“Mientras los países latinoamericanos están
obligados a ratificar el Tratado Transpacífico antes de dos años si quieren
evitar el proceso de certificación, este escueto plazo no permite superar las
fallas de un largo proceso esencialmente hermético y antidemocrático”
Por Vladimir Garay
Unos días atrás, la
Dirección Nacional de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería
chilena, DIRECON, informó
del envío inminente del Tratado Transpacífico al Congreso para su eventual
ratificación durante el segundo semestre del año. El anuncio llega casi un mes
después de que el
Senado mexicano recibiera los textos oficiales para iniciar un proceso
similar de análisis y su posterior aprobación o rechazo.
La
prisa con la que los países latinoamericanos están planeando realizar un
proceso altamente complejo es peligrosa. La razón es simple: los estados tienen
un plazo de dos años desde la firma del tratado, ocurrida en febrero de 2016,
para ratificarlo si es que quieren evitar el proceso de certificación, que
implicaría que otros países –aquellos con las economías de mayor tamaño dentro
de los 12 países involucrados- puedan condicionar unilateralmente el modo en
que se implementan el tratado.
Si
bien el proceso de certificación es una instancia que hay que evitar a toda
costa, pues implica un atentado gravísimo contra la soberanía nacional, la
alternativa no es mucho mejor, pues limita al extremo la discusión sobre un
asunto increíblemente delicado y que condiciona el futuro de las naciones en
temas altamente importantes, como el acceso a la salud, medioambiente y
derechos en internet y propiedad intelectual.
Como
hemos mencionado en numerosas
ocasiones anteriores, el modo en que los Gobiernos latinoamericanos
llevaron el proceso de negociaciones ha sido de extremo secretismo y sin
instancias reales de participación por parte de la sociedad civil ni los
congresistas, oportunidad que sí han tenido los representantes de diversos
sectores de la industria.
Hoy, con tan solo un año y medio hasta el fin del
plazo, es prácticamente imposible que la discusión respecto a la ratificación o
rechazo del tratado cuente con las garantías necesarias de un proceso realmente
democrático, que revierta las falencias de la etapa anterior.
Más
todavía, porque la instancia de decisión es “todo o nada”: los congresistas
cargan con la responsabilidad de aceptar o rechazar la totalidad del tratado,
contenido en miles de páginas con lenguaje altamente técnico (que no tiene una
versión oficial en castellano, sino solamente una traducción realizada por
cortesía del equipo negociador mexicano), sin ninguna posibilidad de hacer
modificaciones al texto.
A
lo anterior hay que agregar la
falta de estudios técnicos de impacto del TPP. En el caso chileno, durante
una sesión especial con la Cámara de Diputados realizada durante el primer
semestre de 2015, el Canciller chileno, Heraldo Muñoz, anunció la existencia de
tres estudios al respecto, ninguno de ellos fue realizado en el país ni está
enfocado en los impactos que el tratado tendría para Chile. Tras el fin del
proceso de negociación del acuerdo, Direcon ha anunciado en diversas
oportunidades la publicación de estudios de impacto, cuya entrega sigue
aplazándose.
Desde
una perspectiva de política internacional, la decisión de iniciar el proceso de
ratificación antes de las elecciones en Estados Unidos es compleja. Mientras
que Barack Obama ha
sido enfático en la importancia del TPP, la posición que tomará su sucesor
no es clara: Hillary
Clinton, Bernie
Sanders y Donald
Trump se han manifestado en contra del tratado.
Lo
anterior es relevante, puesto que la importancia del TPP parece tener mucho más
que ver con la relación estratégica de los países latinoamericanos con Estados
Unidos, que con su impacto económico. Aún cuando la probabilidad de que Estados
Unidos rechace el acuerdo es bajísimo, cabe preguntarse si tiene sentido ser
parte del tratado sin ellos. Luego, esperar el resultado de la elección
estadounidense significa agotar el plazo para evitar la certificación.
Esta
encrucijada no hace más que recalcar el carácter perverso del plazo de dos
años, que impide realizar un debate conociendo el contexto completo, para tomar
la decisión más acertada.
El
impacto que tendrá el TPP en el desarrollo futuro de los países latinoamericanos,
la región y el mundo, es inmenso. Tomar una decisión sin las condiciones
mínimas necesarias es altamente irresponsable y puede tener un costo altísimo a
largo plazo. No permitamos que salga el tiro por la culata.
Colectivo Acción Directa Chile –Equipo
Internacional
Junio 2 de 2016
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