No
importa el Indulto porque nadie se atreverá a aplicarlo. Lo que no podemos
aceptar son los indultos encubiertos o beneficios truculentos
Por Angélica
Palleras Norambuena, en FB -22/1//18
Desde hace 44 años
los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Chile hemos
estado buscando la justicia, de una u otra forma, en los tribunales, en las
calles, en los cerros y en los cementerios, donde a veces hemos hallado a
nuestros familiares asesinados. Desde esta larga travesía en busca de la justicia
que lleve a la cárcel a los criminales, cumpliendo con una condena y castigo
efectivo que al menos nos asegure que Nunca Más las Fuerzas Armadas serán
usadas para asesinar al pueblo chileno, estamos pidiendo al Estado y a sus tres
poderes que se cierre el Penal Punta Peuco, donde estos criminales de lesa
humanidad tienen condiciones privilegiadas de hospedaje.
De
la misma forma, o desde el cansancio de esta travesía del dolor y la
injusticia estamos pidiendo que el
Estado chileno no deje en libertad a los criminales de nuestros familiares por
ser ancianos y padecer enfermedades terminales propias de la edad. Pedimos esto
desde el derecho que tenemos judicialmente luego de haber perseverado por
tantos años y haber logrado unas pequeñas condenas comparadas con los
horrorosos crímenes que ellos cometieron.
Por
esta razón es que no podemos aceptar que el Gobierno nos diga que se pondrán
condiciones y exigencias para que los criminales de lesa humanidad tengan
posibilidades de beneficios carcelarios y puedan cumplir las condenas en sus
casas. Por esta razón no podemos aceptar que un beneficio que ya existía desde
hace dos años atrás, hecho y diseñado por el Gobierno de Michelle Bachelet,
para ser aplicado a nivel penitenciario, hoy sea presentado al Congreso para transformarlo en una Ley y Decreto
Presidencial con todo el peso que ello significa al transformarse en una
herramienta que los jueces podrán usar según sus criterios para dejar en
libertad a los delincuentes criminales de lesa humanidad asesinos de nuestros
familiares, de la misma forma como usaron hasta que les fue posible la Ley de
Amnistía que aún existe y si no la usan es porque un fallo de la Corte
Interamericana de Justicia determinó que esta clase de delitos no puede
amnistiarse ni prescribir y que el Estado chileno debe anular el Decreto Ley de
Amnistía e impedir legalmente la prescripción de estos crímenes.
¿Cómo
se las arregló entonces el Estado y sus poderes para aplicar la
impunidad?...Con un salvavidas para los criminales, llamado “media
prescripción”, la que al permitir la condena, configura un acto de “justicia” y
admitiendo la rebaja que implica esta media prescripción, configura el
“perdón”. Pero esta media prescripción no siempre dio los resultados esperados por lo que se ha diseñado y se está
terminando con la confección de este nuevo salvavidas para los criminales, una
nueva fórmula, un Proyecto de Ley que es
sin dudas un indulto disfrazado, así lo dijeron los abogados de derechos humanos
cuando este contenido se plasmó en un Decreto Penitenciario y no tiene por qué
ser distinto ahora que es Presidencial.
Este
Proyecto de Ley que con todo su contenido ya ha sido aplicado como Decreto
Penitenciario y no se les concedió beneficio alguno ni se les reinsertó en la
sociedad por no ser aptos para ello al no haber reconocido la culpa ni haberse
arrepentido públicamente del crimen cometido, ahora lo usarán las Cortes, las
que tendrán una ley de la que podrán hacer uso independientemente ante los
reconocimientos de culpa, arrepentimientos y peticiones de perdón que serán muy
fáciles de redactar por los abogados de los criminales, cumpliendo de esta
forma con los requisitos técnicamente solicitados para aplicar los beneficios
de acceso al arresto domiciliario, la libertad condicional y permisos de salida
bajo ciertos requisitos. En otras palabras, libertad para genocidas y
criminales de guerra y de lesa humanidad.
Por
otra parte, este Proyecto hace referencia a una Ley que tipifica los denominados crímenes de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra en Chile, con el objeto de regularlos
y sancionarlos, pero no dice que esta ley fue confeccionada durante estos
últimos dos años por parlamentarios
defensores de los criminales de lesa humanidad, considerando que en Chile no existió una
guerra o conflicto armado no internacional
para aplicar los Convenios de Ginebra, desconociendo que el 12 de
septiembre de 1973 se decretó en Chile un Estado o Tiempo de Guerra, en el
Decreto ley N°5. Todo esto para tener al alcance recursos técnicos legales para
la defensa y obtención de libertad de sus protegidos.
Esto
constituye para nosotros la respuesta que la Presidenta está dando a nuestra
petición de cerrar Punta Peuco, lo que probablemente se hará luego que todos
sus moradores sean beneficiados con arresto domiciliario y libertad
condicional.
Más
que una burla, esto es una deshonra para nuestros familiares ejecutados y
detenidos desaparecidos, por no tener derecho a que sus asesinos sean
castigados y para nosotros, es un acto infraganti de privación del derecho a la
justicia, al crear mecanismos y herramientas jurídicas desconocidas en el mundo
para dejar en libertad a criminales de lesa humanidad, para los cuales hemos
conseguido con gran esfuerzo tan pequeñas condenas en tan largos años de búsqueda
de la justicia.
Desde
mediados de diciembre de 2015, cuando el gobierno de Michelle Bachelet tuvo en
las puertas del Penal Punta Peuco a los criminales de lesa humanidad para ser
trasladados a Colina Uno, recinto carcelario de alta seguridad y no los
trasladó por una misteriosa razón de la que nunca nada se supo, se ha
desarrollado una maratónica acción política-estatal para librarlos del
presidio, con un Lobby parlamentario escandaloso que ha generado una serie
de leyes que permiten la excarcelación
de estos criminales, poniendo condiciones que hoy día el gobierno dice
establecer porque ya existen los beneficios y hay que ratificarlos sin
entenderse porqué ni para qué. Siendo la única razón lógica para todo esto el
hecho de que los Tribunales se complican al ir en contra de un Decreto
Penitenciario que siendo igual a este Proyecto de Ley, ha sido aplicado y no ha
beneficiado a los criminales porque las autoridades penitenciarias han
considerado que los reclusos no cumplen los requisitos y los jueces, muchas
veces han necesitado de una Ley de Estado que les permita a ellos decidir si el
criminal tiene o no tiene “derecho” a los beneficios que solicita, la que ahora
tendrán y podrán manipular para cumplir con sus objetivos de beneficiar a estos criminales.
¿En
qué terreno estamos realmente los querellantes cuando todos estos poderes se
unen para levantar el castigo que la Corte les ha dado a los querellados y
finalmente culpables de los crímenes que fueron acusados? ¿Por qué el Estado
chileno se enfrenta a nosotros y se pone de parte de ellos con excusas
irrisorias y fundamentos absurdos que luego de legalizarlos los aplican y nos
dejan en la orfandad más absoluta de justicia y honor? ¿Por qué hemos tenido
que llegar a la vejez las víctimas y los victimarios sin dar termino a esta
contienda moral donde ellos están siendo premiados con el “derecho” a vivir en
paz sus últimos días y a morir en paz, siendo que a nosotros aún nos duele la forma como ellos mataron a
nuestros familiares y nunca nos dijeron dónde estaban ni dónde están?
La
única respuesta que se me ocurre en este momento es que están actuando en
terceras personas y están negociando la sangre de nuestros muertos. Este es el
resultado de dos años de lucha de la ofensiva de la impunidad, lo hicieron bajo
nuestras propias narices o por debajo de la mesa, así como se negocia todo lo
que es irregular, oscuro y corrupto. Y si pienso por qué la Presidenta está en
esto, siendo hija de un ejecutado político, la respuesta es… Por la misma
razón. O sea, ella ve esto en tercera persona. Ella tiene otra visión de lo que
significa la búsqueda de la justicia al respecto, una visión muy diferente a la
nuestra, probablemente porque ella ha hecho las gestiones a otro nivel y en
otro tiempo. Ella no estuvo en Chile golpeando puertas de regimientos en busca
de nuestros muertos, ella no anduvo en las calles con carteles con los rostros
de nuestros muertos, ella no anduvo en los cementerios ni en los campos y
desiertos buscando a nuestros familiares asesinados, ella tiene otro nivel,
ella no es tan pobre como nosotros, ella tiene una altura social y política que
probablemente le hace ver distinta la situación. Ella pertenece a un medio
social-militar donde es muy bienvenida la falta de rencor y la comprensión que
un familiar de ejecutado pueda tener con ellos, los que dejaron pasar todo esto
y construyeron sobre la descomposición social que produce el crimen y la
impunidad.
Pero
nosotros somos distintos, de tal forma que si un hijo mío mata a su hermano, yo
personalmente lo llevaría a la cárcel, por su bien, por el de nuestra familia y
por la vida y memoria de mi hijo muerto…en justicia. Pero ni a la Presidenta,
ni al Parlamento le importan estas cuestiones morales, menos a los Tribunales
que tendrán en sus manos una nueva herramienta para liberar a los criminales,
una herramienta elaborada durante estos
últimos dos años, desde que la Presidenta se quedó con los genocidas en
la puerta del penal de lujo y tuvo que regresarlos porque manos siniestras le
impidieron esa noche que los enviara a un penal de presos comunes. Las mismas
manos y acciones siniestras que hoy están tras este Proyecto y lo usaran como
llave maestra en los Tribunales para lograr la libertad de los asesinos, yendo
más allá de la justicia que los condenó y más allá de la honra y dignidad de
nuestros familiares ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
Aquí
lo que menos importa es quien da el Indulto a estos criminales, porque nadie se
atreve ni puede indultarlos, pero si se
les puede entregar beneficios como estos que son indultos encubiertos. Con este
Proyecto, los familiares de las víctimas que durante tantos años hemos buscado
la justicia, tendremos que quedarnos sin la reparación del daño sufrido, sin el
castigo efectivo para los culpables, muy por el contrario, nos quedamos
nuevamente, como otros familiares de esta historia llena de masacres que ha
tenido nuestro país, en la desolación, el abandono y el descrédito de nuestra
defensa por nuestros familiares asesinados y la mofa de las personas que
protegen a los asesinos, los que una vez más y a propósito de este Proyecto nos
han dicho a través de las redes sociales que dejemos de defender a quienes se
metieron en cuestiones que les costaría la vida y que si vamos a seguir
buscando huesos ellos nos pueden enviar muchos huesos de perros.
Con
este Proyecto nos quitan el derecho al Juicio y Castigo que demandamos o
pedimos a los Tribunales y nos fue concedido. Con este Proyecto nos obligan a
seguir batallando en los Tribunales, alegando lo injusto e improcedente en el
otorgamiento de estos beneficios y viendo la forma de impedirlos.
JUICIO Y
CASTIGO SIN BENEFICIOS
PARA QUE
NUNCA MÁS EN CHILE
JUSTICIA
Y VERDAD
LA SANGRE
DE NUESTROS MUERTOS NO SE PUEDE NEGOCIAR
Angélica
Palleras
Hermana de Adolfo Palleras Norambuena
Asesinado en tortura por la Caravana de la Muerte en Copiapó.
Octubre de 1973.
Chile,
enero de 2018
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