Se veía venir. En el caso Corpesca, el UDI Jaime Orpis está hasta el cuello por cohecho. En tanto, para Jorge Pizarro, actual presidente de la DC y también para Claudio Eguiluz, ex vicepresidente de RN y actual Core de la Octava Región, la justicia admite que pueden ser investigados por la arista SQM del caso Penta
EL
IMPENITENTE FACHO ORPIS
En el caso del hoy senador UDI Jaime Orpis,
el Ministerio Público investiga los $235.244.341 que Corpesca le habría
entregado, según consta en un informe que la propia empresa hizo llegar a los
fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos, los que indagan la causa.
Recordemos que esa famosa pesquera[1] es propiedad
de Anacleto Angelini, uno de los 10 hombres más ricos de Chile.
El
informe (o rectificación contable) de Corpesca al SII, señala que entregaron a
Orpis esa cuantiosa suma y aclara[2] que se
hicieron pagos a éste sujeto en un lapso de cinco años, en pagos de cinco, tres
y once millones de pesos. A partir de 2012, se regularizan a $ 2 millones al
mes. Los pagos se habrían hecho por medio de sus familiares y asesores. Frente
a este preclaro caso de corrupción (Orpis votó a favor de la ley de pesca que
favorece, entre otros, a Corpesca), el diputado del PC Hugo Gutiérrez presentó[3] una
querella por el delito de cohecho agravado.
Al
respecto, el abogado querellante, Cristián Cruz, explicó[4] que
Orpis “tiene una reiteración y no descartamos los delitos tributarios, por lo
que es importante lo que tenga que hacer el SII y el Consejo de Defensa del
Estado”. Agregó que “está absolutamente claro que Corpesca se sintió absolutamente
satisfecha con la votación de determinados parlamentarios en esta ley”.
En
un hecho aberrante, la defensa de Orpis solicitó que quien le tome declaración sea
el Fiscal Nacional Sabás Chahuán y no el reconocidamente recto Fiscal Carlos
Gajardo, argumento discriminatorio que ellos justifican por “la alta investidura
del parlamentario”. Más, es evidente que lo que temen es que Gajardo le estruje
la verdad a fondo al corrupto senador derechista. Por su parte, Gutiérrez se
mostró contrario a aquel resquicio de la defensa y pidió que sean los fiscales
de alta complejidad quienes tomen las declaraciones de Orpis. “El soborno de
parte de Corpesca y el cohecho de parte del senador son bastante obvias, en
consecuencia hay que investigarlas”, expresó el diputado.
Cabe
destacar que la causa que se sigue contra el facho Orpis se unificó con el caso
de la diputada ¿independiente? (en verdad, enteramente derechista) Marta Isasi,
que desde 2013[5]
se sabía que estaba implicada en los sobornos de los empresarios pesqueros en
el marco de la votación de la Ley de Pesca.
EL GUATON
PIZARRO Y EL HUIDIZO EGUILUZ
También
hoy, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella
presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente en contra del senador Jorge
Pizarro, presidente de la DC, y del ex vicepresidente de RN y actual Core del
Biobío, Claudio Eguiluz.
La
acción judicial es una ampliación[6] de la
querella que se interpuso anteriormente por delito de cohecho en contra de los facinerosos
Pablo Wagner, Iván Moreira, Ena von Baer, Ernesto Silva, Jovino Novoa, Fulvio
Rossi, Roberto León y Alberto Cardemil.
De
acuerdo al contenido del documento, el actual senador Jorge Pizarro, a través
de la empresa Ventus Consulting S.A., de propiedad de sus hijos, habría
obtenido dineros para el financiamiento de su campaña senatorial desplegada el
año 2013. Ventus Consulting emitió durante los años 2011 y 2012 un total de 11
facturas a nombre de la empresa minera SQM –obteniendo la suma de $45 millones–
por servicios que no habrían sido prestados.
En
cuanto al caso del consejero regional de RN Claudio Eguiluz[7], este
habría recibido en forma periódica, desde mediados de 2012 hasta el año 2014,
dineros desde la empresa SQM por supuestas asesorías prestadas, por un total de
$125 millones. A esto se suman los dineros recibidos durante el 2013 y 2014,
por servicios no prestados, a través de la empresa KTZ Limitada, en la cual
tiene una participación por un monto aproximado de $45 millones. Además, entre
los años 2012-2014 solicitó a cuatro actuales funcionarios de la Junji que
emitieran boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados a nombre de
SQM, por un total de 420 millones de pesos.
Al
respecto, Pablo Collada, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano
Inteligente, sostiene: “Tal como lo señalamos al momento de ser parte
querellante del Caso Penta-SQM, para Ciudadano Inteligente los hechos señalados
en la querella revisten la máxima gravedad, razón por lo cual hemos decidido
continuar colaborando con el trabajo que ha liderado la Fiscalía hasta el
momento. Es por esto que hemos decidido ampliar nuestra querella contra el
senador Jorge Pizarro y Claudio Eguiluz, para que se investiguen estos hechos y
se sancionen, si corresponde.”
Sobre
el rol de Ciudadano Inteligente, enfatizó: “Nuestra motivación es proteger y
velar por la confianza en nuestras instituciones democráticas, pero una
confianza que se construye desde la transparencia y la ética en el ejercicio de
la función pública. Además, nuestra consigna es clara: caiga quien caiga."
Además, “Hacemos un llamado al Gobierno, partidos y parlamentarios a entender
que estos hechos revisten la mayor gravedad y que es necesario avanzar, con la
mayor celeridad y profundidad posibles, en las propuestas emanadas de la
Comisión Anticorrupción Engel”.
Por
otro lado, a la solicitud a la Fiscalía de citar a declarar en calidad de
testigos al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y a la ex jefa de
gabinete del ministro de Hacienda Alberto Arenas, Andrea Palma, se suma el
nombre del ex subdirector judicial del Servicios de Impuestos Internos,
Cristián Vargas.
Como
se ve, hoy fue un día intenso en cuanto a hacer pasar al estrado a varios de
nuestros corruptos ‘representantes’. Faltan más, por cierto, muchos más sobornados
y los corruptores del caso.
¡A PARAR EL ABUSO PATRONAL Y DE SUS ACTORES
POLÍTICOS!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
Colectivo Acción Directa –Chile
Junio 8 de 2015
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