“Cuestionado beneficio a represor Luis Muiña
Argentina: se espera una masiva marcha en
contra del fallo judicial que beneficia a genocidas”
Organismos
de Derechos Humanos, con el apoyo de fuerzas políticas y sociales, realizarán
este miércoles una masiva manifestación en rechazo a la decisión de la Corte
Suprema de Justicia de acceder a reducir penas a acusados de crímenes de lesa
humanidad durante la última dictadura cívico-militar
En El Ciudadano –public. 10/5/17
Argentina es un país
que fue y es visto mundialmente como un ejemplo en la búsqueda de la Memoria,
Verdad y Justicia a la hora de condenar a represores, torturadores y
responsables de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar entre 1976 y
1983. Sin embargo, una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, puso
a la sociedad en alerta.
El
máximo órgano judicial del país, dictó la semana pasada una sentencia respecto
al caso de Luis Muiña, quien fue beneficiado con el 2×1 en su pena. Muiña es un
genocida condenado por fallo firme por un delito de lesa humanidad que forma
parte del juicio por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas el 28
de marzo de 1976, dos días después de consumado el golpe de Estado en el país.
¿Qué es
el beneficio “2 x 1”?
La
ley argentina 24.390, conocida como el beneficio 2×1, permite computar
doblemente -a partir del segundo año de detención- los días que los acusados de
delitos pasaron en prisión sin sentencia firme. Esta ley había sido derogada en
el año 2001, y solo estuvo vigente desde 1994 a esa fecha, pero sienta un antecedente
y un retroceso en la jurisprudencia argentina para volver a aplicarse a las
condenas de lesa humanidad, gracias al fallo de los jueces que votaron a favor.
Esta
polémica decisión fue aprobada por tres de los cinco jueces que integran la
Corte Suprema de Justicia en Argentina. El beneficio de este fallo podría
alcanzar a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión
preventiva, dado que con este antecedente pueden obtener drásticas reducciones
en sus penas, e incluso solicitar la libertad.
Así
entonces, no solo sienta un precedente para los abogados defensores de los
asesinos, sino que es uno de los retrocesos más grandes en términos de juicio y
castigo a los responsables del genocidio perpetrado en Argentina.
La
respuesta de los organismos de Derechos Humanos en Argentina
Una
vez conocida la noticia, el repudio de la sociedad, dirigentes políticos y las
agrupaciones de Derechos Humanos no tardó en llegar. Miles de personas se
movilizarán durante este miércoles y se prepara un documento conjunto contra
los jueces del máximo tribunal que votaron a favor de la medida. Los
principales oradores de la jornada serán la presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo Linea
Fundadora, Taty Almeyda, y la líder de Familiares, Lita Boitano.
Esta
marcha en conjunto es una gran señal de unidad frente al panorama actual de la
lucha por los DD.HH. en Argentina, donde el gobierno encabezado por Mauricio
Macri muestra posturas tibias y peligrosas en relación a la condena a los
genocidas. En ese sentido, distintos funcionarios y allegados han realizado
polémicas declaraciones, poniendo en duda la cifra de 30.000 desaparecidos e
insultando la honradez de los organismos de Derechos Humanos en Argentina.
Los
organizadores de esta masiva marcha promueven que todos los presentes lleven un
pañuelo blanco en los hombros para que, en un momento puntual del acto, lo
alcen al aire y se lo coloquen en la cabeza como hacen las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo desde 1977, en señal de apoyo.
El
Congreso argentino busca ponerle un límite a la impunidad
En
el marco de una sesión especial que tuvo lugar este martes en la Cámara de
Diputados de Argentina, fue aprobado con media sanción el proyecto que había
sido consensuado durante la jornada por todos los bloques del oficialismo y la
oposición para neutralizar el beneficio del 2×1 para represores. La medida se
aprobó con 211 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.
El
proyecto, que ahora pasará al Senado, dispone que el artículo 7 de la derogada
ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal judicial argentino para
otorgar el cómputo del 2×1 al represor Luis Muiña, “no es aplicable a conductas
delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”.
Sobre
el final de la sesión, tal como consigna Infonews, se votó el pedido de juicio
político para los tres jueces de la Corte Suprema que se pronunciaron por el
beneficio para los represores, pero la iniciativa fue bloqueada por el
oficialismo macrista y no obtuvo la mayoría especial que necesitaba para ser
aprobada.
Por
su parte, senadores del oficialismo y de la oposición acordaron celebrar este
miércoles una sesión especial para debatir el proyecto de ley que limite la
aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad y lograr volverlo ley durante
el día de hoy. Sin embargo, la ausencia de varios legisladores conspira contra
la posibilidad de llevar a cabo ese plenario en el mismo momento que la marcha.
La floja
respuesta del gobierno de Mauricio Macri
Luego
de mostrarse a favor de la aplicación del fallo de la Corte Suprema, que
benefició con el 2×1 al represor Luis Muiña, el secretario de Derechos Humanos,
Claudio Avruj, rechazó 6 días después esa decisión. Lo hizo a través de un
comunicado de la Secretaría, en la que manifestó la oposición a un pedido del
represor tucumano Carlos Trucco a ser beneficiado con la misma reducción de
pena.
Cabe
recordar que horas después del fallo de la Corte sobre el 2×1, Avruj fue el
primer funcionario del Gobierno en referirse al tema. En ese momento, aseguró
que iba a acatar la decisión del máximo tribunal. “Sostuve siempre que los
Derechos Humanos son para todos. El estado de derecho y las normativas que
tenemos es para ser cumplidos por todos por igual, y si los jueces consideraron
que el marco legal permitía eso, tengo que respetarlo”, manifestó.
Ahora,
con el repudio de la sociedad cada vez más notorio, la Secretaría de Derechos
Humanos cambió su postura. Puede leerse en el comunicado: “La Secretaría
considera inadmisible la solicitud por la desproporcionalidad en la aplicación
de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede
pretender la aplicación de la Ley Penal más Benigna (en este caso el 2×1), dado
que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se
encontraba privado de su libertad”, asegura el escrito, y remarca que según “la
normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse
al beneficio que hubiera otorgado la Ley del 2×1 aquellas personas que se
encuentren imputadas por delitos de Lesa Humanidad.”
Por
Gustavo Yuste, desde Argentina
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