Mientras el continente vuelca sus ojos al
juego de sus selecciones, apuestan con grandes partidos y se sorprenden de los
renovados estadios chilenos, el clima político del país no baja. Cada vez más
focos de conflictos se le abren al gobierno y organizaciones sociales optan por
manifestarse en conjunto. Por su parte, los estudiantes universitarios
convocaron a paro nacional indefinido a partir del 25 de junio
Por
Francisco Parra, en Marcha.org.ar
22/06/2015
La mañana del 18 de
junio comenzó agitada en todo Chile. La fiebre de la Copa América hace rato que
tiene a todos pendientes de la selección y más ese día, en que la estrella de
“La Roja” Arturo Vidal amanecía detenido producto de haber chocado su Ferrari
nuevo a 160 kilómetros por hora, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre. Y
mientras parecía que la única noticia del día era la preocupación nacional por
el futuro del crack de Juventus, las calles de las principales ciudades del
país amanecían con barricadas y cortes de tránsito.
Toda
la atención del continente está puesta en Chile. Sánchez, Neymar, Messi,
Falcao. Estrellas del fútbol mundial que compiten en la Copa América. Pero pasa
algo también en el país: un estado de movilización creciente, producto del
descontento de la población ante las tibias reformas del gobierno de Bachelet y
su cada vez más clara complicidad con el empresariado. Hay tantos conflictos
abiertos, que lo del jueves pasado no era una simple convocatoria. Fue el
primer paro multisectorial del año. Es tiempo de enumerar lo que pasa en Chile:
Educación
Los
profesores llevan tres semanas en paro, en rechazo al proyecto de Carrera
Docente que envió el gobierno al Congreso. El 98% de los profesores manifestó
estar en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo, porque consolida la lógica
individualista-mercantilista, pues proponen crear una nueva estructura salarial
en base a la competencia individual entre profesores, incentivando la
competencia y no los procesos de construcción en comunidad. Además, no se hace
cargo de la división 50/50 propuesta por los docentes (50% horas de clase, 50%
horas no lectivas), no disminuye la cantidad de alumnos por curso (45 en
promedio actualmente) ni entrega condiciones laborales mínimas a los
profesores, que muchas veces en el sector particular subvencionado (esa
invención chilena de colegios privados pero co-financiados por el Estado, que
hoy reúne a la mayor cantidad de alumnos) se ven enfrentados a despidos
arbitrarios pero legales, por “necesidades de la empresa”.
Mientras,
los estudiantes no se quedan atrás. En apoyo a los profesores y en rechazo a la
anunciada gratuidad universitaria del gobierno, que incluye solo hasta el 60%
más pobre. Cabe recalcar que en Chile, la desigualdad se dispara recién por
sobre el 90% de la población. Es decir, una familia clase media que está entre
el 20 o 15% más rico, igual se tiene que endeudar para enviar a sus hijos a la
educación superior. Además, el proyecto que anunció el gobierno solo incluye a
las universidades del Consejo de Rectores, que agrupa a las estatales y las
privadas tradicionales, dejando fuera de la política a la gran cantidad de
estudiantes que estudian en las privadas.
Los
estudiantes movilizados apuestan a una gratuidad universal que vaya de la mano
de una nueva institucionalidad para la educación superior y que los recursos no
engrosen el mercado educativo existente. Hoy cerca de 16 universidades en el
país se encuentran en proceso de movilización, que incluye paro indefinido y
toma de los establecimientos en algunos casos.
Reforma
laboral
La
semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma laboral, el
cuarto pilar de reformas según el gobierno, después de la tributaria,
educacional y constitucional.
Y
al igual que la tributaria y educacional, se aprueba pese al rechazo tajante de
los movimientos sociales. En
una declaración, distintos sindicatos estratégicos y federaciones de
trabajadores (Unión Portuaria, Confederación de Trabajadores del Cobre, entre
otros) rechazaron tajantemente la propuesta del Ejecutivo por considerar que
consolida el Plan Laboral de la dictadura.
Fue
en 1979 cuando José Piñera creó el Plan Laboral y desde entonces se ha
mantenido como una gran traba que impide la organización de los trabajadores.
El proyecto del gobierno de Bachelet, no toca aspectos fundamentales como la
negociación por rama (se mantiene la negociación colectiva dentro de la
empresa) y además, pese a que dice terminar con el reemplazo en huelga,
mantiene la figura de “servicios mínimos”, que permite el reemplazo por función
aunque no por puesto de trabajo.
El
gobierno, pese al reclamo de sindicatos y algunos parlamentarios, opta
nuevamente por negociar en los términos del empresariado, que amenaza con caída
de la economía si se aprueba la reforma.
Mientras,
continúa la huelga de los trabajadores de uno de los operadores del
Transantiago, el sistema de transporte público de la capital. Los operadores
son, empresas privadas que cuentan con el apoyo del Estado para garantizar sus
ganancias, mientras los chilenos pueden llegar a gastar el 30% de su sueldo en
el transporte público (un pasaje equivale a cerca de 13 pesos argentinos) y
estas siguen obteniendo ganancias millonarias.
Un
ejemplo que grafica la situación: hace unas semanas los trabajadores en huelga
paralizaron el funcionamiento del metro de Santiago, lo que provocó la
respuesta de la Intendencia, que se querelló contra 12 manifestantes pidiendo
la aplicación la Ley de Seguridad del Estado por considerar que alteraban el
orden público. Mientras los trabajadores están en riesgo de pasar 3 años en
prisión por la querella, Chile ve cómo la Fiscalía deja al descubierto a las
empresas que durante años han evadido impuestos y robado dinero. Pero los
dueños de Penta, por ejemplo, solo pasaron 30 días en prisión.
Ley
de Pesca
Durante
el partido Chile-Bolivia del pasado viernes, no faltó el canto nacionalista de
“el que no salta no tiene mar”. En rigor, nadie debería haber saltado, porque
el mar chileno pertenece a 7 familias que controlan el 70% de la capacidad
pesquera del país.
Hoy,
tras el creciente destape de corrupción que se vive en Chile desde mediados del
año pasado, sabemos que el senador UDI Jaime Orpis recibió financiamiento
ilegal por parte de Corpesca, perteneciente al grupo Angelini, durante la
tramitación de la ley de pesca o “Ley Longueira”, aprobada en 2012.
La
justicia se dispone a investigar el pago de sobornos a los parlamentarios que
aprobaron dicha ley, mientras pescadores artesanales (principales perjudicados
de la ley) y movimientos sociales le piden a la presidenta Bachelet derogar la
ley Longueira.
A
estas situaciones se suma la convocatoria en contra del sistema de pensiones
chilenos, al AFP, entidades privadas con ganancias millonarias cada año y que
entregan pensiones miserables a la población.
Pero
entre tanta manifestación, el velo de la Copa América parece esconderlo todo.
La presidenta Bachelet anuncia que Chile “es un país de políticos comprometidos
y empresarios esforzados”, mientras continúa la investigación sobre aportes
ilegales que habría recibido en su pre campaña. Además, lleva ya más de dos
semanas sin ministro secretario general de la presidencia, luego de que
Jorge Insunza tuviera que renunciar tras descubrirse que mientras era
presidenta de la comisión de Minería de la Cámara, asesoraba a empresas
mineras.
Equipo Internacional –CAD CHILE
Junio 25 de 2015
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