“La Justicia argentina rechaza rebaja penal
en delitos de lesa humanidad”
BUENOS
AIRES (Sputnik) — El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, cuestionó
el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplica el beneficio penitenciario
conocido como "cómputo del 2x1" para crímenes cometidos durante la
última dictadura militar
"Me parece una ley perversa porque
termina beneficiando a las personas que cometieron las mayores ofensas",
opinó en declaraciones a radio La Red
Aunque aseguró que
su papel como ministro "debe ser cumplir los fallos de la Corte, no
criticarlos", Garavano calificó como un "engendro" la ley 24.390
sobre los plazos de prisión preventiva, denominada "2x1".
La
normativa, promulgada en 1994 y derogada en 2001, fue rescatada por la Corte
Suprema el pasado miércoles en un caso que causó indignación entre organismos
de derechos humanos, dado que a partir de los dos años, computan como doble los
días en prisión mientras la condena no esté firme.
Por
tres votos a favor y dos en disidencia, el máximo tribunal del país aplicó el 'dos por uno' en una causa de lesa humanidad en la que se investigaba el
secuestro, la tortura y la desaparición de empleados del Hospital Posadas, en
la provincia de Buenos Aires, el 28 de marzo de 1976.
En
ese caso fue condenado a 13 años de prisión Luis Muiña, integrante de un
comando paramilitar que trabajaba en esa institución sanitaria y que quedó en
libertad en noviembre de 2016 después de que un tribunal federal aplicase la
ley derogada, fallo que ahora confirmó la Corte Suprema.
El
ministro Garavano consideró que había un "dilema moral" en la
resolución del alto tribunal, y que Argentina sigue "pagando las
consecuencias de una legislación desastrosa",
"Lo
que hace esta ley es reducir la pena de los condenados por delitos más graves,
más complejos, los que ponían más palos en las ruedas para investigar, los que
cometían crímenes aberrantes como los de lesa humanidad", reconoció.
Tras
conocer la resolución de la Corte, el secretario de Derechos Humanos del
Gobierno, Claudio Avruj, señaló el miércoles que estaba de acuerdo con el fallo
si estaba "ajustado a la ley".
En
una conferencia de prensa, entidades de derechos humanos, lideradas por Abuelas
de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, prometieron
agotar "todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio
que garantiza la impunidad sea abandonado".
De
aplicarse el nuevo criterio avalado por la Corte Suprema, los apropiadores de
niños nacidos en cautiverio durante la dictadura "podrían tener penas de 3
años de prisión", subrayó la presidenta de Abuelas, Estela de Carloto.
"Un
delito cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad
del hecho",
añadió la titular de Abuelas.
Ante
la controversia del fallo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Claudio Avruj, señaló este jueves que el Gobierno de Mauricio Macri no tuvo
ninguna injerencia en la decisión de la Corte, por lo que es un error dirigir
las críticas hacia el Ejecutivo.
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Colectivo
Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Mayo 5 de 2017
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