“¿El TTIP amenaza a la
democracia? ¿Y el CETA? Otro tratado comercial que ya se ha firmado…”
Por Nick Dearden*
Mientras las grandes
potencias se reunían en Japón
la semana pasada en la cumbre del G-7, toda una serie de ingentes acuerdos
de comercio recibía ataques por todas partes. Y con todo, de Donald Trump a
Jeremy Corbyn, se admite que el “comercio” se ha convertido en poco más que un
sinónimo de que las grandes empresas se hacen con un mayor control de la
sociedad.
El
convenio EE.UU.-Europa
del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, Acuerdo
Transatlántico de Asociación Comercial e Inversiones) es el más conocido de
estos acuerdos comerciales “de nueva generación” y ha dado alas a todo un
movimiento. Más de tres millones de europeos han firmado la mayor petición
contra el TTIP, mientras que 250.000 alemanes salieron a la calle en Berlín el
pasado otoño para hacer caer este acuerdo. Un nuevo sondeo de opinión muestra
que solo el 18% de los norteamericanos y el 17% de los alemanes apoyan el TTIP,
cuando hace sólo dos años las cifras eran del 53% y el 55% respectivamente.
Pero
el TTIP no está solo. Su hermano pequeño, el acuerdo entre la UE y Canadá,
recibe el nombre de CETA (Acuerdo Económico y Comercial Integral). El CETA es
tan peligroso como el TTIP; en realidad, se halla a la vanguardia de los
acuerdos del género del TTIP, debido a
que ya lo han firmado la Comisión Europea y el gobierno canadiense. Se espera
su ratificación en los próximos doce meses.
Lo
único positivo del CETA es que ya se ha firmado y eso significa que se nos
permite verlo. Sus 1.500 páginas nos demuestran que supone una amenaza no sólo
para nuestra normativa alimentaria sino también para la batalla contra el
cambio climático, para nuestra capacidad de regular los grandes bancos con el
fin de impedir otro derrumbe y nuestro poder a la hora de renacionalizar
industrias.
Como
el acuerdo con los EE.UU., el CETA contiene un nuevo sistema legal, abierto
solamente a grandes empresas e inversores extranjeros. En caso de que el
gobierno británico decidiera, por ejemplo, prohibir componentes químicos peligrosos,
mejorar la salud alimentaria o empaquetar los cigarrillos sin publicidad
exterior, una empresa canadiense podría demandar al gobierno británico por
“parcialidad”. Y por parcialidad se entiende sencillamente que no pueden
disfrutar de todos los beneficios que esperaban. El “juicio” se celebraría en
un tribunal especial, supervisado por abogados empresariales.
La
Comisión Europea ha establecido cambios en este sistema de “tribunal
empresarial” que cree lo harán más imparcial. Pero los investigadores han
descubierto que no supondría ninguna diferencia en las docenas de casos que se
han planteado en contra de diversos países en años recientes de acuerdo con
sistemas similares. El mismo Canadá ha presentado y perdido muchos casos frente
a grandes empresas norteamericanas de acuerdo con el NAFTA (Acuerdo de Libre
Comercio de América del Norte), por ejemplo, por prohibir componentes químicos
en la gasolina, reinvertir en comunidades locales y detener el arrasamiento de
canteras. Con el CETA, esos casos van a llegar hasta nosotros.
La
finalidad conjunta del CETA estriba en reducir la regulación empresarial, con
la idea de que eso facilitará la exportación. Pero hará bastante más que eso.
Mediante la “cooperación regulatoria”, que suena tan meliflua, se reducirá la
normativa en todas partes sobre la base de que es un “obstáculo al comercio”. Y
eso podría abarcar la seguridad alimentaria, los derechos de los trabajadores y
la regulación ambiental.
No
hay más que considerar la regulación financiera. La capacidad del Estado para
controlar bancos y mercados financieros se vería aún más obstaculizada. Limitar
el crecimiento de los bancos que se han vuelto “demasiado grandes para caer”
podría acabar con el Estado ante un tribunal secreto.
Desde
luego, la arremetida ya ha empezado. Las arenas alquitranadas constituyen uno
de los combustibles fósiles más destructivos medioambientalmente del mundo, y
la mayoría de este aceite se extrae en Alberta, Canadá. Actualmente hay pocas
arenas alquitranadas en uso en la UE, pero eso está cambiando. Cuando la UE
propuso una nueva regulación prohibitiva para impedir de modo eficaz que las
arenas alquitranadas acaben explotándose en Europa, Canadá utilizó el CETA como
elemento de negociación para bloquear la propuesta. Si el CETA se aprueba, esa
decisión será inamovible, un desastre para el cambio climático.
Por
último, por medio de algo llamado “cláusula de vuelta de tuerca”, los actuales
niveles de privatización quedarían “bloqueados” en cualquier servicio que no se
exceptuara de modo específico. Si los gobiernos canadienses o de la UE quieren
devolver ciertos servicios a la esfera de la propiedad pública, podrían estar
infringiendo las condiciones del acuerdo.
Así
que ¿por qué hay tan poca gente que haya oído hablar del CETA? En buena medida,
porque canadienses y europeos piensan que son bastante semejantes. No temen la
absorción de su economía como la temen de firmar un acuerdo comercial con los
EE.UU. Pero cometen un grave error, porque estos acuerdos comerciales no van
de europeos contra norteamericanos o
canadienses. Se trata de las grandes empresas contra los ciudadanos.
Si
hacían falta pruebas de que los modernos acuerdos de comercio no son más que
una excusa para dar más poder a las grandes empresas a nuestras expensas, no
hay más que mirar al CETA. No es extraño que esté creciendo el clamor público
en su contra y la oposición al TTIP se esté extendiendo al acuerdo canadiense.
Cuando
el CETA llegue al Consejo de la UE (de todos los gobiernos de la UE) para su
ratificación a finales de junio, Rumania - que mantiene una disputa con Canadá
por cuestiones de visados – ha amenazado con vetarlo.
El
Parlamento valón votó a favor de una moción crítica de este acuerdo que podría
atarle las manos al gobierno belga y forzar su abstención. El Parlamento
holandés ha aprobado también una moción que rechaza la aplicación provisional
del acuerdo, que permitiría ponerlo en práctica antes de que el Parlamento
tuviera oportunidad de votar sobre el mismo.
David
Cameron es quien adopta la postura más agresiva sobre el CETA: no solo lo apoya
enteramente sino que impulsa su aplicación provisional en el Reino Unido. Sobre
esta base, el CETA podría entrar en vigor en Gran Bretaña el año próximo sin
que se votara en Westminster. De hecho, aunque el Parlamento británico votara
en contra, el sistema de tribunales empresariales seguiría en vigor durante
tres años. A los rebeldes del Brexit frente a Cameron no les va a gustar eso
mucho.
Los
problemas del G-7 muestran que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que
los acuerdos comerciales han convertido el mundo en un campo de juego para los
superricos: forman parte de nuestra economía asombrosamente desigual. Pero el
G-7 es incapaz de pensar más allá de los intereses de la élite mundial. De
nosotros depende reclamar nuestra democracia como ciudadanos, y los movimientos
contra el TTIP y el CETA están en vanguardia en ello.
*Nick Dearden es
director de Global Justice Now (antes conocido como World Development
Movement). Anteriormente fue director de la Jubilee Debt Campaign, una campaña
contra la deuda externa.
**Fuente: The Guardian, 30/5/16
Colectivo Acción Directa Chile –Equipo
Internacional
Junio 10 de 2016
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