Se Fragua Perdonazo a Violadores de Derechos
Humanos Bajo Dictadura
Se ha hecho público: se nos viene un
perdonazo a los ex uniformados violadores de DD.HH. detenidos en el hostal
Punta Peuco. A él concurren la curia de la iglesia católica y evangélica, variopintos
politicastros –la derecha en bloque- y la oficialidad de las FF.AA
Durante ésta jornada
–pero con raíces en acciones y declaraciones llevadas a cabo hace tiempo- se
hizo público un pacto ‘por arriba’ para otorgar un espurio perdón al lote de
asesinos ex uniformados que cumplen penas por sus horrorosos crímenes en Punta
Peuco.
Y tan inicua iniciativa tendrá un acto de lanzamiento,
éste
viernes 23 (muy cerquita de navidad y como para aprovechar el ambiente de
recogimiento). Entonces, un grupo de ex esbirros de la dictadura cívico-militar
condenados por crímenes de lesa humanidad llevará a cabo una macabra performance
dentro de la cual pedirían perdón. La indignidad de tal evento se ve agravada
cuando se le cataloga de una “ceremonia ecuménica” y por el hecho que se le celebrará
nada menos que en el mismo centro penitenciario en el que ellos cumplen sus
sentencias, donde ningún verdadero creyente podría llegar a pensar que dios
pueda estar presente.
Los ahora muy “arrepentidos” son -al menos-
seis de los 120 reos que cumplen condenas en la prisión-hostal Punta Peuco, sita
a unos 35 kilómetros al norte de Santiago, levantada ex profeso para aquellos
que cometieron crímenes de lesa humanidad: ejecuciones sumarias, asesinatos
calificados, torturas y tratos degradantes, violaciones y variadas aberraciones
sexuales, desaparición forzada de detenid@s, desmembramientos, asesinatos a
golpes, degollamientos, quemar vivas a personas, ocultar información, mentir y
atropellar los derechos fundamentales de millones de personas, etc., todos delitos
perpetrados por razones políticas.
Los condenados, entre ellos los ex generales
Raúl
Iturriaga Neumann y Fernando
Torres Silva, buscan dar una "señal de arrepentimiento" durante su
show, en el que participarán como artistas invitados el sacerdote jesuita
Fernando Montes y el ex capellán del Palacio de La Moneda, evangélico,
Alfred Cooper.
Montes se atrevió a afirmar: "Siempre
he pensado que el país necesita reconciliación y la reconciliación pasa por
conocer la verdad y a mí me parece un paso notable de humanidad que la gente
que tiene arrepentimiento se atreva a pedir perdón", como si ello fuese
suficiente para la realización de tan loables fines. En rigor, el jesuítico
personaje busca convencernos que basta sólo con que los asesinos digan perdón
para que en verdad se haya hecho en ellos el arrepentimiento. Su inhumana obra
y el conocimiento de lo que los ex esbirros dictatoriales han venido planteando
todos estos años, simplemente nos atestiguan que en ellos no existe tal arrepentimiento
de sus crímenes, que no han dicho toda la verdad, que han eludido la justicia y
luego, con ello se aleja toda posibilidad que la comunidad toda pueda sancionar
una reconciliación nacional, toda vez que nadie puede exigir a los familiares y
compañeros de las víctimas que se allanen a perdonar a los impenitentes e
inhumanos victimarios.
Y éste Montes es el mismo que había dicho a
El Mercurio –el duopólico medio del golpista Edwards-, en
marzo pasado, que el contubernio para la impunidad de los represores se
venía. Aseveró, entonces, que un grupo de abogados y otras personas estaban formando
un piño para “ayudar a los presos que hoy están en Punta Peuco”, condenados por
brutales violaciones a los DD.HH. El sacerdote señaló en la entrevista que no podía
despreocuparse de los victimarios: “he sido un fuerte, fuerte, fuerte opositor
a los atropellos de los derechos humanos. Personalmente, hasta expuse mi vida
en defensa de esos derechos. Sin embargo, si hay que castigarlos, debe hacerse
de manera civilizada”. Y claro, el ex rector de la UAH ablandó sobre
su “fuerte” compromiso cuando empezó a visitar a los pobrecitos presos de Punta
Peuco, los comenzó a escuchar y a contactarse con sus familias. En realidad,
Montes pasó derechamente a relativizar la responsabilidad en los horrorosos
hechos por parte de esos peligrosos sujetos.
Luego, durante
junio pasado, proyectos de ley, reuniones, solicitudes a Bachelet y
entrevistas, fueron algunos de los mecanismos que utilizaron algunos senadores
en su estrategia para conseguir beneficios para los susodichos ex milicos condenados.
Nada menos que tres proyectos de ley se presentaron en menos de dos semanas,
los cuales permitirían otorgar beneficios carcelarios para avalar la impunidad.
Las mociones se diferenciaban por hacer énfasis en la edad y la condición de
salud, por el estado de permanencia y por razones humanitarias. Los nombres tras
esas ignominiosas iniciativas fueron Manuel José Ossandón, Eugenio Tuma, Lily Pérez,
Francisco Chahuán, Iván Moreira y Baldo Prokurica. Lo común en tales enmiendas era
consagrar el cumplimiento alternativo de las condenas cumplidas por los “viejitos”
y el asunto de problemas sanitarios.
Además de estas iniciativas y según informaba
El Mercurio, se habría presentado una solicitud a Bachelet, a la ministra de justicia
y al director nacional de gendarmería con el objetivo de adoptar las medidas
administrativas necesarias para el cumplimiento de unos tergiversados principios
del derecho penal humanitario para nada menos que unos reos considerados
peligros para la humanidad. Este documento habría sido firmado por 19 senadores,
tanto del oficialismo como de la oposición.
La cosa es bien clara, nos parece. Las
diversas agrupaciones de defensa de los DD.HH., de familiares de las víctimas
de la dictadura cívico-militar, las instituciones de Memoria y por la Justicia,
y cientos de organizaciones político-sociales del campo popular lo han venido exigiendo
hace rato: que se cierre el Penal de Punta Peuco, yendo todos sus acomodados
moradores a las cárceles comunes (que nos disculpen los presos comunes); por el
fin de los beneficios carcelarios para todos los criminales de lesa humanidad. La
única excepción para lo anterior y que pudiera llevar a los esbirros a hacerse
merecedores a una rebaja de su sentencia –la que, en todo caso, tendría que
contar con el respaldo del conjunto de los familiares y compañeros de las
víctimas- sería su cooperación efectiva y completa en las causas sobre los
crímenes y situaciones represivas que hubiesen cometido y/o que tuvieren
conocimiento y siempre que se encuentren aquejados por una enfermedad de
carácter terminal.
Otra cosa sería impunidad y la sangre de
tantos y tantas no se puede olvidar ni negociar.
¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad,
Justicia y Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán
Libres!
Colectivo
Acción Directa CAD –Chile
Diciembre 20 de 2016
Diciembre 20 de 2016
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