COLOMBIA: ¿SE HARA LA PAZ ESTA VEZ?

Caricatura de grupos opositores al acuerdo de paz con las FARC

Grandes expectativas surgen con el acuerdo de paz recién firmado por las FARC y el gobierno colombiano. Pero no es el primero que firman aquellos y otros grupos guerrilleros sin que luego no viniese a caer sobre ellos -y el movimiento popular en general- la venganza oficial y de la reacción interna

El pueblo colombiano salió a celebrar, merecidamente, el acuerdo bilateral alcanzado entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmado este jueves 23 en La Habana – Cuba, inundando de alegría la calles del país sudamericano. Ello, pues tal pacto vendría a cerrar 52 años de guerra entre compatriotas –con buena dosis de ayuda yanqui- y cuyo carácter irreversible prepara al pueblo colombiano para el fin del conflicto. El documento incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, garantías de seguridad y el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz.

Sin embargo, siempre es bueno que la historia nos aclare el pensamiento y revisar las veces en que también se habló de paz en Colombia y luego cayó la dura mano de la represión, la muerte, la desaparición, sobre aquellos que ilusionadamente entregaron las armas y salieron a disputar un lugar en la supuesta ‘democracia’, artificio que -ya sabemos- oculta la verdadera dictadura del bloque dominante en cada formación en que la división de clases se enseñorea.

El caso del M-19 y la Alianza Democrática M-19

El Movimiento 19 de Abril, M-19, era una organización político-militar colombiana, patriótica, antioligárquica, antiimperialista, que luchaba por la construcción de un poder de obreros, campesinos y trabajadores en general, el cual destruiría el “Estado oligárquico” mediante una guerra en donde serían partícipes todos los explotados, logrando así la liberación nacional y la instauración del socialismo. Calificaban su ideología como inspirada en los principios del socialismo científico -pero sin llegar a declararse marxistas- aplicado a las condiciones concretas de Colombia. De ahí que para ellos las fuerzas fundamentales de la revolución estaban constituidas por la clase obrera, como fuerza de vanguardia, en alianza con los campesinos y demás sectores populares.

El M-19 empieza a gestarse el 19 de Abril de 1970. Ese día, los sectores dominantes, mediante el fraude y la violencia, pisotearon la decisión de las grandes mayorías agrupadas en el movimiento político Alianza Nacional Popular (ANAPO). Ese día, estas masas anapistas, esperanzadas en obtener el poder mediante las elecciones votaron contra las propuestas de los opresores y por una dirección que a la hora de la verdad –lamentablemente se mostró incapaz de defender el triunfo obtenido en las urnas. El M-19, o EME, surge, entonces, de la frustración de esas masas. Y su objeto inicial era el de organizarse para respaldar con las armas la voluntad popular. Es así como en sus comienzos el M-19 se define como "el brazo armado del pueblo anapista", para luego superar la ANAPO. En la complejidad misma de la lucha, se dieron cuenta que su compromiso con los explotados no podía limitarse al aspecto armado, sino que también era político, ideológico, organizativo.

Desde 1974, el EME desplegó una vibrante lucha político-militar, con acciones de gran envergadura, como la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, pero también efectuando tratativas de paz con los gobiernos de mediados de los “80 –por ejemplo, en 1984, con Belisario Betancur. Es en 1988 que el grupo inicia conversaciones con el gobierno de Virgilio Barco, dando lugar un año después a un diálogo esperanzador por la paz mediante el cual sólo se daría paso a la excarcelación de presos políticos y amnistía general, sin que se avanzara en una mayor democratización del país.  

En 1990, el EME se desmovilizó unilateralmente, formando un movimiento político-social llamado AD-M19 (Alianza Democrática M-19), el cual ganó cierto respaldo popular y fue uno de los constituyentes de 1991. Éste movimiento desapareció a mediados de la década de 1990 y algunos de sus miembros se unieron a otras agrupaciones políticas. No obstante, los ex integrantes del M-19 fueron siendo asesinados o detenidos y desaparecidos de manera sistemática por sicarios de los servicios de seguridad estatales, por grupos de la derecha armada o por los carteles de grandes narcotraficantes.  

De hecho, el último Comandante General del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, fue acribillado el 26 de abril de 1990 en un avión, cuando viajaba de Bogotá a Barranquilla. Pizarro se convirtió en el cuarto candidato presidencial asesinado en el país y en el primer muerto del M-19 después de finalizado el proceso de reinserción.

El caso de la paz anterior con las FARC y UP

La Unión Patriótica –UP- surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las FARC.

En 1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país y otros miembros de alianzas políticas como demócratas y de izquierda conformaron la nueva coalición.

El naciente movimiento enarboló una plataforma de 20 puntos que reivindicaban reformas políticas democráticas, sociales y económicas como una reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales y un modelo económico nacional separado del capitalismo global.

Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.

En 1986 su candidato Jaime Pardo Leal llegó a obtener el 4,6% de la votación, alcanzando el tercer lugar en las elecciones presidenciales. La UP logró su mayor votación en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca, Meta y Área Metropolitana de Medellín. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 la Unión Patriótica obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.

Desde sus mismos inicios la UP fue sometida a toda clase de hostigamientos y atentados. En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares. Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Con la escalada de violencia paramilitar en contra de la militancia de la UP, las FARC retiraron sus voceros y se reintegraron a la lucha armada mientras dirigentes y líderes demócratas, civiles y populares continuaron trabajando por el proyecto de paz y democracia de la Unión Patriótica.

Los miembros de la nueva coalición quedaron en una situación de alto riesgo, pues al ser acusados abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, los organismos estatales no les brindaron ninguna protección efectiva. Así comenzó un proceso de exterminio que se ha prolongado por más de 20 años.

Se desconoce la cifra total de militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados, pero cálculos parciales estiman que pudieron ser unos 6.500 y un buen número de desaparecidos. Muchos de los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país y fueron condenados al exilio.

En ese exterminio que impulsara el narcotráfico, inicialmente Rodríguez Gacha, luego de su muerte lo escalaron los grupos paramilitares de la extrema derecha -que en la próxima década se aglutinarían en las Autodefensas Unidas de Colombia AUC- bajo el mando de Carlos Castaño, en muchas ocasiones en coordinación, alianza y colaboración con efectivos militares, de policía, empresarios y políticos.

Algunas investigaciones señalan que una misión de militares estadounidenses recomienda la creación de grupos armados ilegales para luchar contra la guerrilla, para lo cual encuentran apoyo en ganaderos, terratenientes y empresas trasnacionales. En algunos casos se denominaron “masetos” (Muerte a Secuestradores – MAS), “autodefensas” y en otros “cooperativas de seguridad” (Convivir). Estos contratan al militar y mercenario israelí para entrenar los primeros grupos.

En julio de 2013, el Consejo de Estado colombiano le devolvió la personería jurídica a la UP, la cual le había sido suprimida debido a que en las elecciones legislativas de 2002 no obtuvo representación en el Congreso; el fallo reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a las elecciones y por tanto no obtuvieran la representación requerida.

La dificultad para reconocer el genocidio con móviles ideológicos llevado a cabo en contra los que depongan las armas y participen del juego democrático formal en Colombia estriba, entre otros factores, en que desde el punto de vista del derecho internacional la definición del crimen de genocidio no incluye a los grupos políticos. Ante ello, un real proceso por la paz en aquel país debiera asegurar política y socialmente que los ex combatientes y las organizaciones populares que surjan puedan cuidar de su propia integridad e imponer, al mismo tiempo, el desarme efectivo de las milicias de la derecha, del narcotráfico y de los grupos paramilitares que persisten al interior de las FFAA. Como todo esto es un grandísimo desafío, permítasenos dudar de la factibilidad que el presente acuerdo de paz pueda persistir en el tiempo. Ojalá nuestras cuitas sean sólo sean un mal recuerdo en ese futuro que merece el pueblo colombiano.  

Colectivo Acción Directa Chile –Equipo Internacional

Junio 24 de 2016