“Argentina: Un refugiado sin protección”
Por Rodolfo Yanzón*, en Resumen Latinoamericano –14/1/18
El
gobierno de Mauricio Macri violó la Convención Internacional de Refugiados y
puso en serio riesgo el sistema de protección internacional a favor de los
perseguidos del mundo.
Como fruto de un acuerdo con la pinochetista
UDI de Chile, el gobierno avanza en su decisión de hacer cesar el status de
refugiado político de Galvarino Apablaza Guerra. En diciembre de 2015
comenzaron las tratativas de personeros de la UDI, especialmente llevadas a
cabo por Issa Kort y Andrés Chadwick, éste último primo de Sebastián Piñera,
que viajaron en distintas oportunidades para reunirse en la Cancillería y en la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para acordar y redactar,
conjuntamente con funcionarios argentinos, los argumentos que les permitirían
hacer efectiva la persecución de los herederos del dictador Pinochet contra
quienes lo enfrentaron.
La decisión se basa en que Apablaza Guerra
fue al Consulado de Chile en Buenos Aires para dar su testimonio como víctima
de prisión política y tortura durante la dictadura de Pinochet, en el marco de
la Comisión Valech. Al denunciar que fue víctima de torturas y arresto ilegal
durante casi dos años, según el gobierno de Macri y los pinochetistas, Apablaza
Guerra se sometió voluntariamente a la “protección” de su país de origen y, por
lo tanto, no necesita la protección internacional de la Convención. Según ese
“argumento”, el gobierno hubiera mantenido la protección internacional si
Apablaza no brindaba su testimonio como víctima de la dictadura ante una
comisión que ha incomodado desde su creación al pinochestimo en Chile. Por lo
tanto, la decisión del gobierno de Macri implica revictimizar a Apablaza
Guerra, quien, en caso de ser llevado a Chile, será hostigado por las fuerzas
políticas que formaron parte de la dictadura de la que fue víctima, como se
evidencia en cada declaración pública que hacen.
Además, el gobierno de Macri violó la
confidencialidad del trámite y la prohibición de toda injerencia del Estado que
provoca las circunstancias por las que se brinda la protección internacional
-principios contenidos en la Convención- al dar a conocer a autoridades
chilenas la decisión tomada. De hecho, quien difundió la noticia fue el
canciller chileno, Heraldo Muñoz, junto a dirigentes de la UDI. Para llevar a
cabo esta grave violación a los derechos humanos, el gobierno de Macri dispuso
que fuera la Secretaría de derechos humanos de la Nación, a cargo de Claudio
Avruj, la encargada de las negociaciones con la UDI. En todas las reuniones
entre funcionarios argentinos y representantes y voceros del pinochetismo
estuvo presente Hernán Schapira, funcionario dependiente de Avruj, quien en
declaraciones a la TV chilena ya en enero de 2016 (aún no llevaba un mes en el
cargo) advirtió que le quitarían el refugio a Apablaza, sin siquiera estudiar
los fundamentos del caso y que ameritaron la protección argentina con el aval
de los organismos internacionales especializados en el tema.
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Abogado DD.HH.
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Colectivo
Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Enero 15 de 2018
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