miércoles, 31 de mayo de 2017

ANTE LA PRESION DE FAMILIARES REABREN CASO DE LA MASACRE LAJA-SAN ROSENDO

Dramático reconocimiento por su esposa de uno de los cros. DD 

Tras cerrar por segunda vez la investigación, fue reabierto el sumario en el caso de la Masacre de Trabajadores de Laja-San Rosendo, tras acoger el ministro que investiga la causa una diligencia solicitada por el Programa de DD.HH. y que apunta a la complicidad de civiles en los asesinatos de 19 trabajadores de la CMPC y de Ferrocarriles. Huelga decir que dicha presentación es fruto de la perseverancia de familiares de las víctimas

La verdad sea dicha, fueron los familiares de los 19 compañeros los que han venido dando una dura batalla para que al fin se haga verdad y justicia en éste terrible drama. De hecho, el pasado 20 de mayo, representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Ejecutados  Políticos de Laja y San Rosendo, llegaron a la Corte de Apelaciones de Concepción para entregar una carta, cuestionando la decisión del Ministro en Visita para causas por violación de DD.HH., Carlos Aldana, de negar por segunda vez el procesamiento de civiles en este caso.

Fue a la salida de los tribunales en la capital regional donde familiares de víctimas del denominado Caso de la Masacre de Trabajadores de Laja-San Rosendo, que se manifestaban a las afueras, increparon al juez Aldana quien recordemos ha encabezado una serie de diligencias, tanto en Concepción, como en las comunas de Laja y San Rosendo, con el fin de aclarar los hechos 


ocurridos en 1973, y que hoy en día tiene molestos a los familiares por el rechazo de procesar a civiles, quienes esos años estaban vinculados a CMPC, y que mencionan estuvieron involucrados en los mencionados hechos.

Para Gloria Urra –una de las familiares- está claro y existen pruebas en el sumario para inculpar a civiles como cómplices de los carabineros en retiro, que hasta ahora aparecen como únicos responsables de la llamada matanza de Laja-San Rosendo, “todos estaban en conocimiento de los hechos que ocurrieron en Laja“.

Recordemos que en el mes de enero del presente año, la Agrupación había tomado como una noticia alentadora la posibilidad de continuar las diligencias e investigaciones por responsabilidades de civiles en los hechos represivos ocurridos en Laja y San Rosendo luego del Golpe militar de 1973, y que hasta ahora veían como el proceso se cerraba sólo con la responsabilidad comprobada de los uniformados.

Luego de proseguir en su demanda de verdad y justicia ente el Programa de Derechos Humanos y los abogados querellantes en la causa, los familiares y compañeros de los asesinados trabajadores de la Papelera lograron que el ministro Aldana se allanara a avanzar en el procesamiento de los ex funcionarios de la CMPC colaboracionistas del genocidio militar. Ante la eventualidad que la justicia local se negase a su legítimo requerimiento, habían evaluado una apelación si es que su solicitud hubiera sido rechazada, no descartando llevar la causa ante la Corte Suprema o instancias internacionales.

Finalmente, lo que permitió reabrir el sumario es un careo entre quien fuera el abogado de la papelera en su planta de Laja, Luis Garrido Avilés, con el administrativo también de esa compañía, Fernando Morales Cifuentes.

De acuerdo al abogado del Programa de Derechos Humanos -dependiente del Ministerio de Justicia- Patricio Robles, con esta diligencia se busca probar que civiles, puntualmente los empleados de la CMPC, colaboraron con los policías hoy procesados por los alevosos crímenes perpetrados, luego de la detención de los trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles, antes de ser ejecutados en septiembre de 1973.

El careo fue programado para el 6 de junio próximo, mientras que en paralelo la Corte de Apelaciones podría revisar los recursos que buscan el procesamiento de cinco ex ejecutivos y ex funcionarios de la CMPC como cómplices de los homicidios.
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¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!


Colectivo Acción Directa CAD –Chile
Mayo 31 de 2017

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