“Caso Caravana de la Muerte
Mario Carroza: ‘Estamos listos para dictar
acusación contra Cheyre’”
En
entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el ministro en visita que
ha investigado múltiples causas de DDHH repasó desde la participación de Juan
Emilio Cheyre en caso Caravana de la Muerte, su meta de cerrar todos los casos
antes de 2020, y una evaluación sobre la crisis de confianza que viven las
instituciones
La oficina de Mario
Carroza está prácticamente vacía, como si se hubiese cambiado recién. Y así
fue. El magistrado inaugura su nuevo lugar de trabajo -ubicado en Compañía frente a la Corte Suprema- recibiéndonos en su despacho.
Cuatro
legajos de archivos amontonados en su escritorio parecen ser lo único en lo que
se ha alcanzado a poner al día después de la mudanza. Así, y con el monitor de
su computador mirando a la muralla, Mario Carroza, el ministro en visita de las
causas de derechos humanos más mediáticas y controversiales, se sienta, respira
y se dispone a responder.
Hace
uno o dos años usted decidió reabrir el caso Caravana de la Muerte. En ese caso
no se descarta la posibilidad de una participación del ex Comandante en Jefe
Juan Emilio Cheyre.
Él
está procesado. Después de haber reabierto esa causa se le procesó como
cómplice, dentro de otros oficiales. Hubo otros procesamientos, pero este fue
el más significativo y el que causó más polémica. Ahora estamos a punto de
dictar una acusación respecto de su participación y la de los otros en ese
episodio de la Caravana. Estamos listos para dictar la acusación para que él se
defienda y podamos dictar una sentencia de aquí a fin de año.
¿En
qué antecedentes se basa la acusación?
En
que hay conocimiento de una forma de participar que no es activa -tal vez-,
pero sí es un conocimiento de qué se estaba planeando, qué se estaba
ejecutando.
Existen
trascendidos que afirman que Cheyre habría emitido órdenes en el caso. ¿Hay
evidencia de eso?
Hay
documentos en el proceso. Eso es un tema que cuando se llegue a la sentencia
definitiva va a tener que valorarse. Hay documentos donde se señala que estas
personas habrían sido llevadas al Consejo de Guerra, cuya existencia nunca se
pudo comprobar, y que habían sido sentenciados a muerte en razón de ese Consejo
de Guerra. Eso es lo que se les comunica a los familiares. Ese documento está
firmando por el señor Cheyre. Es un documento que existe y que él firma.
¿Qué
otros casos se encuentra investigando?
En
2010 comienza una etapa en la que recibo todas las querellas y requerimientos
que me hace una fiscal judicial sobre los casos de ejecutados políticos que no
habían sido investigados. Dentro de todos esos ejecutados me encuentro con los
casos del señor (Salvador) Allende, don Pablo Neruda, reabriendo el caso
Quemados, Boinas Negras… Todos estos procesos me corresponde terminarlos e
investigarlos. Por el otro lado, también investigué la causa de Jaime Guzmán.
Hemos
ido dictando sentencia, condenas, en caso significativos como Pisagua, que era
una situación que estaba pendiente hace mucho tiempo, lo mismo con el caso
Tocopilla. Son situaciones que vamos generando en el tiempo. Las causas que
tendrían que fallarse ahora serían caso Quemados, donde se determinó
responsabilidad no valorada en su momento.
¿Qué
nuevo se supo sobre el Caso Quemados?
Terminó
condenándose por cuasi delito de homicidio al que era el jefe de la patrulla,
por una “negligencia”, pero yo estimo -y hacia eso apunta mi acusación- que
esto dice relación con un homicidio respecto de una colusión de las personas
que llegaron ahí. No de los conscriptos porque ellos no mandaban, sino que de
los oficiales, que eran unos del servicio de inteligencia y otros del Ejército.
¿Esto
habría surgido a raíz de los testimonios de ex conscriptos?
Sí.
De dos o tres que fueron saliendo con el tiempo. Además se han ido corroborando
esas mismas situaciones. Efectivamente hubo un espacio de tiempo en el que se
trató de exculpar al Ejército de esa participación y se les echaba la culpa a
los Carabineros. Finalmente hubo que reconocer que era el Ejército. En este
sentido, mi estimación ha sido más genérica y dice que aquí no hay solo
participación del que era el jefe de patrulla y por una “negligencia”, sino que
las cosas se hicieron intencionalmente.
Que
se hayan distorsionado las culpabilidades, ¿es esa una tendencia en los
diferentes casos?
Ha
habido varios. En el caso, por ejemplo, del General Bachelet, donde se señalaba
que había muerto de forma natural. Yo consideré que no.
Son
fundamentalmente investigaciones y casos que se cerraron, que se señaló “acá no
hay nada”, se han reabierto, se han investigado más y se ha descubierto que hay
responsabilidades e intencionalidades. Está el caso del yerno del General
Contreras en el tema de Bautista Von Schouwen.
Todas
esas son situaciones que uno va investigando y va estableciendo cuál es la
verdadera responsabilidad de estas personas. No hay un ánimo de persecución
hacia personas que hayan estado en el Gobierno Militar, o que hayan sido parte
de las FF.AA., sino que a aquellos que sí fueron responsables, personas que sí
tuvieron intencionalidad de eliminar, de secuestrar, de detener ilegalmente, de
interrogar, de torturar. Bueno, esas personas que se hagan responsables de que
-efectivamente- incurrieron en una conducta que era dolosa.
En
el caso del General Bachelet se especuló también con el involucramiento del
General Fernando Matthei, ¿eso no se pudo comprobar?
En
mi concepto, y así es como resolví, los antecedentes no entregaban una
participación intencional (de Matthei).
Un
timbre difícil de percibir interrumpe la gesticulación del magistrado. Es el
teléfono que, lejos del clásico “ring”, obliga a detener la conversación. Se
apoya en el respaldo de su asiento y mira la grabadora como señalando algo.
Corto la grabación para evitar incomodidades. El interlocutor parece estar
equivocado. Cuelga y retomamos.
¿Cómo
ha sido esto de involucrarse tanto en casos de derechos humanos? Me
imagino tiene una carga emocional importante…
Hablando
desde el punto de vista personal, efectivamente eso es una carga que uno acepta
porque el sistema judicial debe cumplir con su deber. Pero también somos seres
humanos. Y como persona hay ciertas cosas que afectan, unas más que otras. Uno
tiene que ver cómo organizar su vida de tal manera que esto no sea algo que lo
atrape, sino que sea parte de la labor, pero también con una conducta humana,
con una persistencia de lograr los resultados y de saber que está haciendo algo
justo, algo que es necesario. Esto es algo que debe hacerse, alguien tiene que
hacerlo. Igual uno tiene su tarjeta de vencimiento. En un momento dado
anímicamente no sé si uno tendrá la misma fuerza con la cual empezó.
¿Le
ha tocado vivir en este escenario, episodios ingratos?
Sí.
Bueno, yo creo que por las redes sociales de todas maneras. Yo he sido una
persona que ha tratado de hacer las cosas con objetividad: aquel que tiene
responsabilidad, debe pagar, y aquel que no, debe ser liberado de esa
responsabilidad. Cuando sufrí un asalto en mi casa, hace un tiempo, todos pensaron
que a lo mejor tenía algo que ver (con mi trabajo). Y no. Yo he recibido
amenazas, que después se han investigado y se ha determinado que son de
personas individuales. No son amenazas que uno pudiera decir que se llegaron a
concretarse o que uno pudiese temer por su vida. Yo pienso que el juez debe
seguir adelante. Si no estoy yo, estará otro. Eso no va a quitar que puedan
atentar contra mi vida, pero después eso no va a terminar ahí. Los derechos
humanos tampoco se van a terminar ahí.
¿Ha
tenido que tomar medidas de seguridad especiales?
En
algún momento se tomaron. Cuando estaba el caso de Allende, de Bachelet, se
tomaron algunas medidas. Para el caso Guzmán, con el Frente Patriótico… Pero
como que me resultan complicadas. Eso de tener resguardos… Cada vez me sentía
incómodo con las medidas, entonces las medidas terminaban.
Los
años 90’ eran más peligrosos. Ahí recibía llamados telefónicos, para el caso de
Corbalán o del “Gurka” (Francisco Zuñiga), gente muy especial… Pero es parte de
una forma de amedrentar que nunca ha sido una solución. Si alguna vez se ha
dejado de hacer algo no ha sido porque ellos amedrenten.
¿Tiene
alguna suerte de conteo de gente que ha condenado?
No.
Como decía un colega: “una vez que la resolución se hace, yo me desentiendo”.
¿Qué va a pasar después? Dejo que eso fluya.
Usted
se puso una meta de que para el 2020 las causas de derechos humanos estén
cerradas. ¿Se ve posible?
Sí.
Lo que pasa es que eso se estableció en el sentido de determinar a los
responsable en casos de violencia política en derechos humanos entre el 73’ y
90’, pero ahora han surgido cosas que pueden generar que esa meta no sea del
todo certera. El primer aspecto fue lo que se refería a que si se abría o no el
Valech. Si se abre van a salir miles de casos. El tema de las torturas está
pendiente. El segundo aspecto tiene que ver con el destino de los detenidos
desaparecidos. Tengo entendido que la subsecretaria de Derechos Humanos está
interesada en tomar ese tema. Lo que la justicia ha dicho es “lo detuvieron,
desapareció y estos fueron los culpables”. ¿Qué tanto ha hecho la justicia para
establecer cuál ha sido el destino de los DD.DD? ¿Lo hacemos judicialmente y
seguimos con esta causa que ya terminó, o lo hacemos administrativamente? Si se
hace judicial también se generan nuevas acciones. Se van a presentar querellas
y eso prolongará plazos. Buscar el destino de los DD.DD. es algo de largo
aliento. Ya costó encontrar a los responsables, más aún costará encontrar dónde
estaban las personas que desaparecieron.
¿Le
gustaría involucrarse en esa búsqueda?
Espero
que sí. He estado en esto bastante tiempo, conozco bastante. La experiencia es
fundamental en este espacio y si uno tiene elementos, no puede restarse. No
puede decir “yo llego hasta aquí”, porque buscar a otra persona que se vaya a
empapar de lo mismo, es difícil. Sé dónde están los lugares, dónde podríamos
hacer los trabajos, yo ya tengo casos como el caso de Londres 38, Colonia
Dignidad, Pisagua, el caso de Tocopilla, el retiro de los televisores, etc… Por
qué crearle un problema a otra persona, que va a tener que involucrarse en
todos esos procesos, para saber lo mismo que sé yo, y después partir… Mejor
partimos de aquí pa’ adelante.
No
hay una fecha de retiro para Mario Carroza entonces…
Parece
que el retiro va a ser la jubilación de uno. Eso va a ser en un ratito.
Desde
el regreso de la democracia, en materia de derechos humanos, ¿hemos avanzado
desde la fuerza del Estado? ¿Se ha empujado la tarea con suficiente ímpetu?
Hemos
tenido etapas. Partió fuerte, en el año 90, porque se produce el cambio y Aylwin
entrega todos los documentos para que esto tome un impulso. A su vez hay que
involucrar a las otras instituciones, y no todas se involucraron en el mismo
sentido. Después hubo varios pasos que se dieron, algunos con mayor énfasis.
Por ejemplo, cuando vimos que el ministro Guzmán tenía demasiadas causas se
empezó a entregar a ministros con dedicación exclusiva. Ahí se dio un
espaldarazo y el gobierno dijo “aquí hay dinero, medios, que se investigue”.
Pero después se va diluyendo. Hasta que en 2010 vuelve un nuevo empuje. Y hoy
no sé si existe el mismo ánimo. Los DD.HH. son más amplios que solo violencia
política. Pueblos originarios, diversidad, género, son temas muy fuertes.
No sé si el tema de la violencia política hoy tenga la misma fuerza, la misma
potencia y si genera el mismo arraigo en la gente o ya lo entienden como algo
que ya ocurrió y que ya no se va a hacer más.
¿Usted
cómo lo entiende?
Yo
creo que hay un compromiso que debe cumplirse. El compromiso es que lleguemos
hasta el final en esto. Nunca he compartido la idea de que se le ponga plazo a
esto. La idea es que no se extinga, salvo que terminemos la tarea.
La
escuela de la dictadura ha primado dentro de las cúpulas de las FF.AA. desde el
retorno de la democracia. ¿Ha entrado en una nueva etapa de disposición?
Sí,
yo he visto ese cambio. Por los años que llevo en este tema me he dado cuenta
que hoy en día las FF.AA. cooperan bastante, igual que Carabineros. He tenido
contacto permanente con los auditores y han sido encuentros muy fructíferos. He
tenido contacto con el ministro de Defensa, en donde ha dado toda su
colaboración para que esto sea más expedito. Ahora, si existen dudas de que aún
hay ciertos elementos que no se entregan, esas son cosas que uno no puede saber
si son ciertas o no.
¿Cómo
lidiar con los pactos de silencio?
En
un principio era una cuestión de consciencia, si yo quería entregar información
o no. Si sentía como que había hecho algo que no debía haber hecho y que quería
liberarme de ello. Pero posteriormente ha sido una cuestión procesal. Lo han
planteado muchas veces los abogados, “la verdad es que estos pactos de silencio
los mantenemos porque si colaboramos nos van a condenar a nosotros y a los otros
no”. Entones hay una situación más bien procesal, más que una cuestión de
consciencia. “Yo voy a colaborar, pero ¿en qué me beneficia la colaboración?”.
Antes era un tema de consciencia.
Chile
hoy vive una crisis de credibilidad y de confianza en sus instituciones. El
poder judicial no escapa de eso, ¿cómo vive la crisis de confianza que viven
los diferentes poderes del Estado?
Me
afecta porque soy parte del país y parte de las instituciones. Me preocupa, en
el Poder Judicial, que entremos en esa dinámica de decir que son todos iguales.
Veo yo que hay mucho esfuerzo para que las cosas se hagan de manera
transparente, objetiva, eliminando la corrupción… Nosotros años atrás siempre
estábamos involucrados en eso que se denominaba “la corruptela”. Cosas pequeñas
que se hacían y que uno conversaba en el Poder Judicial. Creo que se tomaron
ciertas medidas como la comisión de ética y todo eso se terminó.
Ante
la crisis de la que hablamos, cómo evalúa la labor del Poder Judicial en
específico?
Depende
desde el punto de vista que se mire. Yo llevo causas de DD.HH., entonces
obviamente tengo víctimas y victimarios. Uno de los dos va a quedar
descontento. En ese sentido a lo mejor yo estoy trabajando súper bien, pero yo
voy a ser objeto de crítica igual.
¿Es
justo el juicio sobre los políticos?
Aquí
hay una falta de confianza. Como juez me siento absolutamente ajeno al tema de
la política. Veo más bien a personas, juicios. Los jueces votamos y todo, pero
no nos involucramos. En ese sentido veo personas, gente con la cual uno cree
mucho en ellos, siente respeto. En ese sentido a mí me duele que se diluya lo
que hemos construido, que es la democracia. Que esto se vea perjudicado por la
acción de una u otra persona, uno piensa que son más bien casos aislados -que
cada vez se repiten más- pero casos de personas determinadas. Este es un
tema de individualidades, no de cuerpo colegiado. Lo mismo pasa con el Poder
Judicial. Los errores son individuales.
Pero
a las inquietudes de la gente, las manifestaciones de la ciudadanía con
respecto a una serie de factores que los tienen intranquilos, ¿usted les
encuentra asidero?
Lo
veo como un contexto social. Como juez no tengo opiniones en política. No puedo
emitir juicios porque uno tiene que juzgar después. Yo pienso que todo aquello
que despierta un descontento social debe ser corregido. Si hay un descontento
tiene que haber una preocupación para abordar estas situaciones. Siempre hay
una sensación de que eso debe tener una respuesta.
El
particular timbre del teléfono vuelve a interrumpir con dos tonos antes de que
el magistrado responda. “Hay un ministro que está esperando”, dice
Carroza. Se levanta de su asiento y se dirige a la salida. Atravieso la puerta
y me despido del guardia de la entrada, ese personal que está ahí para que al juez
no le vaya a pasar nada.
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