La soterrada
ruptura de las asociaciones de DD.HH con Bachelet”
La
principal crítica apunta a que la actual administración solo se ha quedado en
las palabras, los discursos y los simbolismos, pero que, en la práctica, no ha
hecho nada para avanzar realmente o garantizar lo que en reiteradas ocasiones
el ministro del Interior, Mario Fernández, ha recalcado como el compromiso de
este Gobierno en materia de Derechos Humanos: verdad, justicia, reparación y no
a la impunidad
En El Mostrador –public. 28/12/17
Si no era en este gobierno,
cuándo. Si no era con ella, con quién más. Sin embargo, nada de lo que
esperaron que sucedería en la administración de Michelle Bachelet –una voz
autorizada, casi un ícono en este mundo por su historia de vida como víctima de
los horrores cometidos en dictadura– se ha materializado en ya casi tres años
de mandato. En las agrupaciones de Derechos Humanos se ha instalado una
profunda desazón y una impensada y fría distancia con la Presidenta Michelle
Bachelet.
Hay
solo una audiencia registrada entre la Mandataria y las dirigentes de las
agrupaciones de DD.HH, el 14 julio de 2014. En esa cita, las agrupaciones
solicitaron terminar con los beneficios a los violadores de DD.HH, el cierre
del penal de Punta Peuco, acabar con la ley del secreto por 50 años impuesto a
los nombres de represores surgidos en el Informe Valech, una ley que impulse la
degradación de militares involucrados en delitos de lesa humanidad, avanzar en
un proyecto de ley que prohíba la apología de acciones y personas vinculadas en
crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo, por su parte, asumió en ese minuto el
compromiso de nombrar al entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez,
como coordinador del equipo ministerial para el cumplimiento de las demandas
que plantearon las agrupaciones.
Un
año después, Bachelet se reunió con la sobreviviente del caso Quemados, Carmen
Gloria Quintana, quien reiteró la petición de derogar el secreto por 50 años
impuesto al Informe Valech e insistió en la degradación de militares violadores
de DD.HH. “Ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre y que
también todas las medidas que yo le pedí, ella las va a hacer llegar como
proyecto de ley al Congreso”, aseguró públicamente Quintana quince días después
de la mediática cita.
Pero
hasta la fecha nada de eso se ha concretado y difícilmente suceda, considerando
que en La Moneda reconocen que la distancia de las agrupaciones de DD.HH con
Bachelet no es tema y que no está en la lista de las preocupaciones palaciegas.
En reserva, algunas autoridades asumen que, a pesar del revuelo que ha
adquirido nuevamente esta agenda por la cuestionada liturgia del perdón el viernes
23 en Punta Peuco, el ánimo gubernamental real es evitar entrar en este
problema y tratar de mantenerse al margen lo más posible.
En
efecto, si bien la próxima semana se realizaría el comité político con los
timoneles de la Nueva Mayoría, donde cada partido debería hacer llegar sus
propuestas para la agenda de DD.HH y qué ruta adoptar en el debate sobre los
beneficios carcelarios por razones humanitarias, el Gobierno no pretende
liderar ni promover dicho debate sino que apuesta a que sean los partidos los
encargados y que dicha discusión se canalice en el Congreso.
Así
lo dejó claro ayer el propio ministro del Interior, Mario Fernández, quien al
ser consultado puntualmente sobre alguna iniciativa gubernamental en esta área,
afirmó que “el Gobierno no ha variado su opinión en materia de derechos
humanos: verdad, justicia, reparación, no a la impunidad y que se cumplan las
normas jurídicas vigentes. Ahora bien, si desde los distintos sectores de la
sociedad, las iglesias, los partidos políticos, surgen iniciativas, bueno,
cuando se planteen debidamente en el Congreso, ahí el Gobierno dará su
opinión”.
En
La Moneda hay quienes aseguran que Bachelet tiene muy claro lo que debe hacer
en esta área, que tiene definido qué rumbo tomará y cuándo, pero que considera
que este no es el momento. Por lo mismo, hay quienes apuestan a que en el
diseño presidencial está como norte el último 11 de septiembre que encabece
desde Palacio como la instancia precisa para hacer anuncios, entre los que no
se descarta el cierre de Punta Peuco.
Pero,
mientras tanto, en el propio Ejecutivo diversas fuentes reconocen que hoy
impera un ánimo de desilusión generalizado desde las agrupaciones de DD.HH con
la Mandataria, que sienten –así lo han expresado en diversas reuniones con
funcionarios de rango técnico en el Gobierno– que esta administración solo se
ha quedado en las palabras, los discursos y los simbolismos, pero que, en la
práctica, no ha hecho nada para avanzar realmente o garantizar lo que dice el
ministro Fernández que es el compromiso gubernamental en materia de DD.HH:
verdad, justicia, reparación y no a la impunidad.
En
agosto del 2015, Bachelet promulgó la ley que autoriza a erigir un monumento en
memoria del ex ministro, abogado y defensor de los DD.HH, Jaime Castillo
Velasco; cuatro meses después promulgó la Ley que creó la Subsecretaría de
DD.HH y, este año, designó a Lorena Fries para esa cartera; se reunió una vez
con los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asistió a
la inauguración del 158° período extraordinario de sesiones de la Comisión
Interamericana de DD.HH e inauguró la exposición fotográfica “Sitios de
Memoria”, muestra compuesta por imágenes que recuerdan el pasado traumático de
Chile en lugares donde se trasgredieron los derechos humanos entre 1973 y 1990.
En
octubre, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, Bachelet encabezó un
acto de reconocimiento por el fallo de la Corte Interamericana que declaró
responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación al derecho
de protección judicial en el caso Maldonado Vargas y otros, como también por la
excesiva demora en iniciar una investigación respecto a las torturas que sufrieron
las víctimas de este caso. "El Estado de Chile se equivocó gravemente. Y
hoy estamos aquí para reconocer esta responsabilidad y reparar a las víctimas
(…) gracias a este fallo, otras víctimas de consejos de guerra podrán presentar
recursos de revisión y restaurar su dignidad y honor militar (…) permitan que
esta Presidenta, hija de un general FACH, reconozca lo que ustedes han logrado
con una única palabra final: gracias", dijo la Mandataria esa mañana
visiblemente emocionada y con la voz entrecortada.
Las
violaciones a los DD.HH en dictadura vuelven una y otra vez a la palestra y dos
meses después nuevamente marcan la agenda pública. Así, ayer –durante una
entrevista en Radio Sonar–, Bachelet precisó que “el arrepentimiento no
basta, porque lo que las familias necesitan es saber la verdad, saber qué pasó,
idealmente encontrar sus restos, poder darles un lugar de sepulcro".
También reconoció que no tiene “una opinión definitiva” sobre la alternativa de
conceder indultos humanitarios a los condenados en estos casos y, si bien no se
amarró con una respuesta directa sobre el cierre de Punta Peuco, sí dijo que
cuando tenga algo que contar lo anunciará y que consideraba “importante generar
condiciones similares para tosas las personas”.
Sin
embargo, a pesar de estas palabras y simbolismos, en el mundo de los Derechos
Humanos hay gestos de La Moneda que han sido observados como una forma parca o
indolente de llevar las relaciones con las agrupaciones. “Una vez hicieron una
ceremonia sobre sitios de memoria en la Plaza de la Constitución y fue una
ceremonia vacía; con Bachelet y sin las agrupaciones. Nadie se enteró. La
muestra se instaló un viernes y el sábado ya había sido desmontada. No existe
una interacción con nadie desde La Moneda”, señaló un dirigente.
Erika
Hennings, de Londres 38, cree que no ha habido verdadera participación por
parte de las organizaciones porque no han sido convocadas. “Nos invitan a
ceremonias cuando ya se concretaron, pero a dar opiniones, nunca”, puntualiza.
El
principal problema que tienen las agrupaciones de DD.HH es que sienten que
están contra el tiempo, los autores de los crímenes envejecieron, se están
muriendo y, con ello, la posibilidad de acceder a la verdad y en muchos casos a
grados de justicia. Por lo mismo, la esencia de la decepción con Bachelet pasa
por la convicción de que lo que no se logró hacer en este Gobierno, ya no va a
suceder nunca y que, por lo mismo, solo han perdido el tiempo estos tres años.
A
ello se suma que durante el 2015 en algunas reuniones con la ex ministra
Javiera Blanco se les aseguró a las agrupaciones que el cierre de Punta Peuco
era algo concreto, que sería anunciado en el mes de septiembre, pero llegado el
momento la Presidenta no tomó la decisión final y todo quedó en nada sin
mayores explicaciones.
El
2015 ya hubo dos huelgas de hambre de ex presos políticos y, en septiembre de
este año, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos le dejó una carta
a Bachelet en La Moneda donde le exigían el cumplimiento de sus promesas.
"Es hora de que su Gobierno cumpla con el programa de DD.HH. y asuma las
demandas legítimas de los familiares de las víctimas que usted comprometió al
país y responda a la sociedad en su conjunto con verdad, justicia y memoria",
rezaba la misiva.
Consultada
por El Mostrador, la directora de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Ana María Carreño –quien perdió a su padre y a su
hermano de 15 años– tiene un diagnóstico categórico: “No existe voluntad política.
En todas las peticiones que hemos hecho como agrupaciones hemos pedido no
impunidad, cierre de Punta Peuco, que los violadores a los Derechos Humanos
vayan a una cárcel común, sin embargo, no ha sido posible”. Agrega que las
esperanzas que tenían puestas en Bachelet pasaban mucho por el hecho de que se
trataba de una “mujer, madre y víctima de torturas”.
La
abogada de DD.HH, Carmen Hertz –madre de Germán Berger, el ex director de la
Secom en este Gobierno– sentenció que no se ha avanzado en casi nada de lo
propuesto en el programa presidencial. “Se creó una Subsecretaría de DD.HH,
pero en términos de lo que es avanzar en impulsar una agenda contra la
impunidad, por la verdad, la justicia y la memoria, no ha ocurrido”.
Agregó
que esperaba una respuesta mucho más enérgica ante el despliegue del discurso
del perdón que ha emanado de violadores a los DD.HH. Hertz la llama “campaña
pro genocida”, en la que “el ministro de Justicia se sumó y pretende
transformar a los victimarios en víctimas y acosar a las víctimas para saber
por qué no perdonan”.
Lo que viene
Este
3 de enero entra en funciones plenas y totales la Subsecretaría de DD.HH, cuya
principal tarea será la construcción de un Plan Nacional de Derechos Humanos
que debe ser elaborado en conjunto con la sociedad civil.
La
ley establece que dicho plan durará cuatro años, debe establecer un diseño e
implementación de las políticas públicas encaminadas “al respeto, promoción y
protección de los DD.HH” y debe específicamente abordar “la promoción de la
investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y
genocidios, y crímenes y delitos de guerra, en especial, según correspondiere,
aquellos comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de
1990”.
Poco
después de ser nombrada, Fries se reunió con las agrupaciones de DD.HH de toda
índole, desde las minorías sexuales hasta las de víctimas de la dictadura,
precisamente para delinear y explicar la forma conjunta en que se desarrollará
el trabajo al alero del Plan Nacional. En dicha cita, la subsecretaria se
comprometió a incluir las demandas de los familiares de Detenidos
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y todas las vinculadas a los horrores de la
dictadura de Augusto Pinochet.
Pero
ese compromiso difícilmente descomprime la tensión instalada entre las
agrupaciones y la Presidenta Bachelet, porque el Plan Nacional solo verá la luz
recién a finales de 2017. Hay quienes en el Gobierno ven con preocupación que
la molestia y decepción de los familiares de las víctimas se canalice más allá
de simples cartas y que se transforme en una factura política mayor para la mandataria.
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