¿CUÁL ES
EL ROL DEL SECTOR PRIVADO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET?”
En su más
reciente informe, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones
Unidas centra su atención en la acción del sector privado. ¿Dónde está
Latinoamérica en el panorama mundial de las grandes empresas de internet?
En Derechos Digitales –public. 16/6/16
Este jueves 16 de
junio fue fijado como la fecha de presentación del Informe
del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de
las Naciones Unidas, David Kaye, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En esta ocasión, el informe se centra en la relación entre la libertad de
expresión y la acción del sector privado en el entorno digital.
Se
trata de una vinculación de relevancia crítica, pues a medida que internet
crece en alcance e importancia, y a medida que un sinnúmero de actores aboga
por una mayor conectividad, las empresas cuyos servicios conectan y permiten
interactuar a los usuarios ganan en riqueza e influencia. Si asumimos la
importancia de internet para el ejercicio
de derechos humanos, la acción o la inacción de las empresas que operan en
internet se vuelve crucial. Esto va mucho más allá de la responsabilidad
por los contenidos de terceros: la sola participación en el entorno digital
implica depender de infraestructuras construidas
y mantenidas por empresas privadas, con intereses propios, que pueden tanto
coincidir como ir en contra de los derechos de los usuarios.
¿Hasta
qué punto deben las empresas de tecnología hacerse responsables por proteger y
promover los derechos humanos? ¿Hasta qué punto pueden resistir la cooperación
con Estados que violan derechos humanos de sus ciudadanos? ¿Qué rol cabe a los
Estados y a la sociedad civil? El informe intenta entregar pautas en tal
sentido, en referencia a estos distintos actores: ISP, compañías de hardware y
software, registros de nombres de dominio, motores de búsqueda, plataformas, servicios
de alojamiento, data brokers y sitios de comercio electrónico. El
trabajo se basa en consultas y análisis, y también en la observación de la
evidencia.
Las
empresas de internet en América Latina
Al
igual que quince Estados y que otras catorce organizaciones de la sociedad
civil, Derechos Digitales envió un informe
para la inclusión en el reporte del Relator Especial, con las preocupaciones en
América Latina.
El
examen del panorama en América Latina reflejó que el involucramiento de las
empresas privadas en la región, en relación con internet, aparece en un sentido
poco vinculado a los derechos de los usuarios. Por el contrario, por distintas
razones y de distintas formas, las empresas de internet han sido parte de
acciones que limitan el ejercicio de derechos en internet de forma continua.
A
menudo, esa acción es impulsada o financiada por los propios gobiernos.
Así, empresas extranjeras como Hacking Team (RCS) y Gamma Group (FinFisher)
han vendido licencias de uso de sus tecnologías a gobiernos para la vigilancia
en varios países de la región como México, Panamá y Paraguay. Y dentro de la
región, fue una empresa brasileña la que vendió “El Guardián” a Uruguay.
El
rol de los ISP en aspectos como la conectividad y la neutralidad de la red, a
su vez, está condicionado por el sucio
negocio del zero-rating. Así, mientras América Latina aumenta fuertemente
su base de usuarios de internet, las amenazas a la neutralidad de la red
tienden a limitar ese aumento en la calidad y profundidad de la participación
en el entorno digital. De este modo, el negocio sobre los datos se convierte en
un impedimento al uso mismo de internet como impulsor de la innovación y la
libre expresión.
A
lo anterior se suma el gran dominio de ciertas empresas sobre contenidos y
tecnología, y su uso con fines propios en sujeción a reglas que poco se
relacionan con la realidad local, con los intereses de los usuarios o siquiera
con la ley. Mientras algunas asisten en la entrega de
datos a la autoridad con escasa consideración de reglas del debido proceso,
otras censuran
formas legítimas de discurso mediante uso de mecanismos creados para la
infracción del derecho de autor, otras aplican en exceso sentencias
insuficientes sobre el mal llamado “derecho al olvido”, eliminando
noticias completas, y otras ofrecen tecnología
“gratis” a gobiernos creando simultáneamente futuros usuarios cautivos.
Todo
esto es apenas un puñado de ejemplos de un contexto donde existe escasa
consideración real por los aspectos de derechos humanos involucrados en la
operación de las empresas. A las dificultades creadas por la ausencia de normas
o de voluntad de las autoridades para cumplir con el deber de protección de
derechos humanos, se suma la dificultad de buscar tal protección en el caso de
empresas ubicadas fuera de la región. Mientras las más importantes empresas de
internet pueden alcanzar a los usuarios, ellos no siempre pueden responder a
ellas en defensa de sus intereses.
Las
recomendaciones del Informe del Relator Especial
El
informe del Relator Especial da cuenta de que la situación en América Latina no
es única, con situaciones de similares características alrededor del mundo.
Comprendiendo la complejidad de las relaciones entre los distintos actores, el
informe fija como marco de referencia el derecho internacional de los derechos
humanos con la libertad de expresión e información al centro del análisis, y
los Principios
de Ruggie como guía para la acción de las empresas con respeto a los
derechos humanos.
El
informe se refiere de forma especial a cuatro grandes temas de carácter legal y
de políticas públicas: la regulación de contenidos, la vigilancia y la
seguridad digital, la transparencia, y los recursos legales para enfrentar las
afectaciones a derechos fundamentales. Además, identifica prioridades futuras:
el examen sobre leyes y políticas que afectan la conectividad, sobre la
responsabilidad que demuestran las empresas, sobre las restricciones de
contenido basadas en términos de servicio, sobre censura y vigilancia, sobre
roles públicos y privados en la provisión de acceso a internet, y sobre la
gobernanza de internet.
Las
numerosas recomendaciones del Relator Especial van en un sentido claro de
responsabilización por lo que ocurre en el uso de las tecnologías: tanto
estados como actores privados deben adoptar medidas que aseguren el
aprovechamiento de la tecnología para el ejercicio de la libertad de expresión,
sin restricciones innecesarias o desproporcionadas, respetando también la
transparencia y conservando a los derechos humanos como prioridad. Esto
incluye, por cierto, a la transparencia en el uso de algoritmos, y la inclusión
en discusiones supuestamente globales de empresas ubicadas lejos de los
EE. UU. También a las organizaciones internacionales se recomienda un rol
de educación y de inclusión participativa de la sociedad civil en la creación
de estándares sobre derechos humanos.
En
ese contexto, la sociedad civil, especialmente en el sur global, enfrenta el
desafío de abordar no solamente a los tomadores de decisiones como actores
clave para el resguardo de derechos humanos. Con la importancia del sector
privado, obtener de ellos el compromiso por el respeto a los derechos
fundamentales, a nivel global, es un reto que exige nuevos esfuerzos.
Iniciativas y proyectos de distinta índole, como Ranking Digital Rights, Who Has Your Back, y Stand Up for Digital Rights, han
recorrido parte del camino hacia una mayor transparencia y compromiso con
derechos fundamentales.
Por
cierto, queda muchísimo por avanzar en tal sentido. La relación entre empresas
y usuarios, a nivel global y local, implica un gran desequilibrio no solamente
en términos de capacidad técnica o poder económico, sino también con la
capacidad de defensa ante autoridades estatales de derechos fundamentales. Los
problemas de jurisdicción que impiden
recursos efectivos contra la impunidad, contra la cooperación en la vigilancia masiva
de empresas ubicadas en el norte o contra iniciativas
discriminatorias de acceso limitado a servicios vendidos como internet. En
ausencia de mecanismos de observancia efectiva de derechos humanos, la presión
por el respeto a dichas normas ya no es solo tarea de los estados.
Colectivo Acción Directa Chile –Equipo
Internacional
Junio 21 de 2016
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