HIJOS DE PIÑERA Y DE
PIZARRO Y UNA SOCIEDAD DE TIRONI
Los nombres y conexiones políticas detrás de las empresas que
facturaron a SQM
Por:
Equipo CIPER en Actualidad y Entrevistas[1]
Publicado:
02.04.2015
24 son las empresas que aparecen en la
nueva denuncia del SII por emitir facturas sin el debido respaldo para SQM por
un total de $2.202 millones. La nómina incluye sociedades con claros vínculos
políticos con la DC, la UDI y Sebastián Piñera. Otras son controladas por
personas del círculo cercano a Julio Ponce Lerou, accionista principal de la
minera, sobre las que recae la sospecha de que fueron utilizadas para evadir
impuestos. Todas ellas están siendo investigadas por el Ministerio Público
Entre
los contribuyentes identificados en la nueva denuncia del SII figuran 24
sociedades que emitieron facturas para SQM por trabajos que no tienen respaldo
en la contabilidad de esa empresa (ver nómina[2]). En
total, estas facturas suman más de $2.202 millones. Entre las empresas que
ahora serán investigadas por la Fiscalía se cuentan varias relacionadas con
importantes actores de todo el arco político. Dos de ellas forman parte del
conglomerado del ex presidente Sebastián Piñera. Otra pertenece a tres de los
hijos del nuevo timonel de la DC, Jorge Pizarro. También incluye una sociedad
en la que figura el sociólogo y empresario de la comunicación estratégica,
Eugenio Tironi. El director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, el
principal creativo de la recordada campaña del No, también tiene participación
en una de ellas.
Administradora
Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con el ex presidente
Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le
cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A
la segunda, cinco facturas por $26 millones.
Los
representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano
del ex presidente: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente
general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones
y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox
Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva
Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador
de Penta –hoy en prisión preventiva–, Carlos Alberto Délano.
“(Piñera)
no es parte de la dirección de la empresa y nunca ha tenido injerencia en la
gestión de la administración o servicios que ésta presta. Administradora
Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga
del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado
involucrado en su gestión”, dijo Fernando Barros, director de Bancorp a El
Mercurio.
NEXOS CON
LA DC
Poco
antes de convertirse en el nuevo presidente de la Democracia Cristiana, el
senador Jorge Pizarro se refirió a los pagos políticos de SQM en una entrevista
que dio al diario Pulso[3]. Fue
cuidadoso al decir que esperaba que se “actúe sobre la base de denuncias y no
se confundan las cosas ni se especule más allá de los razonable”. Ahora, con la
ampliación de la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM
por delito tributario, la denuncia existe y lo toca indirectamente.
Ventus
Consulting, la empresa que crearon en enero de 2010 los hermanos Sebastián,
Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, entregó 11 facturas a SQM por un total de $45
millones. Todos ellos son hijos del senador. El representante legal de la
sociedad es el periodista Sebastián Pizarro, quien actualmente trabaja en
Minera Escondida según la información que publica en su perfil de LinkedIn.
Otro
de los socios de Ventus Consulting, Jorge Pizarro Cristi, es también yerno del
ministro de Energía, Máximo Pacheco, y desde marzo de 2014 se desempeña como
vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de la
Subsecretaría de Economía.
Rentas,
Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, emitió una factura a SQM por $30
millones. La sociedad, creada en 2006, está ligada a la familia Frei: fue
constituida por el abogado Pedro Andrés Yaconi Valdebenito y, su esposa, Mónica
Antonia Urzúa Frei, hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle. Yaconi, por su parte, es
socio de Juan Pablo Hermosilla en Hermosilla y Compañía Abogados Asociados; fue
representante de la Fundación Frei; y ha sido mencionado como recaudador de la
campaña presidencial de Eduardo Frei en el 2009 (ver reportaje de CIPER[4]).
Asesores
en Gestión Integral es otra de las empresas incorporadas a la denuncia del SII.
El rastreo de CIPER indica que uno de sus socios tiene estrechos lazos con la
DC. Sus dueños son Daniel Pérez Bensan y la contadora auditora Clara Bensan
Jofré (socia de Bensan & Bensan Consultores). Ella integró una de las
listas que compitieron en la última elección de la directiva DC: la que presidía
Ricardo Hormázal, y en la que Clara Bensan iba como segunda vicepresidenta.
LA
CORPORACIÓN DE LA UDI
La
Corporación de Asuntos Públicos no es la que registra el monto más altoentre
las empresasque facturaron a SQM, pero sí es la que presenta mayor regularidad
en las transacciones: 61 facturas en sólo dos años, por más de $131 millones.
Es también otro de los nudos que vinculan a la UDI con Soquimich (vea el
segundo reportaje de esta serie: “74 personas que el SII investiga por pagos
políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN”[5]).
Según
un reportaje de La Segunda[6], la
entidad es dueña de “la Casa de los Senadores”, una propiedad en calle Lota
aledaña a la sede del partido, donde funciona la sede metropolitana de la UDI.
Pero su vínculo con el partido de calle Suecia es mucho más estrecho. Uno de
sus representantes legales es Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal
Supremo de la UDI desde 1993, quien ha formado parte de la corporación desde
hace más de dos décadas. De hecho, fue parte del directorio que en 1997 decidió
que, en caso de que la corporación se cierre, la entidad beneficiaria de sus
bienes sería la Fundación Jaime Guzmán.
Los
otros integrantes de ese directorio eran Jovino Novoa, Vasco Costa, Raúl
Lecaros e Ignacio Astete. Serrano es también cercano a los ex ministros y ex
senadores Pablo Longueira y Andrés Chadwick: fueron socios en Copra, una
sociedad que crearon en 1986 y que en 2008 ingresó a la propiedad de la
Universidad San Sebastián[7]. El otro
representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos es el abogado Gonzalo
Molina Ariztía, miembro del Consejo Directivo del Servel desde 2013.
Hay
otras 18 facturas que conectan los pagos sin respaldo de SQM con otra entidad
vinculada a la UDI. En total, son $125 millones que fueron a parar al Centro de
Investigaciones Sociales de Chile (CIS) una sociedad creada en 2004 por el
analista político Gonzalo Müller Osorio, esposo de la diputada María José
Hoffman (UDI), y su padre Gilberto Müller Corvalán, quien la controla.
CIS
Chile tiene como objetivos realizar encuestas y estudios de mercado y de
opinión pública, además de actividades de publicidad, propaganda política y
comercial. Actúa también como consultora en temas económicos, legales y de
administración, entre otros rubros. En las elecciones de 2013, el único
registro del Servel es por $19 millones en servicios prestados a Ena Von Baer.
Actualmente,
Gonzalo Müller Osorio no forma parte de la sociedad desde que en 2010 vendió su
parte a su hermano Mauricio. Sus representantes legales son su padre y el
gerente general de la empresa, Esteban Gal Oliva, quien además aparece a título
personal en la lista de quienes emitieron boletas de honorarios a SQM sin
respaldo por $3,5 millones.
En
2013, Esteban Gal creó una sociedad de rubro similar junto a su hermana
Margaret: “EGO Servicios de Integración de Voz y Datos de Chile” o EGO Chile,
que provee servicios de integración de voz y datos, investigación de mercado y
opinión pública, encuestas, consultorías publicitarias. En la campaña de 2013
prestó servicios a la UDI, a Evelyn Matthei y a los candidatos parlamentarios
de la UDI: Ena Von Baer, Arturo Squella, Ernesto Silva, Juan Antonio Coloma,
María José Hoffman, José Antonio Kast, Patricio Melero y Jaime Bellolio por más
de $285 millones.
AMIGO DE
ALLAMAND
Inversiones
Invercob no siempre se llamó así. Al principio era Allamand, Varela y Compañía y
en ella compartían sociedad el ex ministro y senador de Renovación Nacional,
Andrés Allamand, y el abogado Juan Francisco Varela Noguera. Los dos han sido
socios por varios años y en distintos emprendimientos: son al menos cinco las
sociedades que aparecen en el Diario Oficial en que los dos comparten la
propiedad. Cuando Allamand se retiró en 1994 y la empresa cambió de nombre,
Varela quedó como representante legal. Todavía lo es. Inversiones Invercob
emitió nueve facturas a SQM por un total de $91,6 millones.
DEL MUNDO
DE LAS COMUNICACIONES
Sur
Profesionales Consultores está investigada por cuatro facturas emitidas a SQM y
cuestionadas por el SII, las que suman $20 millones. Sus representantes legales
son el sociólogo Eugenio Tironi Barrios, dueño de una de las empresas de
comunicación estratégica más influyentes del país, y el arquitecto Alfredo
Rodríguez Arranz.
La
sociedad se constituyó en 1979 y se modificó en 2001, cuando fue transformada
en sociedad anónima, ingresando a ella varios profesionales. Entre los socios
actuales, se encuentran varios intelectuales de izquierda, como José Bengoa,
rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y el Premio Nacional
de Historia, Gabriel Salazar Vergara. También la integra la Corporación Sur
(Centro de Estudios Sociales y Educación Sur), entre otros.
En
la nueva nómina entregada por el SII también aparece la sociedad familiar del
actual director de Chilevisión: Jaime de Aguirre Hoffa. Inversiones La Música
Limitada fue modificada en noviembre de 2010 y pasó a llamarse Asesorías e
Inversiones La Música SpA. Esta sociedad presenta tres boletas entregadas a
SQM, por $45 millones.
EL
CÍRCULO DE PONCE LEROU
La
denuncia de Impuestos Internos incluye dos sociedades integradas por personas
vinculadas a Roberto Guzmán Lyon, hombre de confianza del controlador de SQM,
el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Las
dos son controladas por Luis Enrique Saldías Varas, quien fue uno de los
representantes de las sociedades de Soquimich controladas por Julio Ponce a
través del sistema de “cascadas”. Era además gerente general de Inversiones del
Sur, también controlada por Ponce.
La
primera sociedad de Saldías que figura en la denuncia del SII es Inversiones
Enjoy. Allí Saldías está asociado asu esposa Myriam Cofré Pino y a su hijo
Diego Saldías Cofré. Inversiones Enjoy, una sociedad que tiene un capital que
supera los $2.138 millones, facturó a SQM más de $458 millones a través de 35 facturas
por servicios prestados que hasta ahora no cuentan con respaldo que acredite
que realmente se realizaron. La segunda sociedad es Dasco Tecnologías, la
queemitió dos facturas a SQM por un total de $4,7 millones.
En
la nómina también aparece la empresa Servicios Financieros G & G Ingenieros
Limitada, con dos facturas por un total de $19,2 millones. Fue creada en el
2004 por José Osvaldo Guerrero Zamorano y su hija Lorena Paz Guerrero Jaque con
un capital de $2 millones. José Guerrero aparece como representante de las
sociedades vinculadas en el llamado Caso Cascadas: Norte Grande, Oro Blanco,
Pampa Calichera, e Inversiones del Sur.
LOS
REPETIDOS DE PENTA
En
la lista aparece también una empresa que ya está siendo investigada en el Caso
Penta: Asesorías Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L. Ahí está el ex operador
político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado
por cohecho en el “Caso Coimas”. Tal como reveló una investigación de CIPER[8], la
empresa ha prestado asesorías aparlamentarios UDI y de la Nueva Mayoría que le
han significado ingresos por más de $126 millones. Para SQM, figura emitiendo
cinco facturas por un total de $17,5 millones.
Otro
nombre que vuelve a cruzarse entre las investigaciones por financiamiento
ilegal de la política es el de la lobista Cristina Bitar Malik, socia de la
empresa de comunicaciones estratégicas Azerta. En el caso Penta, ella figura
recibiendo dineros cobrados a través de boletas de la cuñada de Pablo Wagner,
María Carolina de la Cerda, para pagar supuestos gastos de la campaña
senatorial de 2009 de Joaquín Lavín.
Ahora,
su nombre aparece vinculado a Asesoría e Inversiones Lima, una empresa que
comparte con su padre Lorenzo Bitar –hermano del ex ministro Sergio Bitar– y la
empresa OXO Chile. La sociedad, que es representada legalmente por Cristina
Bitar, emitió siete facturas a SQM por un total de $185 millones.
Reactor
SpA también está en la lista de las empresas que ya figuraba en el expediente
de Penta. La sociedad presta asesorías en estrategias digitales y está
investigada por emitir boletas que usaron para financiar la campaña a senador
del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. En la nueva denuncia del SII,
aparece con tres facturas para SQM por $7,5 millones. Sus socios son los
periodistas Iván Sebastián Correa Hasbún y Felipe Tomás Cádiz Herrera, además
del diseñador gráfico Rodrigo Ignacio Polidura Álvarez.
OTRAS
SOCIEDADES INVESTIGADAS
Consultores
de Administración Asociados, es la segunda en la lista del SIIcon mayor
cantidad de facturas emitidas a SQM. Fue creada en junio de 2007 con un capital
de apenas $2 millones que aportaron íntegramente sus dos socios: Felipe
Heiremans Etcheberry y su hijo Bernardo Heiremans Velasco. La empresa, que se
dedica a las asesorías empresariales y en materia de gestión, emitió 44
facturas a la minera entre 2009 y 2010. El monto total supera los $464,4
millones.
Otra
de las sociedades en la nómina es Servicios y Publicidad La Clínica Ltda., la
que emitió una factura a SQM por $58 millones. La Clínica Limitada fue creada
en octubre de 2006 por Diego Alejandro Perry Aldana y por el abogado Francisco
José Diez Castellanos (Diez y Cía. Abogados) para proveer de servicios de
publicidad y marketing. En marzo de 2008 ingresaron a la sociedad Andrés
Alcoholado Semler y Daniel Eduardo Molina Gutiérrez. En 2013, la empresa
facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la
campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante
el Servel con fecha 3 de septiembre de 2013 (ver aquí[9]).
La
nómina de los contribuyentes que deben ser investigados incluye a Kybalion
Consultores Limitada, constituida en abril de 2010 para prestar asesorías de
procesos, diseño, desarrollos e implementación de tecnología de información.
Kybalion emitió a SQM dos facturas por un total de $22 millones. En 2011 se
retiraron de la sociedad Andrés Bustamante Valenzuela y León Darío Montoya
Forero, quedando como únicos propietarios María Angélica García García y Luis
Alejandro Quijada Bahamondes. Entre los ex directores figura Alejandro Mario
Bahamondes Saavedra, ex vicepresidente del PPD y actual embajador de Chile en
Paraguay.
También
emitió facturas el estudio jurídico Guzmán y Compañía Abogados Limitada. Son
dos facturas a SQM por un total de $20 millones. El estudio fue constituido en
julio de 1990 por Andrés Guzmán Devoto y Felipe Guzmán González. En 2012 Felipe
Guzmán vendió sus derechos a Andrés Devoto y a Antonia Guzmán Rivadeneira.
Figura
también en la lista del SII la empresa Asesorías y Cobranzas Integradas
Limitada, la que emitió una factura a SQM por $5 millones. Sus propietarios son
Luis Alfonso Letelier Urcelay, quien se desempeña desde septiembre de 2013 como
juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta; el abogado
Francisco José Correa Puelma, funcionario de la Dirección General de Aguas
(DGA) desde 1993; y hasta septiembre de 2010 Hernán Javier Arteaga Von Saint
George.
Claudia
Alejandra García Furche es la única persona natural que figura en la nueva
lista de las empresas investigadas por el SII. En el Registro Nacional de
Proveedores (Chile Compra) aparece su nombre. García, que es prima hermana del
ministro de Agricultura Carlos Furche Guajardo, emitió una factura a SQM por $1
millón.
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