“Pobladores se toman sede de Cámara Chilena
de la Construcción denunciando negocio inmobiliario”
Exigen
que la vivienda sea considerada un derecho constitucional, y asegurada por una
Ley General de Vivienda
En Primera Línea –public. 19/5/17
En la mañana del viernes 19 de mayo a las 10.00 horas, un grupo de
pobladoras y pobladores de la Puente Alto (Bajos de Mena), Maipú, Estación
Central, San Ramón, organizados en la Coordinadora en Lucha por el Derecho a
la Vivienda hicieron ocupación de Cámara Chilena de la Construcción, con el
fin de denunciar el negocio inmobiliario y señalarle a los políticos y
empresarios que la “Vivienda es un Derecho”.
El
motivo del copamiento de la Cámara Chilena de la Construcción es que esa
institución gremial, como el máximo representante del negocio y lucro
inmobiliario y representante de las empresas que se han enriquecido con el
apoyo del Estado en las últimas décadas, se ha fomentado la construcción
privada y empresarial a costa de la vivienda como un derecho. Incluso las
viviendas sociales están inmersas completamente en el sistema mercantil
habitacional, en cuanto a las mismas constructoras que hacen los proyectos, a
la compra y avalúo de terrenos, etc.
Denunciaron
también que el Estado “ha desarrollado una política habitacional ajustada a los
intereses de los empresarios”. Una política que, señalan, forma guettos de
obreros, fomenta el endeudamiento de las y los trabajadores, margina y lleva a
las periferias de las ciudades a los pobladores, que protege a las
constructoras e inmobiliarias y sus negocios por sobre el derecho a una
vivienda digna. En este aspecto, Yerko Cortés, del Movimiento de Pobladores
Vivienda Digna, y miembro de la Coordinadora, señaló que “queremos denunciar al
Ministerio de Vivienda y a la Cámara de la Construcción, puesto que desde
siempre se ha realizado una política de vivienda en donde el ministerio asegura
el déficit habitacional para el beneficio de la vivienda privada.”
También
denunciaron en el comunicado el tiempo excesivo que tarda la tramitación de los
subsidios habitacionales, puesto que estos duran por lo general entre 10 y 13
años desde la entrada a un comité hasta que se entrega la nueva vivienda,
siendo además un estímulo para abandonar el proyecto y optar por el
endeudamiento en un crédito hipotecario por 30 años con la banca y el mercado
inmobiliario.
Finalmente
llamaron a que la vivienda sea vista por el Estado como un derecho garantizado
por la Constitución, a través de la creación de una Ley General de Vivienda,
además de la creación de una constructora pública, para no dejar en manos
privadas la construcción de las viviendas sociales.
Pidieron
también la creación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, el
Ministerio de Hacienda, el Intendente, el Director del SERVIU, y la Cámara
Chilena de la Construcción, para lograr la condonación de las deudas de los
vecinos de las casas COPEVA de Bajos de Mena, la negociación y compra de los
terrenos en Maipú, hoy en manos de las inmobiliarias privadas “Los Silos” y
“Pocuro”, para que se construyan ahí viviendas sociales, y acelerar y destrabar
las gestiones para empezar cuanto antes la construcción de un proyecto
habitacional en San Ramón.
Luego
de una fuerte represión e intento de desalojo por parte de carabineros, las y
los pobladores decidieron resistir manteniendo la ocupación, quedando 10
pobladores detenidos en la 19a Comisaría de Providencia.
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