ELLO, LUEGO QUE A
MEDIADOS DE NOVIEMBRE RREE SE ALLANARA A PRESENTAR UN OFICIO DE LA SUPREMA ANTE
LA JUSTICIA VENEZOLANA Y LA OEA, LÍBELO INSOLENTE QUE DESCONOCE EL RESPETO A LA NO INJERENCIA EN ASUNTOS INTERNOS DE OTRA NACIÓN
El gobierno de Chile
busca ahora lavar el bochorno de su imagen internacional con una acción
judicial gubernamental, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), para
revertir el fallo de la Corte Suprema que el 18 de noviembre acogió un
recurso de protección en favor de los venezolanos Leopoldo López y Daniel
Ceballos, detenidos en los penales de Ramo Verde y Guárico, en el país de
Chávez. "Se trata del mismo poder del Estado que ignoró o no prestó oídos
a los cientos o miles de recursos de amparo y habeas corpus presentados
por los familiares de otros tantos miles de hombres y mujeres que
desaparecieron como víctimas de perversos crímenes de lesa humanidad durante
los trágicos años de la dictadura", manifestó Juan Cuevas, activista de la
Unión Bicentenaria de los Pueblos (UBP).
El
CDE, que principalmente defiende los intereses pecuniarios del Estado Chile
ante los tribunales y cuya institucionalidad responde al gobierno, por
unanimidad de sus 11 consejeros pidió a la Corte Suprema anular el fallo que
ordenaba al Gobierno chileno requerir a la OEA por la salud de López y
Ceballos. El CDE argumentó que la Corte Suprema carece de jurisdicción y que el
dictamen es inejecutable, pues requiere autorización de Venezuela, según
informó el viernes el senador Alejandro Navarro, quien se encuentra en
Venezuela.
La
intromisión politiquera en los asuntos internos de otro país avergonzó a otros
miembros del Poder Judicial e incluso a personajes de la derecha política
porque y menoscaba la decaída seriedad con que se mira a Chile en el concierto
internacional.
La
iniciativa fue impulsada por fuerzas locales e internacionales adscritas a la
Organización Demócrata Cristiana Americana (ODCA) y a otras instancias de la
internacional de las derechas promovidas por potencias extranjeras para injerir
contra sectores contrarios al interés de Estados Unidos y países OTAN, en este
caso, en las elecciones venezolanas del 6 de diciembre. En el espectro chileno
se trata de los mismos sectores ideológicos demócrata-cristianos y
ultra-derechistas de la hoy llamada centro "centro-derecha" que
llamaron a los militares para dar el golpe "cívico militar" de 1973,
cuyas profundas llagas en la sociedad chilena aún no terminan de cicatrizar.
El
ministro del interior, Jorge Burgos, demócrata cristiano que subroga como
"vicepresidente" a la jefa del Estado en ausencia del país, dijo el
18 de noviembre que el gobierno acataría el fallo: "los fallos de la Corte
Suprema, en el caso de nuestro gobierno no hay dos posiciones, se acatan. En
consecuencia lo que resolvió hay que implementarlo. Si usted me dice cómo va a
reaccionar la OEA respecto de este fallo es una cuestión que no se la puedo
señalar". Al Parecer, en dos semanas cambió de opinión el gobierno que
representa Burgos.
El
controvertido fallo tuvo opiniones divididas de origen en la Tercera Sala
de la Corte Suprema, integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem,
María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Valderrama. La sala revocó una
resolución anterior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero las dos
mujeres del alto tribunal, las ministras Egnem y Sandoval, argumentaron en
contra del fallo, la primera diciendo que "los tribunales chilenos carecen
de jurisdicción para conocer de la acción intentada, por la vía del presente
recurso de protección", y la segunda, "según sus propios fundamentos,
y teniendo a la vista además lo resuelto en sentido contrario a la
aplicabilidad de la jurisdicción universal de los derechos humanos, por esta
Corte en el recurso de amparo Rol 60-2015", según la versión oficial de la
Corte.
Bochorno
internacional
"La
Tercera Sala de la Corte Suprema nos metió en un bochorno internacional",
dijo el senador Navarro, líder del Movimiento Al Socialismo. "Lo dijimos,
la resolución de la Corte Suprema que ordenó a la Presidenta oficiar a la OEA
para que se constituya en Venezuela, es inconstitucional, rompe con el Estado
de derecho; en consecuencia, lo único que cabía era solicitar la nulidad del
fallo".
Para
el senador Navarro, "la Constitución chilena es clara en señalar que quien
lleva las relaciones políticas internacionales, es exclusivamente la Presidenta
de la República. Hoy estamos siendo protagonistas de un bochorno internacional,
que quedará como un pésimo antecedente histórico, quedando sujetos a la
resolución de un poder ajeno a quien tiene que dirigir esas relaciones
internacionales".
Agregó
que, "este fallo, días antes de las elecciones, fue utilizado por la
derecha chilena e internacional, como parte de un diseño que busca deslegitimar
las elecciones en Venezuela, cuestionándolas a priori para luego desconocer los
resultados de los comicios". Para Navarro, "la Tercera Sala ha dañado
la confiabilidad de la Corte Suprema".
Fuentes: Aporrea/Mapocho Press
Equipo Internacional – CAD CHILE
Diciembre 6 de 2015
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