RENUNCIAN FISCALES ANTICORRUPCION POR PERDONAZO JUDICIAL AL ‘RASPAO DE OLLA’ MOREIRA

“Fiscales Gajardo y Norambuena renuncian a la Fiscalía en rechazo a salida alternativa para Iván Moreira”

En El Dínamo –public. 19/1/18

Esta mañana, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron sus renuncias al Ministerio Público en rechazo a la salida alternativa ofrecida al senador UDI Iván Moreira, quien es investigado en el caso Penta por uso de boletas falsas, lo que lo dejaría sin una condena y solo con el pago de una multa.

“Los motivos están bastante claros y no hay mucho que decir al respecto“, afirmó Gajardo a la salida del Centro de Justicia, agregando que han sido “claros en lo que hemos podido hacer y lo que no hemos podido hacer” en medio de la investigación por estos delitos y que apunta a “las decisiones que se tomaron en las causas que empezamos a investigar en la Fiscalía de Alta Complejidad”.

(IN)JUSTICIA OFICIAL CIERRA EL AÑO ABSOLVIENDO DINOS QUE HICIERON DESAPARECER A DOS MIRISTAS

Cro. Carlos Gajardo Wolff

Los compañeros Luis Guendelman Wisniak y Carlos Gajardo Wolff fueron detenidos por las hienas de la DINA en septiembre de 1974. Ambos pasaron por diversos centros clandestinos de tortura y exterminio, perdiéndose su paradero posteriormente. Luego, en 1975, los nombres de estos cros. aparecerían en el montaje denominado “Operación Colombo” o Listas de l@s 119. Se repite la infamia de la (in)justicia oficial, que vuelve a actuar demasiado laxamente con los hijos de puta represores absolviéndoles o rebajando sus ya de por si exiguas penas   

El último día hábil de 2017, el poder judicial da a conocer la guinda de la torta respecto de su corrupta e indigna administración y aplicación de justicia. Resulta que la Corte de Apelaciones de Santiago redujo las condenas que deberán cumplir 15 sicarios de la funesta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que estaban acusados por la detención ilegal y desaparición forzada (secuestro calificado) de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR LUIS GUENDELMAN WISNIAK y CARLOS GAJARDO WOLFF. Tales ilícitos fueron perpetrados a partir de septiembre de 1974, en el marco del montaje dictatorial denominado "Operación Colombo".

‘HABEMUS FISCAL NACIONAL’, ¡PERO NO PUEDE INVESTIGAR A PENTA!

LA MAÑANA DE ÉSTE MÍERCOLES SE PRESENTO AL SENADO EL CANDIDATO DEL GOBIERNO PARA OCUPAR LA DIRECCION DE LA FISCALIA NACIONAL. POR LA TARDE, LOS MUY CORRUPTOS TRIBUNOS LE DIERON SU APROBACION, LUEGO QUE LES ASEGURARA QUE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO YA NO SERÍAN UN PROBLEMA

“Por la boca muere el pez”. Tal dicho popular le viene al dedillo a los comentarios de don Jorge Abbott, el peor es nada que el gobierno de la Nueva Mayoría (NM) propuso para ocupar el cargo de Fiscal Nacional y que fuera aprobado por el senado, luego que cueteara la presentación anterior de José Morales.  

Y es que el mismo Abbott había señalado que, de ser nominado en ese crucial cargo, se inhabilitaría de llevar la causa Penta que actualmente encabeza el fiscal nacional Sabas Chahuán. Lo anterior, debido a que su primo, el ex canciller de Tatán Piraña Alfredo Moreno, es presidente del Banco Penta.

Por supuesto que Abbott trató de suavizar la participación de su primito Alfredo en lo de Penta: “está vinculado no con la investigación penal, sino con empresas cuyos propietarios están involucrados a una investigación penal”.

Su autolimitada posibilidad de intervenir en un caso tan trascendental en la vida político-económica chilena reciente, la expuso el actual director ejecutivo de la Fiscalía Nacional ante los miembros de la comisión de constitución de la cueva del senado la mañana de éste miércoles 21, tras ser nominado por Bachelet al cargo.

La exposición de Abbott buscaba defender su nominación para suceder a Chahuán, quien luego de un primer período zigzagueante, terminó con un meritorio cometido a la cabeza del grupo de investigadores que intenta develar la trama de la corrupción político-empresarial evidenciada por los casos FUT, SQM, Penta y otros por el estilo.

Y tras una no tan ardua discusión y más breve votación en el senado, en la tarde de éste miércoles el señor Abbott fue aceptado como Fiscal por parte de tirios y troyanos (bueno, para el caso, casi todos bárbaros).

Fue alabado por la derecha, que ve el él una seria posibilidad de que se morigere la investigación de las implicancias del caso Penta. Por su parte y con el mismo fin, el de ‘hacerse la vida más liviana’, los vivos de la NM confían en que Abbott sea más mano blanda que Chahuán o cualquier otro nominado.

Lo deprimente para el futuro cercano, son las movidas que seguramente el elegido de todos, Abbott, ejercerá ahora a la cabeza de la Fiscalía. 

CASO PENTA: SIGUEN ENCARCELADOS LOS LADRONES, PERO EL SII NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE MUCHO

Para 4 de los 6 imputados, la 4ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva que había determinado hace una semana, por representar un peligro para la sociedad. No obstante, en estos días se ha hecho evidente que el Servicio de Impuestos Internos (SII) está jugando un rol entorpecedor de las investigaciones en torno al holding Penta y más allá, seguramente a fin de impedir que sepa de la vinculación entre empresarios hoy cuestionados y elementos de gobierno y de la Nueva Mayoría (NM).

LA CORTE NO SE TRAGO CONDUCTAS FILANTROPICAS Y LA ‘COOPERACION’ DE LOS DUEÑOS DE PENTA

La instancia, determinó hoy sábado mantener la prisión preventiva para 4 de los 6 imputados por el denominado Caso Penta y luego que las respectivas defensas intentaran revocar la medida cautelar decretada tras la formalización de hace una semana.  

Así, deberán permanecer cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Yáber, durante los 4 meses fijados para la investigación, los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner; y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez. Este último, en todo caso, ya estaba encarcelado, debido a sus reiterados robos al FUT cuando oficiaba de jefe del SII Oriente. 

En tanto, el magistrado Juan Escobar señaló que tras recibir los alegatos de todas las partes, resolvieron revocar la prisión preventiva para el ex gerente de Penta, Hugo Bravo y para el gerente de Contabilidad de la empresa, Marcos Castro. Ambos deberán ahora cumplir con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Vale decir que para lograr su salida de Capitán Yáber, los abogados defensores apelaron hasta la saciedad sobre la importancia para el proceso de las confidencias que ambos hicieran sobre los ilícitos de Penta.

En tanto, para Juan Martínez y Manuel Antonio Tocornal se mantuvo el arresto domiciliario nocturno y arresto domiciliario total, respectivamente.

En sus intervenciones, las defensas de los actuales internos de Capitán Yáber se jugaron todos sus cartuchos para lograr convencer al tribunal y revertir la prisión preventiva en contra de sus representados, o al menos cambiarlas por arresto domiciliario total.

En el caso de Carlos Alberto Délano, su defensa se centró en la trayectoria del empresario, aduciendo incluso su participación en obras benéficas, como haber formado parte del directorio de la Fundación Teletón. Esto, a juicio de los abogados, contradice el hecho de que sea considerado un peligro para la sociedad.

Respecto de Hugo Bravo, su defensora, Catherine Lathrop, esgrimió dos causales para lograr la libertad de su defendido: su precario estado de salud, el que sería incompatible con su calidad de “peligro para la sociedad”; y por otro lado el hecho de que su colaboración en la investigación fue inestimable en la obtención de datos que permitieran el resto de las formalizaciones.

Finalmente, sobre el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, su abogado reconoció que por la cantidad y gravedad de delitos que se le imputan -incluído el cohecho- es preciso otorgarle una medida cautelar, sin embargo pidió que esta sea cambiada a arresto domiciliario total.

Tras las presentaciones de los defensores, los querellantes presentaron sus argumentos sobre sostener la medida de prisión preventiva en contra de los 6 imputados. Incluso, en el caso de Manuel Antonio Tocornal, se pidió aumentar su cautelar desde el arresto domiciliario total a prisión preventiva. Por los demandantes, no intervino el fiscal nacional Sabás Chahuán, sino sólo y directamente el fiscal Carlos Gajardo, quien ha llevado la investigación del caso desde sus inicios.

CASO PENTA: LOS CULPABLES AL MENOS CONOCERAN LA CARCEL

“Hace siete años que vengo diciendo que las penas de delitos de corrupción tienen que aumentarse, tienen que ser coherentes, no puede ser lo mismo defraudar al Fisco que robar una gallina“

- Sabas Chahuán, fiscal nacional

Después de cuatro días de una muy larga audiencia de formalización de cargos, el juez Juan Manuel Escobar dio a conocer su resolución de medidas cautelares contra los 10 imputados en el caso Penta.

Acusadores, acusados y funcionarios judiciales comenzaron a agruparse desde poco antes de la 10:00 en la sala del 8° juzgado de garantía, del mamotrético centro de justicia. A continuación, siendo las 10:04, el magistrado emprendió la lectura en una sala atiborrada de gente. La primera parte de su exposición, la dedicó a explicar la normativa legal tributaria y a resumir todos los antecedentes que calificó como “serios y plausibles” y que utilizara para determinar su resolución final.

Escobar afirmó que, “los antecedentes son suficientes para seguir proceso penal en contra de los imputados”. Además, destacó que “los imputados Wagner, Álvarez y Martínez, fueron empleados públicos en el momento en que se cometieron estos ilícitos”, lo que agrava su implicancia. Por su parte, “Délano, Bravo, Lavín y Castro realizaron una conducta ilícita al entregar dinero para que realicen las acciones sancionadas en el Código Tributario. Estos delitos son de corrupción”.

En resumen, Juan Manuel Escobar dictaminó prisión preventiva para los controladores del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Igualmente, tendrán cárcel preventiva el ex gerente del holding, Hugo Bravo y el gerente de contabilidad Marcos Castro, además del ex subsecretario de Minería del Gobierno del Presidente Piñera, Pablo Wagner. La misma medida se tomó para el fiscalizador del SII, Iván Álvarez, el cual ya se encontraba detenido por fraude al FUT.

En tanto, para el gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal se decidió arresto domiciliario. El magistrado también determinó firma semanal y arraigo nacional para el lobista del holding, Carlos Bombal, y para el representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, Samuel Irarrázaval. El juez abrió un pequeño debate para definir la cautelar para Juan Martínez, decidiéndose finalmente para él arresto domiciliario nocturno.

Rápidamente, luego de terminada la lectura de la sentencia, personal de gendarmería entró a buscar a los que se quedaban detenidos. Fue una imagen largamente anhelada por todos aquellos que deseábamos que, siquiera por un día, los delincuentes empresariales que en realidad mandan en este país sintiesen un poco la acción de la justicia. A continuación, los malhechores que quedaron con prisión preventiva fueron conducidos hasta el penal Capitán Yáber.

En la parte final de la audiencia de formalización se determinaron 120 días para la investigación, lo que ciertamente es un tiempo muy breve como para recabar las evidencias sobre las más de dos décadas de estafas y corrupción de la verdadera ‘máquina defraudadora’ que es Penta.

Por cierto, tras conocer la resolución, la defensa de los dueños de Penta Délano y Lavín señaló que presentarán una apelación, pues “consideramos que la medida interpuesta contra mis representados no se justifica en este caso”.

Este inicio de juicio demuestra varias cosas: primero y rápidamente, que se requiere elevar las penas para los delincuentes de cuello y corbata, así como para los funcionarios públicos que reciben sobornos. Además, que se pasen a investigar extensa y profundamente las relaciones del capital financiero con los politicastros del estrato político-civil.

Alguna luz se ve sobre la posibilidad de citar al estrado a los delincuentes de la ‘arista política’. Así, el fiscal Chahuán anuncia que los primeros en ser citados serán el ‘raspado de olla’ Moreira y la senadora por secretaria Ena von Baer.

Finalmente, acerca de los antecedentes conocidos ayer según los cuales Bancorp, una de las empresas de Sebastián Piñera, estaría involucrada con Penta mediante contratos a futuros presuntamente irregulares, el fiscal nacional aseguró que no fue la fiscalía la que entregó el nombre del ex Presidente, sino la defensa. “El fiscal Gajardo estaba argumentando sobre la base que había una cantidad importante de contratos forwards -104- involucradas en distintas sociedades y leyó dos”, puntualizó, detallando además que el documento no está firmado por Piñera.

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

Colectivo Acción Directa - CHILE

Marzo 7 de 2015

CASO PENTA: SEGUNDA JORNADA DE FORMALIZACIONES Y LA GUINDA DEL ‘CHOCLO’

"Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile"

- Carlos Délano, dueño de Penta

"Basta de analizar las declaraciones del señor Délano diciendo que Penta ha dado grandes beneficios al país; o sea, los carteles de droga también generan empleo, dinero y trabajos, su señoría" 
- María Horvitz, consejera CDE

Y se nos fue la segunda jornada de formalización de cargos, de presentaciones de los querellantes faltantes y de sendas argumentaciones de las defensas de 6 de los 10 acusados en la ‘arista’ tributaria-delincuencial del ‘caso Penta’.

Fuera del debate en la sala y desde muy temprano, de un lado y otro, se vivió un vendaval de tuiteos y de frases rocambolescas. En las afueras del Centro de Justicia, el ‘choclo’ Délano se dio el lujo de leer una declaración a la prensa, donde, aparte de declararse inocente, tuvo el carerrajismo suficiente para afirmar que Penta había generado puras bondades para miles de chilenos. Carlos Bombal, un paniaguado de Penta, repitió más o menos lo mismo, agregando que, inclusive, Délano y Lavín eran unos verdaderos aportes al progreso del país  

Las réplicas, llegaron por el lado de la consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Horvitz: "Los carteles de droga también generan empleo, dinero y trabajos su señoría". "Son personas que se aprovechan de posiciones de poder, lo que queda patente en esta causa, actúan a través de mecanismos sofisticados contra la ley". "¿De cuántos actos de corrupción estamos hablando? Esta es la punta del iceberg". Luego, también desde la banca de los acusadores, atacó el abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII): "No hay una sola de las 18 declaraciones que presentaron estas empresas en seis años que no sea falsa". Finalmente, hizo lo suyo el abogado querellante por el PS, Enrique Aldunate: "Estamos en presencia de una organización delictiva".

Agreguemos que el CDE, implicado en la causa a partir de lo que estiman un gran perjuicio a las arcas fiscales por parte de los acusados, en boca de otro abogado, Juan Ignacio Piña, confirmó que la instancia pidió prisión preventiva para siete de los 10 imputados: Carlos Délano, Carlos Lavín, Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Juan Martínez, estos dos últimos corruptos funcionarios del SII. “El marco en el que nos vamos a mover va a ser sin duda la privación de libertad de estos imputados”, anunció Piña.   

Como era esperable, las defensas de los acusados dueños de Penta, Délano y Lavín, mantuvo la estrategia de apuntar como culpable de todos los males al ex contador del holding Hugo Bravo. Un abogado de la defensa de los primeros, comenzó criticando las expresiones del fiscal Carlos Gajardo, en relación a que sus clientes tenían una “máquina para defraudar al fisco”. Según el defensor, estas palabras del representante del Ministerio Público constituyen un discurso “para las cámaras” y no son un buen precedente para la investigación. “El tribunal no está atado a las peticiones de la galería ni a las interpretaciones de la prensa”, según él y a su juicio, “lo que ha quedado en evidencia es que la Fiscalía tiene serios problemas de proporcionalidad con las medidas que está solicitando”, sentenció. Entonces, lanzó el grueso de su argumentación: Penta “ha aportado al fisco más de 78 mil millones y la evasión correspondería a sólo un 3% de los impuestos pagados”, al tiempo que afirma que el caso no es la historia de una empresa que corrompe a funcionarios públicos, es la historia de funcionarios públicos corruptos que logran obtener beneficios de una empresa al amparo de Hugo Bravo, que traicionó (¿?) su confianza después de años de trabajo. Ello, sin duda, fue un mero sofisma, por cuanto el mismo monto de lo defraudado (no digamos los aportes extralegales a los politicastros de la UDI y algunos de la Nueva Mayoría) invalida el desconocimiento y la falta de consentimiento de los delincuentes dueños de Penta.  

Mañana viernes se espera la exposición de cuatro defensas, incluyendo la de Hugo Bravo, que fue constantemente apuntado en los descargos de hoy, y luego está destinado un tiempo para réplicas, por lo que la audiencia podría extenderse más allá de este viernes.

Y tampoco hoy el gobierno dijo nada en referencia al proceso de formalización de los delincuentes de Penta, lo que evidencia el rechazo de la NM en aparecer haciendo escarnio de la derecha y el empresariado, en circunstancias que todavía les pena el caso Dávalos-Compagnon y por temor a que les enrostren los casos de los parlamentarios y autoridades del conglomerado que recibieron su billete en la otra ‘arista’ de estos negociados, la arista política, la que poco a poco se ha ido abriendo paso. Tal vez en este caso debamos aplicar ese viejo refrán: “entres bueyes no hay cornadas”.

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA –CHILE

Marzo 5 de 2015

CASO PENTA: FORMALIZADOS LOS DUEÑOS Y ALGUNOS BENEFICIARIOS DE LOS DELITOS

"Son más de mil las boletas y facturas falsas... penas probables que exceden los 5 años y un día, ante la reiteración... lo que ha habido acá es una cultura de la evasión en este grupo económico, desde el más alto ejecutivo hasta el último junior, todos daban boletas falsas. Lo que [se] ha constituido en Penta es una máquina para defraudar al Fisco"

- Carlos Gajardo, fiscal del Ministerio Público

Hoy se desarrolló la primera audiencia de formalización de cargos en contra de los 10 directivos y ejecutivos implicados en el escándalo político-financiero llamado ‘caso Penta’. Esta verdadera hidra, cuyas extensiones conmueven la ética y política nacionales desde agosto pasado, ha permitido exponer una parte de los sucios y espurios vínculos entre el estrato político y el gran empresariado.

Se trata de los controladores del grupo Penta, ejecutivos del mismo holding y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), todos acusados de integrar una ‘máquina defraudadora’ de los recursos de los chilenos a través de la falsificación de documentos, utilizando gran parte de los dineros escamoteados en las campañas de distintos politicastros. En el caso de Penta, ellos iban sobre todo en apoyo de la UDI, aunque su poco les cayó a Velasco y al actual ministro DC Undurraga.

La investigación del caso es liderada por el fiscal nacional Sabas Chahuán, y los persecutores Carlos Gajardo, Pablo Norabuena y Emiliano Arias. En la ocasión, el fiscal Gajardo, aseguró que los ladrones dueños de Penta robaban para ellos, sus familias y amigotes, desde ¡1990!

Y los nominados son:

1. Carlos Alberto Délano: fundador y socio de Penta; imputado por delitos tributarios y por soborno; con solicitud de medida cautelar de detención preventiva “por ser un peligro para la seguridad de la sociedad”;

2. Carlos Eugenio Lavín: ídem al anterior y también con cautelar de detención preventiva;

3. Hugo Bravo López: ex director y gerente de Penta; imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos; con medida cautelar solicitada de detención preventiva domiciliaria y arraigo nacional;

4. Manuel Antonio Tocornal: gerente general corporativo de Penta; imputado por delitos tributarios; con medida cautelar solicitada de detención domiciliaria;

5. Pablo Wagner San Martín: ex subsecretario de minería de Sebastián Piñera, militante UDI; se le imputa cohecho y lavado de activos; quedó para mañana jueves la solicitud de medida cautelar de detención preventiva;

6. Carlos Bombal: ex senador UDI y actual asesor de Penta; imputado por delitos tributarios; con solicitud de medida cautelar de firma semanal;

7. Iván Álvarez Díaz: ex fiscalizador del SII; imputado por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos; con solicitud de medida cautelar de detención preventiva;

SQM, PENTA, LA DERECHA Y LA NUEVA MAYORIA; ALGO HUELE MUY MAL

“Frente a una descomposición de los partidos políticos que sigue acentuándose, especial pero no únicamente en la derecha, se observa a la ansiedad empresarial por saltarse, en forma cada vez más tosca, todo ámbito institucional para negociar por sí mismo, como si se tratara de un poder político legítimo”

- Carlos Ruiz, Fundación Nodo XXI

La minera no metálica SOQUIMICH (SQM) se hizo famosa en octubre de 2013 por el bullado caso “Cascadas”[1], un delito sobre información privilegiada que beneficiaba a su dueño, Julio Ponce Lerou, a sus hijos y a sus amigotes del capital financiero chilensis. Recordemos que Ponce se hizo de la estatal SOQUIMICH durante la dictadura de su entonces suegro Augusto Pinochet, después montó una madeja de sociedades de papel bajo un esquema de cascada, para traspasar entre ellas acciones de empresas relacionadas cuya variación de precios conocía de antemano. Antes de lo las “Cascadas” Ponce ya había hecho noticia, pues en 2010 se supo que SQM tenía el directorio mejor pagado de todas las empresas chilenas, y Ponce era el director estrella: ganó $1.599 millones sólo en esa empresa ese año.

Ante la debacle, el hombre fragmentó el holding[2], mantuvo la estructura societaria en el extranjero y tanteó la posibilidad de vender su parte a capitales canadienses. Pero lo más significativo de su estrategia de escape de la tenaza de la SVS, con vistas a eximirse de la obligación de elaborar o entregar una serie de antecedentes financieros e incluso mantener dicha información[3], fue cambiar la cadena de control sobre la cascada de SQM pasando de ser un grupo de empresas de sociedades anónimas a uno de sociedades de responsabilidad limitada. Luego que el desplome del valor de los papeles de SQM y la investigación de la Súper de Valores y Seguros (SVS) lo hicieran volver a éste mundo, su fortuna y sus amigos ayudaron a Ponce Lerou a salir adelante. Su ingente riqueza y las redes que supo fabricar entre la derecha y la ex Concertación, llevó al retorcidamente astuto Ponce Lerou a transformarse en mecenas de una variopinta gama de politicastros, lo que le había permitido obtener la tranquilidad necesaria para seguir haciendo lo suyo. Eso, hasta que estalló el escándalo del agiotista y ratero grupo Penta.

El pasado agosto, el Servicio de Impuesto Internos (SII) se encontraba investigando un caso de fraude al FUT[4] por parte de un funcionario suyo (Iván Álvarez) y descubre que están involucrados los dueños del holding Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los denuncia el 26 de ese mes ante la justicia, específicamente ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, para que se les investigue por la presunta utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada. En suma, “por presunto delito tributario en el marco del denominado caso FUT.[5]”

El 10 de octubre recién pasado,  a dicha transgresión tributaria se le agrega el delito político-administrativo[6], la “arista política”, al conocerse las declaraciones del ex ejecutivo del Grupo Penta, Hugo Bravo, sobre financiamiento irregular de campañas políticas. Éste canta los nombres de los politicastros comprometidos[7] y también detalla los procedimientos que se seguían al interior del grupo para escoger a los beneficiados y canalizar los pagos.

Siguiendo con la historia de SQM, agreguemos que el 22 de octubre pasado[8] se sabría que dicha empresa, junto con la CMPC, CENCOSUD y METALPART, estaban siendo investigadas en Argentina por evasión tributaria. O sea, Ponce seguía en lo suyo. Pero lo más sabroso se vendría luego, ya a comienzos de enero[9], cuando la prensa relata que el fracadísimo ex candidato UDI a la presidencia Joaquín Lavín habría recibido aportes ilegales de parte de la minera. Eso sería el comienzo de una historia en que SQM[10] y Penta se entrecruzan con otras empresas[11], todas las cuales se encargan de financiar a sus representantes en la arena política. No está demás decir que todas ellas están siendo investigadas por el Fiscal Carlos Gajardo, lo que puso tiritones a varios personajes de la política y la economía.

PENTA, WAGNER Y CIA., SQM, CASCADAS Y OTRAS EMPRESAS RATERAS (II)

Decíamos anteayer que en estos tiempos de incontrarrestable poderío del capital monopólico-financiero sobre lo económico y social, no resulta extraño que ello también se exprese en el nivel jurídico-político. Al contrario, es la norma. Ahora, intentáremos poner al trasluz algo de lo que se va conociendo sobre las redes ilícitas que desplegaba el gran capital, a fin de obtener utilidades fraudulentas y de paso financiar sus representantes en la esfera de la política.

Hasta el momento, las situaciones que el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la justicia han ido develando en el ámbito de la encubierta relación empresarios-politicastros y sus fraudulentas operaciones, son, de una parte, la inmensa estafa al fisco, con ocasión del robo corporativo al FUT; de otra, la enmarañada red de conexiones entre las sociedades del grupo financiero Penta con un surtido de políticos conservadores y con otras empresas; finalmente, vínculos similares a los anteriores, pero a partir de otras corporaciones. Algunas de estas, e. g. Soquimich (SQM), participan en varios ejes, lo que da pie a afirmar que los confabulados conforman un gran entramado delictual, de insospechadas dimensiones y cuyas acciones podrían salpicar, aparte de la derecha y a Velasco, a sectores de la Nueva Mayoría (NM).

En pocas palabras, el negocio funcionaba así: Penta y otras empresas, lograron que gente corrupta del SII[1] les devolviera montos excedidos fraudulentamente por concepto de devolución del FUT (perdía el fisco); a partir de estas entradas ‘extras’, aunque no necesariamente, las empresas beneficiadas realizaban aportes a las campañas electorales de políticos afines a los intereses del gran capital, a veces de manera desmedida para así tenerlos bien cebados; el politicastro extendía, por medio de otras empresas comprometidas, facturas que justificaban el aporte mediante la declaración de un servicio nunca prestado y menos al político receptor del dinero, plata que además éste no incluía en su gasto electoral; dichas facturas eran ingresadas a la contabilidad interna de las primeras empresas, para luego recabar una rebaja de impuestos por la vía de la emisión de facturas (volvía a perder el fisco). Y así sucesivamente, hasta que la dirección del SII dio cuenta del fraude al FUT, en junio pasado, y se vino la bola de nieve sobre todos.  

Como decíamos en nuestro análisis anterior, hace dos meses (exactamente el 7 de noviembre),[2] el fiscal oriente Carlos Gajardo envió un informe al SII. En él incluía una serie de testimonios y facturas que evidenciaban que los pagos irregulares vinculados a campañas políticas no eran exclusivos de las empresas Penta. La convicción del fiscal se instaló después de las declaraciones que recogió la Fiscalía en el entorno de Pablo Zalaquett. El escrito de Gajardo contenía dos testimonios clave respecto de éste último fantoche de la UDI:

1.- El de Luis Chaparro Cavada, quien en octubre de 2014 entregó detalles del trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital –con quienes se vinculó el año 2006. Chaparro da cuenta de que el primer pago que recibieron fue por $10 millones y se facturó a nombre de CorpBanca, pese a que nunca le prestaron asesoría al banco de Álvaro Saieh. En mayo de 2013, la misma Pekadocapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) –según consta en el informe del fiscal– debió facturar a nombre de SQM. Los servicios eran para la campaña senatorial de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5 facturas por $3 millones y medio cada una. La última factura en el período de campaña fue a nombre del mismo Zalaquett por 5.250.000, con fecha 14 de noviembre de 2013.

PENTA, WAGNER Y CIA., SQM, CASCADAS Y OTRAS EMPRESAS RATERAS

En estos tiempos de dominio sin contrapeso del capital monopólico sobre lo económico, sobre la existencia social y la vida de cada uno de nosotros, no resulta extraño que ello también se exprese en la dirección del aparataje superestructural. Cuando se trata de mantener la riqueza y las prebendas, a nuestra clase dominante ya no le importa ni esa democracia que dice reverenciar o su misma legalidad y tiene que comprar, así como en la antigua y farisaica república romana, el poder que la represente mejor en la arena de la política.

El pasado 20 de noviembre, María Carolina de la Cerda, cuñada del tristemente célebre Pablo Wagner, reconoció ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que emitió boletas ideológicamente falsas para justificar los pagos que les habían hecho distintas compañías del grupo Penta,[1] el holding del “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín,  a una sociedad que administraba un ‘kiosko’ de merchandising dentro de la UDD donde ella oficiaba de contadora, y cuyos socios eran Wagner, Ernesto Silva (presi de la UDI y sobrino del “choclo”), Vasco Moulián y William Díaz (ex vicepresidente de ENAMI).[2] El monto, de acuerdo a la querella interpuesta por el SII en contra de Wagner y de la Cerda el pasado 9 de enero,[3] habla de un total oficial de $120 millones en más de 50 boletas. Acerca del cómo se establecía el contacto para que los documentos siguieran su camino contable, de la Cerda reveló: “Yo le enviaba por correo electrónico las boletas a Pablo y desconozco si era él quien enviaba posteriormente las boletas a Penta. Yo solamente recibía la devolución de impuestos en base a las boletas de honorarios, con la cual me quedaba íntegramente. A su pregunta, yo no tenía ningún contacto con nadie de las empresas del grupo Penta, aunque yo sabía que Pablo había trabajado allí”.

Del lado de Penta, la cosa sucedía así: Juan Armijo, el tesorero de las Empresas Penta, reveló que para pagarle a Wagner lo hacía a través del ex director del grupo, Hugo Bravo. “Recuerdo que Hugo Bravo me comenzó a entregar una boleta manual a nombre de María Carolina de la Cerda Íñiguez. Según recuerdo por montos que me parece que comenzaron con 3 millones y luego creo que subieron a 4 millones, que se pagaban mensual o bimensualmente”, dijo Armijo y con sus dichos da a entender que sí les era conocida la sra de la Cerda. Básicamente, dichas platas comenzaron a pagarse cuando Wagner asumió en 2010 como subsecretario de Minería. La tesis del fiscal Carlos Gajardo -por eso busca formalizarlo por cohecho y blanqueo de capitales- es porque detrás de las coimas está el “choclo”, en momentos que se desarrollaba su proyecto minero Dominga.[4] Es por todos estos ilícitos, corrupción, fraude tributario y lavado de dinero, por los que la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente formalizó el 9 de enero a los dueños del grupo Penta,[5] Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y al ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, específicamente este último por cohecho y lavado de dinero.

Según el ex director de Penta Hugo Bravo, cuando asumió en la secretaría de Estado, Wagner habló personalmente con Délano para pedirle la plata y las boletas las entregaba su cuñada. “El pago -dijo Bravo- no tenía justificación, salvo que fuera para ayudar con el proyecto como subsecretario. De hecho dejó de ser subsecretario y no hubo más dinero que se le pagara a Wagner. Le pregunté a Carlos Eugenio Lavín que hacíamos y si les seguíamos pagando y él me dijo que dejara de pagarle”, insistió Bravo.

Hay que recordar que Wagner también es investigado por falsificación de documento público y cohecho, por el fiscal Centro Norte, José Morales, en el marco de la fallida licitación del litio de 2012. En la oportunidad, la ganó Soquimich (SQM) por US$40,1 millones, pese a que no cumplía con lo requerido por la autoridad. Este hecho derivó en la renuncia de Wagner y la jefa jurídica del Ministerio de Minería, Jimena Bronfman. Esta última será formalizada por falsificación de instrumento público. Respecto de Wagner, aún el fiscal no ha tomado una decisión. Otro sí, corresponde a la querella del SII del 9 de enero y de la cual surgió la orden de citar al representante legal de SQM, como también la entrega de la información contable a la fiscalía.