiene de
‘proceso constituyente’, lo cierto es que, históricamente, la elaboración de
constituciones es el resultado de las relaciones de fuerza realmente existentes
en una sociedad.
En Chile se ha contado con tres Cartas Magnas (1833, 1925, 1980). Las tres han sido producto de un reordenamiento del poder entre las clases dirigentes y han sido formuladas por ‘comisiones de expertos’ que han arrebatado la genuina participación y los intereses de la población, como también han actualizado un modelo político, económico y social de opresión en un momento dado. Esto es, la trama jurídica de un país es expresión de la hegemonía de una clase sobre otra, y en Chile todavía los pocos dueños de todo tienen el sartén por el mango, mientras paulatinamente se reestructura de menos a más, el movimiento popular. Aún más claro: en las actuales relaciones de fuerza, cualquier proceso constituyente por arriba, aunque sea formalmente votado o no, ¿por qué tendría que beneficiar a los trabajadores y los pueblos oprimidos de Chile?
En Chile se ha contado con tres Cartas Magnas (1833, 1925, 1980). Las tres han sido producto de un reordenamiento del poder entre las clases dirigentes y han sido formuladas por ‘comisiones de expertos’ que han arrebatado la genuina participación y los intereses de la población, como también han actualizado un modelo político, económico y social de opresión en un momento dado. Esto es, la trama jurídica de un país es expresión de la hegemonía de una clase sobre otra, y en Chile todavía los pocos dueños de todo tienen el sartén por el mango, mientras paulatinamente se reestructura de menos a más, el movimiento popular. Aún más claro: en las actuales relaciones de fuerza, cualquier proceso constituyente por arriba, aunque sea formalmente votado o no, ¿por qué tendría que beneficiar a los trabajadores y los pueblos oprimidos de Chile?
Finalmente, otra de las
distancias sustantivas entre ambos actos fue que el clasista y combativo estuvo
cercado de fuerzas especiales de carabineros, se emplearon carros lanzaaguas
sin mediar provocaciones, además hubo un sinnúmero de detenidos y heridos;
mientras que en la actividad oficialista de la CUT, simplemente no hubo
represión policial ni hostigamientos de ninguna especie.
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