“Juicio en Nueva York: La
incertidumbre legal que se abre para SQM”
Un
reciente fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró su
competencia para abordar la demanda de un grupo de accionistas en contra de la
minera no metálica. Si bien el juicio es de carácter civil, los eventuales
interrogatorios y antecedentes que surjan del proceso podrían tener
consecuencias insospechadas para la empresa. “Es como agitar un panal de
abejas”, señalaron abogados cercanos al proceso
A fines de marzo, la
Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo en el cual se declaró
competente para llevar adelante el juicio por la demanda presentada por un
grupo de accionistas de SQM, a raíz de los pagos irregulares hechos por la
empresa a personeros políticos en Chile, lo que es visto como un duro revés
para la minera no metálica.
Pero
no sólo por las implicancias patrimoniales que pudiese significar para la
empresa -en caso que un fallo adverso la obligara a pagar las indemnizaciones
que exigen los accionistas-, sino por las consecuencias indirectas para la
compañía que esto pudiera tener, a partir del análisis del fallo al que tuvo
acceso Radio y Diario Universidad de Chile.
En
marzo de 2015 un grupo de accionistas de SQM presentó una demanda colectiva (Class
Action) en la Corte de Nueva York en contra de la compañía: “La demanda
colectiva es presentada a nombre de todas las personas que compraron acciones
de SQM transadas en la NYSE entre el 30 de junio de 2010 y el 18 de junio de
2015 (Class Period)”, señala el escrito.
El
libelo fue presentado tiempo después de conocerse las denuncias por financiamiento
irregular de políticos a través de boletas ideológicamente falsas, ya que
consideran que estas revelaciones produjeron una caída en el valor de las
acciones de SQM que se transan en la bolsa de New York (NYSE), conocidas como
American Depositary Shares (ADS), en un 15 por ciento.
A
esto, se suma la pérdida de otro 15 por ciento en el valor accionario luego de
la renuncia a la directiva de SQM de los representantes de la canadiense Potash
Corporation of Saskatchewan (PCS), razón por la cual este grupo representado
por la británica Tyne and Wear Pension Fund, presentaron la demanda por
pérdidas que alcanzan los 4,4 millones de dólares.
De
hecho, ya en enero de este año la empresa pagó 30 millones de dólares en total
al Departamento de Justicia -que la acusaba de falsificar sus libros de cuenta
y de no imponer controles internos- como a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
de Estados Unidos como infracción a la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA).
En
su presentación, los demandantes aseguran que en la empresa, durante al menos
seis años, hubo corrupción, soborno y evasión de impuestos con personeros
políticos de manera transversal: “Los actos perpetrados por los máximos
ejecutivos de SQM a nombre de la compañía, extendieron su influencia a través
del sistema político de Chile”, se lee en el fallo.
Si
bien este juicio es de carácter civil, es decir persigue compensar perjuicios
económicos, abogados conocedores de estos procedimientos, coinciden en que este
tipo de procesos “puede levantar mucha polvareda”, dado que, por ejemplo,
pueden surgir nuevos antecedentes a partir de la declaración de testigos y
actores relevantes en el proceso, que incluso puedan incidir en la arista penal
que en Chile se lleva contra la compañía.
El factor PCS
Potash
Corporation of Saskatchewan (PCS) es el nombre de la firma de origen canadiense
que hasta marzo de 2015 tenía a tres miembros en el directorio de la compañía,
gracias al 32 por ciento que posee de la propiedad de la minera no metálica.
Sin
embargo, el martes 17 de marzo de 2015, los directores representantes de PCS:
José María Eyzaguirre, Alejandro Monteroy y Wayne Brownlee presentaron su
renuncia al directorio de SQM argumentando diferencias al interior de la junta
por la forma en que la empresa estaba encarando la investigación que la
Fiscalía llevaba adelante por el financiamiento irregular a políticos.
Los
directores de PCS habían propuesto “entregar voluntariamente y a la brevedad”
toda la información requerida por el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán
–quien pedía la información contable correspondiente a los años comerciales
2009 a 2014-, sin embargo el directorio que encabezaba Julio Ponce Lerou, en
votación dividida, decidió encargar un informe independiente que determinara si
se entregaba la información requerida, en tiempo y forma, por el Ministerio
Público o no.
Ahora
que la justicia norteamericana ha manifestado su competencia para ver la
demanda de un grupo de accionistas, juristas que han seguido la causa plantean
que nunca se ha interrogado a los miembros de PCS los detalles de su renuncia
al cargo, considerando que PCS se planteaban como rivales de Ponce Lerou por el
control de la minera no metálica, y quienes tendrían “una capacidad de hacer
daño muy grande”.
Por
otra parte, la justicia norteamericana pedirá, eventualmente, a través de
cartas rogatorias el testimonio de otros implicados, como el caso del ex
gerente Patricio Contesse, frente a la imposibilidad de que se apersonen en la
Corte de Nueva York, así como al estudio de abogados de EEUU Shearman &
Sterling que realizó un informe de auditoría consignando los riesgos de soborno
en los que habría incurrido la empresa.
A
raíz de estas proyecciones es que abogados consultados por Radio y Diario
Universidad de Chile recordaron que este juicio que es de carácter civil, no
obstante puede generar una serie de repercusiones a todo nivel en con contra de
la empresa, por lo mismo hicieron la analogía con el caso del legendario líder
de la mafia de Chicago Alphonse “Al” Capone, quien fue a parar a la cárcel por
un proceso de evasión tributaria.
Es
decir, un proceso judicial que, a primera vista, parece ser intrascendente y
por el cual en el peor de los casos podría generarles el pago de una millonaria
compensación económica a los demandantes, sin embargo podría acarrear una serie
de insospechadas consecuencias de otro tipo, ya que, eventualmente, podrían
surgir antecedentes inéditos a partir del interrogatorio de ciertos testigos.
Mismos
testimonios que, eventualmente, podrían ser requeridos por la Fiscalía en Chile
para agregarlos a la carpeta investigativa que posee sobre el caso SQM.
El
abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el caso SQM, Mauricio Daza
señala que este proceso puede determinar, a partir de las normas más duras que
existen en EEUU respecto de casos de corrupción, la responsabilidad tanto de la
empresa como de su principal figura, el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou.
“Nosotros
creemos que esa es la posibilidad, es el escenario donde se puede realmente
poder perseguir la responsabilidad de esta empresa y de su controlador, Julio
Ponce Lerou, respecto de actos de corrupción en los que ha estado involucrado
durante décadas”.
El
abogado Daza sostuvo que las autoridades judiciales de EEUU sí tienen
“voluntad” para perseguir y condenar este tipo de delitos, no sólo como una
manera de castigar a los responsables, sino también para enviar una señal hacia
el resto de los participantes del mercado para evitar que este tipo de acciones
no se vuelvan, en lo posible, a repetir.
“La
autoridad norteamericana, en ese sentido, no va a tener mayor empacho en
perseguir a una empresa aunque sea SQM (…) pero lo más importante es que allá
existen autoridades de verdad que tienen una voluntad y una claridad en el
sentido de perseguir estas conductas, no solamente para castigar a las personas
que las cometen, sino también para enviar una señal importante al mercado, en
el sentido de que el burlar las reglas del juego, el coimear a políticos,
financiar sectores importantes de la política para obtener determinados
beneficios no va con la transparencia debida con la que cualquier mercado tiene
que operar”.
“Es
una derrota para Soquimich, en lo formal, porque puede tener implicancias
penales ya que todos los temas que se van a discutir pueden ser delito en EEUU
y pueden ser delito y están siendo investigados penalmente en Chile, y eso
puede ser no sólo delitos tributarios sino delitos de Ley de Mercado de Valores
en EEUU y en Chile”, concluye otro de los abogados consultados.
El
proceso judicial contra SQM en Estados Unidos comenzó el pasado jueves 13 de
abril con la citación de las partes a una conferencia inicial prejudicial, lo
que marca el comienzo de un camino que puede tomar varios meses antes que se
emita la resolución final con el monto total con el que deberá indemnizar SQM a
sus accionistas.
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