”Justicia para Patricio Munita y Bautista Van
Schouwen”
La
investigación del ministro Mario Carroza logró identificar al autor del
asesinato de los militantes del MIR Patricio Munita y Bautista Van Schouwen, el
ex teniente Orlando Carter Cuadra, a quien condenó a 10 años de prisión.
No
obstante el avance, la Corporación Villa Grimaldi cree que el militar y otros
implicados en crímenes de lesa humanidad deben ser condenados a cadena perpetua
y degradados
En diciembre de 1973,
Bautista Van Schouwen y Patricio Munita eran intensamente buscados por la DINA. El
primero, miembro de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria MIR, era considerado el segundo hombre en importancia de ese
partido. Munita, por su parte, estudiaba Derecho, tenía apenas 22 años de edad
y cumplía la labor de enlace entre el dirigente y el resto de la jefatura
mirista. Ambos manejaban información vital para el MIR, que de haberla
entregado a la DINA podría haber acentuado aún más la difícil situación de ese
partido.
La
resolución del ministro Carroza, a más de 43 años de ocurridos los hechos, viene a
traer un ápice de justicia para este caso. La Corporación Villa Grimaldi valora
este avance, pero Orlando Carter merece una condena a cadena perpetua y debe
ser degradado, al igual que los demás militares implicados en crímenes de lesa
humanidad. Sólo de esta forma, se dará una señal clara y enérgica hacia el
futuro de que este tipo de atrocidades no serán toleradas y no quedarán sin un
castigo ejemplar.
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“Corte de Temuco procesa y ordena detener a
Cristian Labbé”
El
tribunal acreditó los delitos de aplicación de tormentos en las personas de
Harry Edward Cohen Vera, Jaime Rozas González, Bernardo Santibáñez Álvarez y de
Juan Horacio Rosales Quintana, perpetrado en la ciudad de Panguipulli en
noviembre de 1973
En Radio y Diario U de Chile –public. 13/4/17
Este siete de abril,
la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó someter a proceso y ordenó detener a
Cristian Labbé, ex alcalde UDI y coronel en retiro del Ejército. La orden fue
dictada por el ministro Álvaro Mesa de la Corte de Apelaciones de Temuco,
designado como instructor en esta causa de Derechos Humanos.
Según
acredita la resolución,”se somete a proceso y a prisión preventiva a Cristián
Labbé Galilea, como autor de los delitos de aplicación de tormentos en las
personas de Harry Edward Cohen Vera, Jaime Rozas González, Bernardo Santibáñez
Álvarez y de Juan Horacio Rosales Quintana, perpetrado en la ciudad de
Panguipulli en 1973″.
Los
hechos se remiten a los meses de octubre y noviembre de ese año cuando el
Ejército, comandado por el General de Brigada y creador del Centro de
Inteligencia Regional (CIRE) Nilo Floody, desarrolló la denominada “Operación
Peineta”, entre Concepción y Valdivia.
El
entonces estudiante de electricidad Harry Cohen, de 26 años, fue detenido y
conducido a Futrono junto a los otros detenidos. En el traslado en helicóptero
fueron agredidos verbalmente y amenazados de ser lanzados al río Riñihue.
Cohen
fue albergado en un recinto donde se mantenían detenidos otros presos políticos
en Panguipulli, custodiados por efectivos militares armados. Luego, fue
trasladado vendado y amarrado de manos y pies a una posible bodega donde fue
interrogado por tres militares. La resolución establece que “en dicho
interrogatorio conectaron electrodos en sus muñecas y tobillos, los cuales de
forma sistemática producían descargas eléctricas cada vez más intensas”.
Según
relató Cohen, fue a través del carcelero que se enteró sobre la identidad del
oficial que se encontraba presente en los interrogatorios y que “era hijo de un
connotado militar”. Ahí se apunta al ex coronel Alberto Labbé Troncoso, padre
del ex edil de la UDI, y que fue alcalde por Las Condes, entre 1979 y 1980.
Estos
mismos antecedentes fueron confirmados por los otros tres detenidos.
La
resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco señala que “atendiendo a los
antecedentes, se desprende que la libertad del procesado Cristián Labbé
constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Teniendo en cuenta que
existen diligencias pendientes en el proceso, y visto lo dispuesto en el
artículo 363 del Código de Procedimiento
Legal, no se le concede el beneficio de la libertad bajo fianza”.
El
abogado de Derechos Humanos Roberto Ávila, representante de Harry Cohen,
confirmó el proceso efectuado por la Corte de Apelaciones de Temuco, pero
señaló que el ex alcalde no ha comparecido. “Esto preludia su detención por la
PDI, puesto que esta se encuentra también decretada. Labbé tiene abogados
constituidos en la causa y seguramente está enterado”.
Ávila
enfatizó en el horror de los crímenes por los que es imputado Labbé y recalcó
que Cohen fue torturado solo para enseñar esta práctica: “Las torturas por las
cuales se le procesa, son las que conllevan el mayor grado de perversidad que
he conocido en mis 32 años como abogado penalista. Todo atentado contra la vida
o la integridad corporal tiene un motivo, algo que sin justificarlo puede
explicarlo, habitualmente un agravio, un dolor o una odiosidad del victimario,
incluso en los crímenes de odio racial, religioso o político esto se mantiene.
Sin embargo, mi representado Harry Cohen fue torturado salvajemente con el
simple motivo de enseñar esta práctica deleznable. Mi representado no tenía
participación política alguna, fue escogido al azar simplemente porque vestía
con barba y ropa no formal; un hippie de la época”.
Agregó
que “Cristián Labbé tomó cursos en Brasil de lo que ellos llaman
“interrogatorio y evasión”, un eufemismo sobre los cursos para torturar. Eso
explica su participación como profesor en la creación de la DINA en Tejas
Verdes y otras unidades militares en lugares muy diversos del país en 1973. Lo
concreto desde el punto de vista judicial es que se pudo acreditar las torturas
y que no tenían por propósito recabar información sino simplemente de ´enseñar
a torturar´”.
Mientras,
la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, valoró este fallo que,
a su juicio, representaría un avance en uno de los casos de Derechos Humanos
que por años se ha mantenido en la impunidad.
Más
aún, enfatizó, se mantuvo en una posición privilegiada al ex agente de la DINA
que fue autoridad municipal por 16 años.
A
este episodio ocurrido en Panguipulli se suma su procesamiento en el caso del
campo de concentración de Tejas Verdes. El coronel en retiro estuvo detenido
algunos días en octubre de 2014 tras ser procesado por supuesto delito de
asociación ilícita.
Luego,
en noviembre de 2016, la Corte de Apelaciones de Valparaíso le notificó una
nueva orden de arresto decretada por el ministro en visita Jaime Arancibia
Pinto, por delito de torturas presuntamente cometidas en Rocas de Santo Domingo
en 1975.
En
esta oportunidad Labbé estuvo detenido dos días en el regimiento Alto Maipo
mientras esperaba la resolución del tribunal respecto de su libertad
condicional. La fianza que pagó para acceder a este beneficio fue alrededor de
50 mil pesos.
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