“Ex presos políticos anuncian
fracaso del diálogo de cuatro años con gobierno de Michelle Bachelet”
El
Comando Unitario de Ex Presos Políticos expresó que incluso el bono que había
prometido el ministro del Interior, Mario Fernández, no será entregado
En Diario U. de Chile –14/1/18
El
Comando Unitario de Ex Presos Políticos informó durante el viernes que la mesa
de diálogo establecida con el Poder Ejecutivo no concretó ninguna de las
exigencias que venían planteando como organización al gobierno de Michelle Bachelet.
“De acuerdo a nuestra política de
transparencia en lo que decimos y hacemos, debemos informar que la reunión con
la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se había corrido para el miércoles,
finalmente no se concretó. La razón fue la misma que nos habían dado el martes,
‘la Subsecretaria debe estar en el Congreso para defender proyectos
presentados’, indicaron a través de un comunicado.
Respecto de los proyectos que debe
“defender” la subsecretaría en el Congreso, no se encuentran medidas de reparación
a los ex presos políticos, afirmaron desde el comando.
Según la información, el coordinador del
comando, Manuel Jiménez, conversó con Lorena Fries, quien le habría reconocido
que “para los sobrevivientes no hay nada. Que incluso el proceso de recalificación
está en duda, porque no se han cursado los decretos respectivos, que lo hacen
operativo”, señala el comunicado.
En tanto, respecto del bono que ofreció el
ministro del Interior, Mario Fernández, a los ex presos políticos en marzo de
2017, la información que se le habría dado al comando es que los fondos están
pero que el gobierno no hará uso de ellos, quedando a disposición de Sebastián
Piñera.
“Una vez más -al igual que en 2010- le
endosan a un Gobierno de derecha, cumplir con lo que ellos no hicieron en
materia de derechos humanos. Y de Piñera y Kast, ya sabemos lo que podemos
esperar”, sentenciaron desde la coordinadora.
Ante esto, el miércoles en la mañana los ex
presos políticos se reunirán para tomar acciones concretas ante el
incumplimiento de las medidas.
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“Deterioro y destrucción: las
consecuencias de la falta de políticas en memoria y DDHH”
A
casi 28 años del regreso a la democracia, Chile no cuenta con políticas
públicas que garanticen el ejercicio de la reflexión y memoria histórica. Esto
se evidencia en que de los más de mil centros de tortura y detención utilizados
en dictadura, solo cuatro cuentan con recursos públicos y están abiertos a la
comunidad, luego de ser recuperados por organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.)
En Diario U. de Chile –public. 13/1/18
Son 1163 los sitios que se reconocen como
campos de concentración o centros de detención, tortura y exterminio,
utilizados durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. De estos,
apenas 55 están en proceso de recuperación, 30 han sido declarados monumentos
históricos nacionales, 12 están poder de asociaciones de la sociedad civil y
solo cuatro cuentan con financiamiento del Estado.
Estas son las cifras con las que Beto
Rodríguez, coordinador de la Red de Sitios de Memoria, intenta graficar el
estado actual de estos lugares y los efectos que ha tenido la omisión de
políticas públicas en materia de memoria desde el fin de la dictadura.
“El primer lugar declarado monumento
histórico nacional por el Estado de Chile es el de los hornos de Lonquén, donde
se da cuenta a nivel mundial lo que estaba ocurriendo con los detenidos
desaparecidos en el país. Le dieron esa categoría en 1996 y hoy, más de veinte
años después, ese sitio no tiene un acceso público. Estamos hablando de lugares
como José Domingo Cañas, que fue destruido el día anterior a que se decretara
monumento histórico nacional, o la ex Clínica London, que fue demolida y hoy es
parte de Inacap. El nivel de deterioro de estos espacios es una práctica
permanente”, enfatizó.
Patricia Zalaquett, presidenta de la
Corporación Memoria Cuartel Borgoño, comentó lo que ella ha llamado el “drama
de las organizaciones”. En el caso específico de este sitio, que operó como
centro de detención y tortura de la Central Nacional de Informaciones desde
1977, afirmó: “Quizás no es uno de los más identificados y los más visibles,
porque opera desde un periodo en que la forma de represión cambia. Ya no hay
una desaparición masiva de cuerpos, pero inventan la figura de falsos
enfrentamientos para eliminar a las personas”.
En 1996 se demolió el principal inmueble
del Cuartel. No hubo ninguna reacción del Estado y se construyó un edificio
institucional de la Policía de Investigaciones (PDI). Patricia sostuvo que
después los sobrevivientes empezaron a actuar y, a través de manifestaciones
constantes, lograron la declaración de monumento nacional el año 2016. “El
problema de ahora es que los recintos están abandonados, con ciertos daños
estructurales, los usan como estacionamientos y no tenemos acceso a menos que
pidamos permiso a la PDI”.
“Nosotros vamos juntando testimonios, haciendo
investigaciones sobre los hechos represivos, los agentes y la arqueología del
lugar, pero no tenemos financiamiento. No hay apoyo porque no es facultad del
Consejo de Monumentos Nacionales vigilar la mantención del inmueble. No hay
recursos para reconstruir el espacio y abrirlo al público como un sitio de
memoria. Más aún, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales se comprometió a
pedir que la PDI abandone el lugar, el Ministerio del Interior, del cual
depende este organismo, se mostró en desacuerdo. Estamos en una situación con
muchas dificultades para impedir su destrucción”, relató.
Erika Spuler, de la Asociación de Memoria y
Derechos Humanos Venda Sexy, se refirió al caso de este lugar que fue utilizado
por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), desde finales de 1974 y hasta
mediados de 1975, para torturar principalmente mediante mecanismos que
enfatizaban en vejaciones de tipo sexual.
“El lugar fue declarado monumento
histórico, desde ahí el Estado tuvo la intención de comprarlo al actual dueño
que lo utiliza como casa habitacional, pero finalmente no llegó a acuerdo.
Hasta el momento solo hay una placa en la plaza que está frente al sitio”,
indicó.
Hacia una ley de sitios de
memoria
Los cuatro centros que reciben
financiamiento estatal son Villa Grimaldi, Londres 38, Memorial Paine y
Memorial Neltume (en Panguipulli). Este año, se suman el Estadio
Nacional, José Domingo Cañas y Chacabuco. Sin embargo, los aportes públicos no
están definidos y son parte de una glosa presupuestaria anual, por lo que
depende de la voluntad política del gobierno de turno y los legisladores.
Es por ello que para las organizaciones
de Derechos Humanos (DDHH) es importante que exista una regulación que
proporcione recursos para recuperar los sitios de memoria y garantizar una
gestión autónoma de estos lugares, a partir de activistas, sobrevivientes y
familiares de víctimas de la dictadura.
Beto Rodríguez señaló que,
desde inicios del año pasado, distintas organizaciones se han reunido con
el objetivo generar una propuesta de ley de sitios de memoria, cuyo primer
borrador ya fue presentado a la Subsecretaría de Derechos Humanos que depende
del Ministerio de Justicia.
“Es necesario regular desde cómo se
desarrolla el proceso de recuperación hasta cómo se lleva a cabo posteriormente
la mantención del espacio, para poder ejecutar los proyectos vinculados a
memoria. Esto se puede generar como museo de sitio, mediante áreas de
educación, promoción de actividades artístico culturales, desarrollo de
investigaciones y aportes a la justicia”, explicó.
El documento definitivo de este proyecto
está siendo discutido actualmente por las distintas agrupaciones.
La omisión de los
gobiernos democráticos
Desde las organizaciones de DD.HH. advirtieron que los avances que hay en materia de memoria se deben al trabajo
de la sociedad civil. En general, califican las iniciativas estatales de
tardías e incompletas.
Para Gloria Elgueta, de Londres 38, existe
una omisión de políticas públicas, lo que es consecuencia de la dinámica de
consenso que se comenzó a construir al finalizar la dictadura, cuya forma de
“procesar el pasado” fue, al mismo tiempo, poniendo cierres a estos
temas.
“Si uno examina los distintos actos y pasos
que fueron dando los gobiernos civiles después del término de la dictadura, se
puede evidenciar esto. Un ejemplo es el Informe Rettig que, a pesar de la
importancia que tuvo como reconocimiento a las violaciones de derechos humanos
en el pasado, fue un intento de cierre: juzgamientos acotados de algunos casos
que en ese momento se pudieron abrir en el ámbito judicial, pero que
rápidamente se fueron cerrando”, sostuvo.
En esa línea, manifestó que esto también
significó el secreto de la información contenida en la Comisión Valech I. “El
caso de los sitios de memoria se inscribe en este paradigma. Esta manera de ver
el pasado como algo conflictivo que obstruye e interfiere en esa política de
reconciliación y consenso que ha sido la dominante durante todos estos años”.
“Se ha omitido una política de sitios de
memoria, porque implicaría un posicionamiento más claro de parte del Estado y,
probablemente, generaría debate y contradicción al interior de los propios
sectores que han gobernado”, concluyó.
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“Ministro Campos pone en duda
cierre de Punta Peuco: ‘¿Alguien ha escuchado a la Presidenta decir que la
cerrará?’”
"No
tengo conocimiento de que exista alguna resolución del Gobierno ni
particularmente del Ministerio de Justicia", aseguró la autoridad
En 24 Horas –public. 8/11/17
Al término de la comisión de notarios,
planteó que "no tengo conocimiento de que exista alguna resolución del
Gobierno ni particularmente del Ministerio de Justicia hasta el día de hoy
sobre el particular, cuando exista alguna información distinta se la
comunicaremos a los medios, si es que existe", sostuvo.
Consultado sobre el compromiso que la
Mandataria realizó públicamente, el titular de Justicia planteó que "eso
lo he escuchado a través de los medios, yo lo único que sé es que una señora
dijo que había hablado con la Presidenta de la República y la Presidenta le
había dicho, y el resto han sido puras interpretaciones
periodísticas".
La "señora" a la que se refirió
el ministro de Justicia es Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del
llamado "Caso Quemados", quien ha sostenido reuniones con la
Mandataria para solicitar el cierre del recinto donde permanecen condenados por
lesa humanidad.
El Ministro Campos insistió en su punto,
planteado que la Presidenta cumple con sus compromisos, "¿Alguien ha
escuchado a la Presidenta de la República, y lo digo bien directamente, decir
'voy a cerrar Punta Peuco'? Yo no lo he escuchado, todo lo demás han sido
interpretaciones (...) sobre el caso de Punta Peuco el Gobierno hasta el día de
hoy no ha adoptado una resolución".
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