“(…) a 5 años de haberse iniciado una
investigación judicial [por el 27F], aún no sabemos quiénes son los autores,
cómplices y encubridores de estas muertes que tuvieron su origen en la
negligencia inexcusable de las autoridades del gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet”
-
Raúl Meza, abogado querellante caso tsunami
A las 03:34 de hoy viernes 27 de febrero se
cumplieron 5 años desde aquella fatídica madrugada en que la tierra se estremeció
por 4 minutos, entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía. Tuvo una magnitud
excepcionalmente alta, 8,8 y grado IX de Mercalli, lo que lo coloca como el
segundo más fuerte ocurrido en Chile y el 6° al nivel mundial. Luego de
transcurridos 35 minutos del sismo, un maremoto afectó las costas de las zonas
ya devastadas.
Producto
de los efectos combinados del terremoto y del tsunami, tuvimos que lamentar un
saldo de 525 muertos y al menos de 25 personas que aún permanecen en condición
de desaparecidas. Cerca de 500 mil viviendas resultaron con daño severo y se
estima que un total de 2 millones de personas resultaron damnificadas, en la
peor tragedia natural vivida en nuestro país desde 1960.
En
Chile, por esa época, se producía la transición en el ejecutivo desde la perdedora
ex Concertación a la triunfante Alianza ‘Democrática’. Bachelet, como hoy,
fungía como presidenta y finiquitaba un gobierno soso y maquillador del sistema
con el cual logró cosechar una extensa reacción anti-Concertación, razones que ocasionaron
la derrota del candidato oficial, Frei, antes que algún mágico incremento de la
ideología derechista entre los votantes. La derecha aprovechó la jugada e hizo
triunfar al optimate Piñera.
Pero,
aquellas responsabilidades administrativas y políticas que se debieran haber
desplegado para intentar paliar los efectos del terremoto-maremoto recaían ese
27F en la administración de Bachelet, quien no las asumió desde el primer minuto…
ni hasta hoy.
En
cuanto a la prevención general, digamos que ya en 2009 un grupo de sismólogos
había detectado que entre las placas de Nazca y la Sudamericana se había
acumulado una diferencia de hasta 10 metros entre el desplazamiento esperado y
el real entre ambas placas. Sobre la base de dicha información, los expertos publicaron
en junio de ese año que un terremoto de magnitud 8-8,5 debía ocurrir “en el
futuro cercano” entre Constitución y Concepción. Las autoridades chilenas no
consideraron ni por un momento dicho estudio.
A
poco de ocurrido el tremendo sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del
Pacífico (EEUU) emitió una alerta de maremoto para los países de la cuenca del
Pacífico. En Chile, el organismo encargado de dar el aviso oficial de ello era
el SHOA, de la armada, quien no lo hizo. Inclusive, las autoridades de ONEMI y
otras del gobierno, quienes llegaron a sus puestos mucho después de ocurrida la
tragedia, llamaron a la gente que por precaución había subido a los cerros
costeros a volver a sus casas, obviando que el encrespado oleaje, a raíz del
principal sismo, pero también por efecto de las réplicas, proseguiría azotando
las costas de las regiones VII y VIII durante las horas siguientes.
Es
inverosímil, pero a 5 años de aquel 27F,
la justicia aún no define si las imputaciones contra seis ex funcionarios de
Gobierno y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile son
admisibles. El 12 de marzo el Tribunal Constitucional tendrá que definir si
comienza la preparación del juicio oral. Recién hace siete meses se cerró la
investigación por el denominado Caso Tsunami, sin embargo, sólo el 12 de marzo se
resolverá si es que las acusaciones contra funcionarios del SHOA y la Oficina
Nacional de Emergencias son legales, tarea que estará a cargo de Tribunal
Constitucional.
En
el caso de que los ministros declaren admisibles los cargos de cuasidelito de
homicidio, se alargará un poco más la cosa pues, entonces, comenzará la
preparación del juicio oral en contra de seis imputados: la ex directora de la
ONEMI, Carmen Fernández; el ex subsecretario del interior Patricio Rosende; ex
jefe de Alerta Temprana de la ONEMI Johaziel Jamett; el ex director del SHOA
Mariano Rojas; el ex jefe de Oceanografía del SHOA Andrés Enríquez y el ex
teniente de esa institución Mario Andina. El abogado de este último, fue quien
interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre
pasado, recurso que logró paralizar la causa que se revisará recién en dos
semanas más.
El
representante de las víctimas, el abogado Alfredo Morgado, espera que se rechace
el requerimiento para dar paso a la preparación de un juicio oral, que espera,
sea controvertido.
Si
se rechaza el requerimiento, la defensa de los acusados sostendrá que los seis
imputados son inocentes, según detalló el abogado representante de Carmen
Fernández, Luciano Fouillioux. Sin embargo, en caso de que el Tribunal
Constitucional determine que el ilícito que la fiscalía atribuye no está
claramente descrito en la ley, el juicio llegaría a su fin. O sea, nadie
pagaría por todos esos muertos que se pudieran haber evitado por la acción
oportuna de las autoridades.
Y
hoy en la mañana, Bachelet declara que está casi todo resuelto luego del
siniestro y que sólo falta por resolver un 1,2% de los proyectos de reposición
y reparación de casas. Piensa que todo estaría listoco a fines del próximo año,
en referencia a la temática de la vivienda. Sin embargo, en las poblaciones
afectadas por el terremoto-maremoto de Talcahuano, Dichato, Penco, Tomé, Lirquén,
Coliumo, Cobquecura, etc., sabemos que las casuchas entregadas son, en su gran
mayoría, del tipo emergencia (población Santa Clara –Talcahuano) y/o de pésima
calidad (Centinela 2 –también en Talcahuano; Villa Horizonte, en Dichato), sin
ser una respuesta definitiva para las necesidades de tantas familias aquejadas.
Además, poco o nada se ha hecho por recomponer y levantar la estructura económica
de las zonas afectadas, donde campean altas cifras de cesantía y de trabajo
precario.
Así,
ASMAR, la siderúrgica Huachipato, una larga cantidad de centros comerciales de
la 8ª región costa, etc., día a día envían más trabajadores a la obscura cesantía.
En esto, así como en lo referido a la reconstrucción, ni Piñera ni Bachelet
tienen ningún diploma de efectividad que exhibir.
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa 8a – Chile
Febrero 27 de 2015
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