Varios de ellos han debido ser hospitalizados, pero el gobierno y la
justicia todavía hacen oídos sordos a las legítimas demandas que levantan
Como es la tónica sobre el respeto y
tratamiento de los Derechos Humanos (DDHH) por parte del estrato político
civil, sobre todo en estos tiempos en que queda más que claro que ninguno de
los integrantes del bloque político de Estado tiene moral o ética alguna, la resolución
de las demandas de los/as ex presos políticos de la dictadura tiene para rato.
Mientras
tanto, los/as compañeros/as que realizan un prolongado ayuno[1] se están
enfermando y algunos han debido ser hospitalizados, pues la medida de fuerza
que llevan a cabo viene a agravar las secuelas de los duros castigos y las
torturas que les infligieron los ‘valientes soldados’ luego del Golpe militar
de 1973.
Y
piden tan poco estos/as compañeros/as. Exigen que el Estado no haga diferencias
respecto de la entrega de pensiones otorgadas a las personas validadas tanto en
la comisión Valech como la Rettig y que esas pensiones sean niveladas a un
ingreso mínimo decente; recibir un desembolso único, de una cantidad relativa,
correspondiente a lo padecido y denunciado ante instancias de la justicia; y
que los derechos sobre sus pensiones y posibilidades de estudio sin costo puedan
ser traspasados a miembros de sus familias.
Otra
de las medidas de presión que están efectuando los movilizados ex PP es la
interposición de demandas en contra del Estado. Estas se activaron luego que no
se diera curso a los acuerdos establecidos por representantes de las diversas
agrupaciones de ex PP del país y la ministra (ahora ex) Ximena Rincón, el
pasado 9 de diciembre. Además, los/as ex PP, de forma coordinada con otras
agrupaciones de DDH y de la izquierda, han llevado a cabo marchas, tomas de
edificios públicos, actos culturales, etc., a fin de lograr romper el
interesado cerco informativo oficial que pesa sobre sus demandas y acciones.
Los
compañeros/as que sufrieran la prisión política han recibido la solidaridad y
el apoyo de diversas organizaciones político-sociales de izquierda del país y
del mundo[2], del
instituto de DDHH de Chile, de la vicaría de la pastoral social de la iglesia
católica[3], de
parlamentarios alemanes y argentinos[4], etc.
Las/os
ex prisioneros/as hacen un firme emplazamiento al gobierno y a las fuerzas que
le apoyan a fin que Bachelet cumpla con el programa comprometido en torno a los
DDHH y reparación, enfatizando en que no depondrán la huelga de hambre
indefinida y toda su movilización mientras no se cumpla con los puntos mínimos acordados,
y aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias para conquistar sus
derechos.
¡A CONVERTIR LA INDIGNACIÓN EN PODER POPULAR!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
Colectivo Acción Directa - Chile
Mayo 9 de 2015
[1] Que se
iniciara en Rancagua, Los Andes, San Felipe, Rengo, San Vicente y Osorno, pero
que se ha ido extendiendo a otras ciudades: Santiago, Valparaíso, Concepción, Pozo
Almonte, Arica, Puerto Montt, Linares, Curicó, Castro, Chillán, Los Ángeles, Punta Arenas, Tamarugal,
Tomé y Coyhaique.
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