MILICOGATE: COMIENZA LA ROSCA ENTRE LOS IMPLICADOS

Ureta, el 'preocupado' por la justicia

El oficial a cargo de la División de Mantenimiento del ejército dio a conocer en un email que la culpa por las sustracciones de fondos a partir de la ley reservada del cobre es del Comando de Apoyo a la Fuerza. No obstante, el hombre también tiene sus yayitas en el ‘Milicogate’

En dicho correo electrónico masivo, divulgado éste miércoles 9 por The Clinic, el mandamás de la mentada División, general Héctor Ureta, devela cómo se efectuaron las delincuenciales y cuantiosas defraudaciones con los fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, más conocido como caso “Milicogate”. Dicha ley acapara el 10% de las ventas brutas del cobre para la compra de armamento y mejoras pecuniarias de los integrantes de las ramas castrenses.

En su largo mensaje, Ureta apuntó sus críticas al mando del ejército y al polémico Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), la repartición a cargo de gestionar para callado los recursos que anualmente le entrega Codelco para la compra de armas. “A la División de Mantenimiento no le robaron”, recalcó el oficial. Sin embargo, a renglón seguido, agregó, “Hay todo tipo de responsabilidades, tanto legales, administrativas y de mando”.

Parece ser que como Ureta se encuentra a punto de ser llamado a retiro, afectado por una serie de acusaciones que manchan su hoja de vida y mantienen en prisión a dos de sus colaboradores, la sargento Millaray Simunovic y el suboficial Claudio González Palominos, pretende limpiar en algo su imagen. “Las facturas ideológicamente falsas aparecían en el CAF, sin tener un oficio conductor de alguna unidad, por tanto era muy fácil advertir que no eran imputables a alguna unidad”, acusa el espinoso oficial.

Pero lo que Ureta no refiere en su comunicado, y que le debe estar pesando cada vez más, es que mantenía una relación ‘bastante cercana’ con la cabo Simunovic. Además, dicho general ha sido apuntado por Clovis Montero, el principal imputado y también detenido, como uno de los nombres detrás del ilícito.

Recordemos que Montero contestó un cuestionario a The Clinic, en donde también mencionó al cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.

Volviendo al email del inconsistente Ureta, cuya veracidad habría sido confirmada por el ejército, allí se llega a plantear que el caso de defraudación más grande de la rama castrense postdictadura, el “milicogate”, fue descubierto por casualidad y no mediante supuestos mecanismos de control que tiene la institución desmintiendo la versión entregada por el comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, y por el propio gobierno. “De las más de 1.200 facturas falsas, actualmente en investigación por parte de la Fiscalía (Militar), no existe ninguna de ellas que haya sido tramitada para pago por los diferentes organismos y jefaturas de la División de Mantenimiento” se defiende Ureta, atribuyendo la responsabilidad de lo sucedido al CAF, que es la unidad a cargo de tramitar los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Su versión, por cierto, coincide con distintas revelaciones entregadas por oficiales y suboficiales del CAF, quienes admitieron a la Justicia Militar que desde 2012 los documentos que debían ser tramitados en esa repartición dejaron de ser revisados por orden del general Jorge Salas, un oficial ya retirado quien vive con comodidad en un departamento de monseñor Escrivá de Balaguer, tasado en 136 millones de pesos por avalúo fiscal.” señala el medio.

Ureta detalló además, que los montos a los que fueron cargados las boletas ideológicamente falsas, mediante las cual se defraudó al fisco por alrededor de 10 millones de dólares entre el 2011 y el 2014, fueron 2 iniciativas estratégicas del Ejército: El proyecto Centauro y el proyecto Daga. Los montos eran sacados de un ítem denominado “compensación presupuestaria” coincidiendo con lo planteado por la PDI que encontró en un mensaje del cabo Cruz encargado de ingresar las órdenes de compra de armas y mantenimiento en el CAF: “Cuadra el Daga y lo que se pagó en marzo que es lo de nosotros”.

El caso de los dineros defraudados por el Ejército ha vuelto a poner en cuestionamiento la Ley Reservada del Cobre.

La Ley Reservada del Cobre o la ‘Llave’ del Robo Legal 

Si ustedes buscan ‘Ley Reservada del Cobre’ en internet, encontraran lo siguiente: “LEY Nº 13196, DE 1958.  LA PRESENTE LEY TIENE EL CARÁCTER DE RESERVADA Y POR CONSIGUIENTE, SU TEXTO HA SIDO PUBLICADO EN UNA EDICIÓN RESTRINGIDA DEL DIARIO OFICIAL.”

De lo anterior, es fácil darse cuenta que tanto secretismo, con grandes sumas de verdes billetes en manos de inescrupulosos uniformados y civiles de los cuerpos armados, da para todo. Para la compra de armas modernas que nadie necesita o pidió, pero que hace más ricos a los fabricantes y traficantes de armas; para engrosar los sueldos y beneficios para la oficialidad de las diversas ramas de las FF.AA., y de paso para sus familias; para pagarle la defensa legal a tantos infelices que mataron, desaparecieron y torturaron a buenos chilenos; para la riqueza de Pinochet y su bastarda familia; para pagar favores a los civiles amigos de los milicos, y un largo etc.  

El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en lo que va de esta falsa democracia, sino la absoluta falta de control de la sociedad civil y sus instancias sobre lo que hacen las FF.AA. con las entradas provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Ahora, si bien la mentada ley existía hasta 1973, antes de esa fecha no se conocieron desfalcos o defraudaciones, las que arreciaron luego del golpe del 11 de septiembre, cuando las FFAA se convierten en un poder político-militar por encima de cualquier autoridad política de elección popular y quedando ello refrendado en la constitución del “80. Ergo, el “Milicogate” es un conjunto de delitos llevados a cabo por uniformados, los que tienen a su disposición una caja que no responde al escrutinio de la sociedad civil y que, como tantas otras situaciones heredadas de la dictadura cívico-militar, los gobiernos de ésta democracia gorila han mantenido y consentido.  

Aquella ley Reservada del Cobre, de hecho, establece que un 10% de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso anual de US$ 150 millones. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la defensa, bajo estricta reserva. Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos US$ 600 a 900 millones anuales en los últimos gobiernos, las FF.AA. poseen un excedente de unos US$ 4.500 millones sin gastar y que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales.

Hasta 2025, Chile destinará otros US$ 700 a 900 millones anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros US$ 500 millones para adquisición de municiones. Es decir, unos US$ 5.500 millones en cada período presidencial, en promedio. Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país.

Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los US$ 9.136 millones gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. A futuro, los planes de compras de las innecesarias armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de los ‘valientes soldados’ frente al terremoto del 27F de 2010.

Pero, para que vean que en este colosal robo no sólo tienen que ver los de la derecha política y los milicos que usufructúan del billete derivado de la famosa ley 13.196, digamos que en agosto pasado se supo que en los gobiernos de Lagos, el primero de Bachelet y el del Tatán Piraña se autorizaron inversiones secretas en armas por, al menos, US$ 1.458 millones, entre 2005 y 2014, a favor del ejército chileno con fondos de la Ley Reservada del Cobre. Se abre también todo un capítulo sobre las bárbaras cifras invertidas en armas y equipamiento militar que evidencian que, sin tener conflictos bélicos potenciales ad portas, Chile se ha embarcado en una carrera armamentista desenfrenada, restándose con ello aportes substanciales a lo que debiera haber sido una política de inversión en un desarrollo económico nacional orientado a resolver las necesidades de las grandes mayorías nacionales.

Por cierto, ni el gobierno de la Nueva Mayoría ni las derechas económica y política ni la (in)justicia oficial, se han pronunciado respecto de este gran hurto de recursos que debieran servir para cubrir las necesidades de las grandes mayorías nacionales que es la famosa Ley N° 13196, así como tampoco han dicho palabra alguna acerca del millonario choreo por parte de quizás cuantos milicos en éste soterrado caso llamado “Milicogate”.

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!

Colectivo Acción Directa – Chile

Diciembre 9 de 2015