Opinión publicada en la web de la
Confederación de Trabajadores del Cobre[1], la cual viene muy
bien a ilustrar el deforme manejo que los gobiernos de ésta falsa democracia han
dado a la minera de todos los chilenos
En
pleno contexto de Reforma Laboral y a menos de dos meses de que se
promulgue el nuevo “Sistema de Relaciones Laborales”, la necesidad de incidir
en la opinión pública y ganar la batalla comunicacional ha cobrado una urgencia
inusitada en Chile. Desde el ingreso del proyecto de ley al Parlamento el
pasado 29 de diciembre de 2014, y sobre todo durante la etapa de indicaciones,
la Reforma Laboral y la oportunidad histórica de “nivelar la cancha” ha
invitado -forzado en otros casos- a los actores interesados a sincerar posturas
al respecto, las que al menos desde el empresariado y el Movimiento Sindical
han sido visibilizadas con una clara orientación de clase y con una mirada
estructural. Demás está mencionar las diametrales diferencias entre la postura
de una clase y otra, así como de la mirada en torno a la relación
capital-trabajo.
Las
declaraciones grandilocuentes expresadas a la fecha por el Presidente
Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Nelson Pizarro,
-amplificadas posteriormente por los medios de comunicación y periodistas “expertos”
en materia económica-, respecto de “los efectos” que tendría la Reforma Laboral
para la cuprífera estatal, suponen un incremento en los gastos del orden de
253 millones de dólares. Lo anterior, entre otros antecedentes presentados
por Pizarro, no hace sino revelar el carácter ideológico de las declaraciones,
revestido en “resguardos y preocupaciones técnicas y financieras”. Esta versión,
que raya en lo gremial, ha sido lata y transversalmente argumentada por los
ejecutivos del sector minero, independiente de la condición privada o estatal
de la empresa. Así, “el delicado y preocupante momento que se nos avecina”
es la expresión más utilizada en estos casos, la que ha sido acuñada
fielmente por el mandamás de la principal empresa del Estado de Chile; es
decir, de todos los chilenos.
Y
es que las frases sostenidas por Nelson Pizarro, en tanto cortafuego ideológico
concomitante con las declaraciones de los dirigentes del Consejo Minero, van
incluso más allá de la preocupación por las arcas fiscales del pueblo chileno.
Cabe señalar que sobre los resultados económicos, Codelco no entrega datos
desagregados de los costos y la incidencia que tiene la mano de obra en la
producción de cobre, por lo que no es posible diferenciar los gastos que
representan los trabajadores directos y los contratistas de las empresas
proveedoras. Lo anterior, sólo entrega confusión y poca transparencia en esta
materia, dos condimentos necesarios a la hora de desinformar.
Es
necesario además recordar que Codelco, en su calidad de empresa estatal, opera
bajo un presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda conforme al Decreto
Ley N°1350 de 1976, el que guarda estrecha relación con la nacionalización
de la minería de cobre. Los chilenos debemos comprender que el sector minero
produce la más injusta repartición de la riqueza. En la distribución
funcional respecto del PIB minero durante 2013, las remuneraciones sólo
obtuvieron un 15,6 %, a diferencia de los excedentes de la explotación que
constituyeron el 84,2 %, dejando para los impuestos apenas un 0,2 %. El mismo
año, las remuneraciones respecto del PIB total del país constituyeron un 39,9%
y los excedentes un 49,1 %, quedando para los impuestos un 11,0%. El 2014
en tanto, la minería privada contribuyó al fisco de nuestro país con 1.539.640.000
dólares, controlando más de dos tercios de la producción de cobre en Chile.
Sin embargo, Codelco con menos de un tercio de la producción aportó
2.843.010.000 dólares. Sólo para precisar, el precio, alza y valor del
cobre afectó por igual a la empresa estatal y a las privadas.
En
relación a los antecedentes expuestos, resulta del todo inaceptable que un
funcionario de una empresa de todos los chilenos se encuentre alineado con el
Consejo Minero, quien por su parte defiende los intereses de los grupos
económicos transnacionales y foráneos. Como Movimiento Sindical queremos
denunciar que este tipo de hechos confirman la necesidad y exigencia de
devolverle a Codelco su carácter de empresa pública, en defensa de los
intereses del pueblo chileno y no de castas económicas extranjeras que sólo han
llegado a Chile para saquear y expropiar el cobre de nuestro país.
La
demanda de fondo y que los trabajadores esperamos, es que el Estado de Chile
retire a Codelco del Consejo Minero y decida defender los intereses comunes
del pueblo, obligando a la cuprífera estatal a responder a su mandato Estatal y
no a intereses privados. Es imprescindible además, reforzar el carácter
nacional de la principal empresa del Estado, en línea con una administración
transparente que cualquier empresa de esta índole debiera tener, especialmente
en tiempos donde la sospecha e ilegitimidad está instalada en nuestra
sociedad. El llamado es extensivo al Gobierno actual, al Estado de
Chile en su conjunto y a las autoridades competentes en la materia, para
que no perpetúen en Codelco la lógica transnacional extractivista, así como las
malas prácticas, cargadas de abusos, antisindicalismo, sobre explotación y
apropiación indebida de los recursos del pueblo chileno. Prácticas que por
cierto, el Consejo Minero utiliza a diario.
Hoy
más que siempre, es un deber político y moral privilegiar el negocio de todos
los chilenos, con un sentido público y en relación con los intereses del país,
los que hoy claramente apuntan a reformar y modificar el actual Plan Laboral
impuesto en dictadura. Confiados en Chile requiere enmendar la confianza y fe
pública, por lo que resulta imperante que Codelco fije una postura alineada con
los procesos de reformas impulsadas por su propietario: el Estado chileno.
Por
último, como Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) creemos del
todo urgente que la sociedad chilena conozca las razones reales del porqué
existen alrededor de 50.000 trabajadores contratistas en Codelco, en
circunstancias que la dotación autorizada en el presupuesto cifrado por el
Ministerio de Hacienda no supera los 19.000 trabajadores directos. La
sociedad chilena demanda respuestas serias y verdaderas, que argumenten si esta
situación constituye una razón económica o bien, una nueva evidencia de la
gestión de la principal empresa del Estado, con una lógica muy poco pública e
inspirada por el mercado, sus agentes y sus asociaciones gremiales destinadas a
defender el negocio de unos pocos.
Es
tiempo de definiciones y por lo tanto es hora de asumir posturas: ¿Codelco
Chile es una empresa estatal o privada?
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