“El número de muertes en conflictos agrarios en Brasil es el mayor en 13 años”
Según
la Comisión Pastora de la Tierra, la violencia en el campo en Brasil se
concentra en la región Amazónica
Por Rute Pina, Brasil de
Fato I São Paulo
En Resumen Latinoamericano –public. 8/12/16
Entre enero y
noviembre de este año, fueron registrados 54 homicidios provocados por disputas
de tierras en Brasil, superando los 50 muertos en el 2015, según el
levantamiento realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Con este
indice, el año 2016 ya se coloca como el más violento desde el 2003, cuando
fueron registradas 71 muertes en el campo.
El estado más violento, Rondônia, situado en el Norte de Brasil, sumó 17
homicidios. Maranhão, estado del Nordeste, quedó en el segundo lugar del
ranking, con 12 muertes, seguido de Pará, también del Norte, con seis.
Rúben Siqueira, de la coordinación nacional de la CPT, indicó que desde
hace cuatro años ya se verifica el incremento de homicidios, y que estos se
concentran en la región Amazónica, “la niña de los ojos del mercado mundial”.
Según Siqueira, el proceso de financiarización de las tierras, o sea, la
valorización de las tierras como activo económico, y la creación del programa
Tierra Legal, creado por el gobierno federal para regularizar tierras en la
Amazonía, son determinantes para entender la intensificación de los conflictos.
“Hay una corrida por obtener esas tierras como futuras inversiones o como una
posibilidad de conseguir su legalización a precios muy bajos”, dijo.
Para la defensora Ilemara Sesquin Lopes, del Núcleo de Conflictos
Agrarios de la Defensoría Pública del Estado de Rondônia, el crecimiento de la
violencia en el campo en el estado (que continua en entre los más violentos)
está relacionado a los retrocesos de las políticas públicas del gobierno
federal, ya que la mayoría de los conflictos está en áreas de la Unión y que le
compete al Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
Según la defensora, el Estado intervino de forma más incisiva en la
región después de los grandes conflictos en el 2003, a través de la creación de
la Defensoría Agraria, que fue extinta el 25 de noviembre.
“Hubo muchos cambios en el directorio del Incra. Algunos programas que
estaban evolucionando, de repente, retrocedieron. Desde hace algún tiempo que
ya no hay tanta participación del gobierno federal en las cuestiones agrarias
del Estado. Es natural que, con eso, la situación vuelva a ser lo que era en el
pasado”, analizó.
Siqueira observa con preocupación la “desinstitucionalización del país”.
Según afirmó, la disolución de secretarías ligadas a la reforma agraria y a la
agricultura familiar en la Casa Civil y la extinción de la Defensoría Agraria,
el día 25 de noviembre, sólo agravan el cuadro de violencia.
Falta de protección
Entre los homicidios contabilizados por la CPT en
Rondônia, está el asesinato del matrimonio Edilene Mateus Porto, de 32 años, e Isaque Dias Ferrira, de 34, en
septiembre de este año. La muerte de los líderes de la Liga Campesina fue
anunciada unos años antes de lo ocurrido, cuando ella registró una denuncia
informando a la Policía Militar que había hombres armados rodeando el
Campamento 10 de Mayo, donde vivían.
Ilemara Sesquin Lopes reiteró la falta de programas específicos para la
protección de víctimas y testigos de violencia y defensores de derechos humanos
en el Estado. “La mayoría de las muertes son anunciadas. Las personas son
amenazadas por grandes propietarios rurales y otras personas que tienen
intereses en la situación, sólo que poquísimas cosas son hechas en este
ámbito”, dijo.
A finales de agosto, el gobierno del estado creó, a través de la Ley
n°3889, el Programa de Protección a las Víctimas y Testigos Amenazados del
Estado de Rondônia (Provitas-RO), que busca dar protección a las personas que
están siendo coaccionadas o expuestas a graves amenazas, lo que están
colaborando con investigaciones o procesos criminales.
Brasil
de Fato cuestionó, por correo electrónico, al Consejo del
Estado de Defensa de los Derechos Humanos sobre la cantidad de personas que ya
integran el Provita-RO, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo
respuestas.
Siqueira afirmó que medidas paliativas son pensadas cuando las muertes
son notificadas fuera del estado, inclusive internacionalmente. “Ninguna medida
es estructural, en sentido de atacar las causas de la situación. Lo que tiene
que ser realizada es una reforma agraria verdadera y sacar a los ilegítimos
pretendientes”, dijo.
Impunidad
La impunidad complementa el “caldo de cultivo” del aumento de los
conflictos. “Casos que no van a juicio señalizan que la tierra no tiene ley, ni
dueño”, declaró Siqueira.
Otro levantamiento realizado por la CPT, del año 2015, apunta que, en los
últimos 30 años, apenas el 10% de los casos que fueron a la Justicia fueron
juzgados. De los 1.270 casos de homicidio registrados en este periodo, apenas
108 tuvieron una conclusión en el Poder Judicial y solamente 28 autores
intelectuales y 86 ejecutores fueron condenados por los crímenes cometidos.
Sesquin afirma que la situación es resultado de una policía sometida al
poder político de los latifundistas de la región. Además, “no hay estructura
para enfrentarlos”. “El contingente es pequeño. Las comisarías no tienen
estructura para investigar, y los crímenes, tan graves, se miden con la misma
vara que los otros”, evaluó la defensora.
La Defensoría cumple el papel de intermediación de ocupantes de tierras y
los supuestos dueños de las áreas, y está al frente de las negociaciones con
los gobiernos locales y federales. Sin embargo, Sesquin alega que la atención
de los órganos es “bien limitada”. En Rondônia, son apenas dos defensores
públicos agrarios, lo que es poco para el tamaño del estado, según ella.
“Conseguimos atender poquísima gente. Pero actuamos intentando hacer la
mediación de los conflictos, generalmente para evitar que haya intervenciones
de la policía de forma agresiva en las reintegraciones de pose”, afirmó.
Repercusión
En una nota, movimientos populares y entidades repudian las graves violaciones de derechos humanos enconflictos por la tierra ocurridos en el estado. “En el último período, la
criminalización y el exterminio se tornaran regla, colocando al estado
[Rondônia] como el primero del país en asesinatos a líderes de movimientos
sociales campesinos de lucha por el derecho a la tierra”, dice un trecho del
texto.
En el año 2015, de los 50 asesinatos ocurridos en conflictos agrarios, 47
fueron en la Amazonia; Rondônia es el estado con más casos: fueron 20 personas
asesinadas entre indígenas, quilombolas, ocupantes, sin-tierra, ambientalistas,
trabajadores rurales, y líderes.
La región contó con 30 de los 59 intentos de asesinato, 93 de las 144
amenazas de muerte, 66 de los 80 campesinos presos y 20.000.853 de los
21.374.544 hectáreas en conflicto.
Entre los principales conflictos están aquellos vividos por las
comunidades afectadas por diques e hidroeléctricas; la tensión con los
terratenientes, oriunda del problema de la propiedad de las tierras públicas;
conflictos provenientes de la inexistencia de implementación de las Reservas; y
los que afectan pueblos indígenas y quilombolas, que sufren con el desguace del
Incra.
El Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH) encaminó
para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día 24 de octubre, un
pedido de acción urgente para que el gobierno de Brasil y, específicamente, el
gobierno del estado de Rondônia, tome medidas inmediatas para el cese de la
violencia en curso y que impida que nuevas violaciones sucedan.
Antes de cerrar esta nota Brasil de Fato
buscó comunicarse con la asesoría de prensa de los Ministerios de la Casa Civil
y de Justicia, de los cuales no obtuvimos respuesta.
—
Traducción: María Julia Giménez
Foto: La Masacre del Eldorado de Carajás, en
1996, en el estado de Pará, aún es un símbolo de la violencia en el campo /
Cezar Magalhães
Colectivo Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Diciembre 10 de 2016
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