Para 4 de los 6 imputados, la 4ª Sala de
la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar de prisión
preventiva que había determinado hace una semana, por representar un peligro
para la sociedad. No obstante, en estos días se ha hecho evidente que el
Servicio de Impuestos Internos (SII) está jugando un rol entorpecedor de las investigaciones
en torno al holding Penta y más allá, seguramente a fin de impedir que sepa de la
vinculación entre empresarios hoy cuestionados y elementos de gobierno y de la
Nueva Mayoría (NM).
LA CORTE NO SE TRAGO CONDUCTAS FILANTROPICAS Y
LA ‘COOPERACION’ DE LOS DUEÑOS DE PENTA
La
instancia, determinó hoy sábado mantener la prisión preventiva para 4 de los 6
imputados por el denominado Caso Penta y luego que las respectivas defensas
intentaran revocar la medida cautelar decretada tras la formalización de hace
una semana.
Así,
deberán permanecer cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo
cárcel Capitán Yáber, durante los 4 meses fijados para la investigación, los dueños
de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; el ex subsecretario de
Minería de Piñera, Pablo Wagner; y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos
Internos, Iván Álvarez. Este último, en todo caso, ya estaba encarcelado,
debido a sus reiterados robos al FUT cuando oficiaba de jefe del SII Oriente.
En
tanto, el magistrado Juan Escobar señaló que tras recibir los alegatos de todas
las partes, resolvieron revocar la prisión preventiva para el ex gerente de
Penta, Hugo Bravo y para el gerente de Contabilidad de la empresa, Marcos
Castro. Ambos deberán ahora cumplir con arresto domiciliario total y arraigo
nacional. Vale decir que para lograr su salida de Capitán Yáber, los abogados
defensores apelaron hasta la saciedad sobre la importancia para el proceso de
las confidencias que ambos hicieran sobre los ilícitos de Penta.
En
tanto, para Juan Martínez y Manuel Antonio Tocornal se mantuvo el arresto
domiciliario nocturno y arresto domiciliario total, respectivamente.
En
sus intervenciones, las defensas de los actuales internos de Capitán Yáber se
jugaron todos sus cartuchos para lograr convencer al tribunal y revertir la
prisión preventiva en contra de sus representados, o al menos cambiarlas por
arresto domiciliario total.
En
el caso de Carlos Alberto Délano, su defensa se centró en la trayectoria del
empresario, aduciendo incluso su participación en obras benéficas, como haber
formado parte del directorio de la Fundación Teletón. Esto, a juicio de los
abogados, contradice el hecho de que sea considerado un peligro para la
sociedad.
Respecto
de Hugo Bravo, su defensora, Catherine Lathrop, esgrimió dos causales para
lograr la libertad de su defendido: su precario estado de salud, el que sería
incompatible con su calidad de “peligro para la sociedad”; y por otro lado el
hecho de que su colaboración en la investigación fue inestimable en la
obtención de datos que permitieran el resto de las formalizaciones.
Finalmente,
sobre el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, su abogado reconoció que
por la cantidad y gravedad de delitos que se le imputan -incluído el cohecho-
es preciso otorgarle una medida cautelar, sin embargo pidió que esta sea
cambiada a arresto domiciliario total.
Tras
las presentaciones de los defensores, los querellantes presentaron sus
argumentos sobre sostener la medida de prisión preventiva en contra de los 6
imputados. Incluso, en el caso de Manuel Antonio Tocornal, se pidió aumentar su
cautelar desde el arresto domiciliario total a prisión preventiva. Por los demandantes,
no intervino el fiscal nacional Sabás Chahuán, sino sólo y directamente el
fiscal Carlos Gajardo, quien ha llevado la investigación del caso desde sus
inicios.
