Y
como su inmoralidad invalida el poder económico y político que detentan, los
empresarios y el estrato político civil simplemente no pueden ni deben dirigir
más los destinos de millones de chilenos, de aquellos que debemos lidiar diariamente
con un montón de penurias, deudas, mal pagados trabajos, con una educación y
una salud pauperizadas, con pésimos sistemas de transporte público, etc., etc.
Por cierto que no pueden
A raíz de todas las evidencias del último tiempo sobre
la corrupción, tráfico de influencias, cohecho, sobornos, malversaciones, financiamiento
ilegal de campañas políticas, exacciones, evasión tributaria, etc., existentes al
interior del empresariado y del estrato político civil, delitos que se ven potenciados
por el obsceno contubernio de ambas partes, diversos sectores e instancias de
la sociedad civil han planteado su justo reclamo ante tanto descarado e intolerable
abuso.
El jueves 16 recién
pasado, cerca de 200 mil estudiantes y trabajadores se movilizaron por todo el
país proclamando una clara consigna: “Ni
corruptos ni empresarios, que Chile decida su educación”[1].
Protestaban para demostrar su indignación con el actual escenario de crisis del
sistema político chileno; exigiendo, además, que todas las reformas que
pretende imponer sin más la Nueva Mayoría (NM) se construyan considerando a la
sociedad en su conjunto, democráticamente, y que los cambios en la educación
sean reales y no meros perfeccionamientos a un modelo de mercado claramente antipopular
e insostenible.
Universitarios,
secundarios, trabajadores, profesores, adultos mayores, y distintas organizaciones sociales, del
medioambiente, feminismo, sindicatos y colegios profesionales se manifestaron
en contra de los enjuagues y los vínculos entre políticos y empresarios,
cansados de la situación actual que vive el país. “Los actores sociales hemos dejado en claro que no estamos para una política a la medida de los
empresarios ni para acuerdos por arriba, lo que queremos es participación real
de la sociedad”, manifestó la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra[2].
En esa misma línea
de pronunciamiento ante la clara descomposición del sistema de dominación, varias
Agrupaciones de Derechos Humanos han manifestado[3]
su repudio frente a los delincuenciales casos de cohecho-soborno. Han
calificado como un acto inmoral el que dirigentes políticos y autoridades del
gobierno solicitaran recursos a la empresa Soquimich, luego que el presidente
de Enersis, Jorge Rosenblut[4],
reconociera que había pedido dineros para la campaña presidencial de Michelle
Bachelet, en 2013. Además, otro tanto hizo el también famoso Giorgio Martelli[5].
Lo que les faltó concluir a las organizaciones defensoras de los DDHH es que
aquellas solicitudes de divisas no sólo presentan reparos legales, sino también
morales. El pedirle plata a Ponce Lerou, el dueño de SQM, es de una bajeza monstruosa,
toda vez que él fue yerno del chacal Pinochet; es decir, formó parte del entorno
más íntimo de éste y se enriqueció gracias a esa relación. Pues bien, quien facilitó
el enriquecimiento de Ponce Lerou, por transitividad aparece financiando la
carrera presidencial de la hija del general de aviación por quien no tuvo ningún
asco en ordenar que le torturasen hasta morir.
Por su parte, la
presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira,
señaló que los casos Penta, SQM y Caval son hechos condenables a juicio de la
organización, por lo que remarcó que la justicia debe avanzar en las
investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables. A
juicio de la dirigenta, la ciudadanía valoraría que la actual administración “intentara
hacer esfuerzos de verdad por transparentar y enmendar los errores cometidos”. En
todo caso, Lira decolora un poco la situación, pues nos habla de “errores”, queriendo
dar a entender que los culpables de tanto robo y abuso simplemente hicieron lo
que hicieron por desconocimiento o quizá sin querer.
La presidenta de
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, va algo
más allá y manifestó que el vínculo existente entre las grandes empresas y la
política se logró gracias a la impunidad materializada en los últimos años. En
ese sentido, sentenció que para poner fin a las irregularidades se debe
terminar con la democracia tutelada y con los amarres heredados por la
dictadura. Lamentablemente, Pizarro también guatea en su discurso, cuando acusa
a la derecha de querer instalar un “desfile de declaraciones” para deslegitimar
la ejecución de las reformas, cuando todos debiéramos saber que las propuestas de
la NM, a la cual Pizarro apoya por ser militante PC, no son más que meros
maquillajes a los engranajes del sistema heredado de la dictadura
cívico-militar, por lo que no merecen ningún apoyo por parte de las mayorías
nacionales.
El abogado de DDHH
Héctor Salazar agregó, acertadamente, que la revelación de los casos Penta, SQM
y Caval corroboran la “crisis moral”, los escollos y las dificultades que el
país vivió en su transición a la democracia, lo que afectó también el avance en temas de violaciones a
los derechos fundamentales. Salazar concluye que las “platas que se
descubrieron no fueron para defender la democracia como decía Rosenblut”, sino
que para consolidar a “ciertos sectores políticos” dentro del aparato de poder.
Y agreguemos que ello claramente se hizo con el fin de favorecer los intereses
del gran empresariado.
Como la mierda
del oprobio salpica de lado a lado al estrato político civil, a peces gordos
del capital financiero, a ministros, a congresales, a la ‘Gordi’ y su
parentela; en fin, al conjunto de los de ‘arriba’, algunos comienzan a desesperarse
ante el abismo que se les abre con el destape de la sucia olla.
El mismo
incondicional acrítico de la Bachelet, ex diputado y presi del PS, Camilo
Escalona[6],
llegó a sugerir adelantar las parlamentarias para intentar salir al paso a las
críticas y desvaloración de la política y del sistema político en curso. Claro
que los que fueran socialistas y que hoy se autodenominan PS, rápidamente lo acusaron
de ‘desleal’, olvidando que ser cortés no quita lo valiente. De otra parte, el
ex de interior de la misma Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, cree urgente que se
cambie el gabinete[7].
No obstante, de
ser realizados tales cambios en los marcos de la cuestionada legalidad actual,
nada asegura que no se vuelvan a repetir hechos de corrupción. Y es que un
sistema de dominación y explotación como el existente en Chile, excluyente y
antidemocrático, está basado en el acuerdo de unos pocos para imponer su
hegemonía sobre la amplia mayoría nacional. De tal forma, la patronal y el
bloque político de Estado harán todo lo posible para mantenerlo tal cual,
aunque ello les cueste infringir la misma legalidad que dicen adorar cual Baal
reencarnado.
Al pueblo y a los
trabajadores nos debiera quedar más que claro que toda esa jauría de empresarios
y politicastros no sólo son un montón de delincuentes, sino que ya no tienen
ninguna moral, si es que la tuvieron alguna vez, para decidir nada en este
país. El movimiento popular les debe pasar la cuenta para que respondan por sus
actos, pero, estratégicamente, debe desde ya construir el poder alternativo que
le permita disputar el poder de manos de sus enemigos de clase y pasar a la
ofensiva.
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
Colectivo Acción Directa –Chile
Abril 21 de 2015
No hay comentarios :
Publicar un comentario