Decíamos
anteayer que en estos tiempos de incontrarrestable poderío del capital monopólico-financiero
sobre lo económico y social, no resulta extraño que ello también se exprese en el
nivel jurídico-político. Al contrario, es la norma. Ahora, intentáremos poner
al trasluz algo de lo que se va conociendo sobre las redes ilícitas que desplegaba
el gran capital, a fin de obtener utilidades fraudulentas y de paso financiar
sus representantes en la esfera de la política.
Hasta el momento, las situaciones que el Servicio de
Impuestos Internos (SII) y la justicia han ido develando en el ámbito de la encubierta
relación empresarios-politicastros y sus fraudulentas operaciones, son, de una parte,
la inmensa estafa al fisco, con ocasión del robo corporativo al FUT; de otra,
la enmarañada red de conexiones entre las sociedades del grupo financiero Penta
con un surtido de políticos conservadores y con otras empresas; finalmente, vínculos
similares a los anteriores, pero a partir de otras corporaciones. Algunas de
estas, e. g. Soquimich (SQM), participan en varios ejes, lo que da pie a
afirmar que los confabulados conforman un gran entramado delictual, de
insospechadas dimensiones y cuyas acciones podrían salpicar, aparte de la
derecha y a Velasco, a sectores de la Nueva Mayoría (NM).
En pocas palabras,
el negocio funcionaba así: Penta y otras empresas, lograron que gente corrupta del
SII[1]
les devolviera montos excedidos fraudulentamente por concepto de devolución del
FUT (perdía el fisco); a partir de estas entradas ‘extras’, aunque no necesariamente,
las empresas beneficiadas realizaban aportes a las campañas electorales de políticos
afines a los intereses del gran capital, a veces de manera desmedida para así tenerlos
bien cebados; el politicastro extendía, por medio de otras empresas
comprometidas, facturas que justificaban el aporte mediante la declaración de
un servicio nunca prestado y menos al político receptor del dinero, plata que
además éste no incluía en su gasto electoral; dichas facturas eran ingresadas a
la contabilidad interna de las primeras empresas, para luego recabar una rebaja
de impuestos por la vía de la emisión de facturas (volvía a perder el fisco). Y
así sucesivamente, hasta que la dirección del SII dio cuenta del fraude al FUT,
en junio pasado, y se vino la bola de nieve sobre todos.
Como
decíamos en nuestro análisis anterior, hace dos meses (exactamente el 7 de
noviembre),[2]
el fiscal oriente Carlos Gajardo envió un informe al SII. En él incluía una
serie de testimonios y facturas que evidenciaban que los pagos irregulares
vinculados a campañas políticas no eran exclusivos de las empresas Penta. La
convicción del fiscal se instaló después de las declaraciones que recogió la
Fiscalía en el entorno de Pablo Zalaquett. El escrito de Gajardo contenía dos
testimonios clave respecto de éste último fantoche de la UDI:
1.-
El de Luis Chaparro Cavada, quien en octubre de 2014 entregó detalles del
trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital –con
quienes se vinculó el año 2006. Chaparro da cuenta de que el primer pago que
recibieron fue por $10 millones y se facturó a nombre de CorpBanca, pese a que
nunca le prestaron asesoría al banco de Álvaro Saieh. En mayo de 2013, la misma
Pekadocapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) –según consta en el
informe del fiscal– debió facturar a nombre de SQM. Los servicios eran para la
campaña senatorial de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5
facturas por $3 millones y medio cada una. La última factura en el período de
campaña fue a nombre del mismo Zalaquett por 5.250.000, con fecha 14 de
noviembre de 2013.
2.- El del periodista Iván Correa, que además da cuenta de la existencia de más empresas ligadas a la entrega de dineros para campañas políticas. El comunicador social pertenece a la consultora en estrategias de comunicación y tecnología Reactor Spa, refiriendo que lo de ellos sólo fue una asesoría digital. Según Correa, las primeras facturas se hicieron a nombre de SQM, a petición de Coca de Castro, histórica jefa de campaña de Pablo Zalaquett y su jefa de gabinete en las alcaldías de La Florida y Santiago. Era de Castro quien le indicaba cuál era la acotación que había que consignar en la factura. A SQM, cuyo principal dueño es Julio Ponce Lerou -ex yerno de Pinochet, se le hicieron tres facturas por 2,5 millones cada una por los servicios que se enmarcaban en la campaña de Pablo Zalaquett, aunque no hubo ningún servicio que se le prestara efectivamente a la minera. Agrega en su testimonio el periodista, que otra de las empresas a las que se le facturó es Inversiones Alsacia. Esta fue por dos millones de pesos, también por instrucciones de Coca de Castro.
Ripley
se halla también entre aquellas empresas a las que les facturó. En este caso
fueron tres facturas por un millón de pesos cada una. Tampoco hubo servicios
reales prestados a Ripley, señala el testimonio de Correa. Asimismo, el locuaz
periodista cantó, según el informe que tiene en su poder el SII, que el 30 de
octubre Coca de Castro le escribió un mail para facturar a nombre de empresas
Penta S. A. por $15 millones.
Finalmente,
también se le facturó a inversiones El Bosque. Según la declaración de Correa,
al parecer por un millón y medio. También hubo dos facturas a nombre de
Eurocorp S.A., por 2.500.000 cada una. El resto –$10 millones y otra de 8
millones y fracción– fue pagado directamente por Zalaquett.
En
ambos testimonios, que constan en el tomo V de la carpeta del caso que fue
liberada el 30 de diciembre pasado, tanto Chaparro como Correa señalan que
jamás se dieron cuenta que podrían estar frente a una ilegalidad (¿¡!?). Sin
embargo, según la denuncia del fiscal Gajardo, los antecedentes “permiten presumir que los imputados
recibieron estos ingresos justificándolos con boletas de honorarios
ideológicamente falsas”, razón por la que las hizo llegar hasta el SII.
Demás
está decir que SQM, Ripley, Alsacia y CorpBanca, aseguran que son total y
absolutamente inocentes.
Otra
empresa, otro negociado. Un intercambio de correos electrónicos entre el
diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, y el controlador del grupo
Penta, Carlos Eugenio Lavín, revela cómo este último le pidió al parlamentario
que hiciera gestiones para modificar un artículo del proyecto de Ley de
Isapres. Se trata de un antecedente que está dentro de la carpeta de
investigación del caso Penta y que complica al parlamentario gremialista,
considerando su cercanía con el otro controlador del holding, Carlos Alberto
Délano, su tío, y el hecho de haber sido mencionado entre los personeros
gremialistas que habrían recibido platas de manera irregular para el financiamiento
de sus campañas políticas. Pues bien, resulta que los gánsteres de Penta, Lavín
y “choclo” Deláno, son los principales accionistas de la Isapre y holding
Banmédica,[3] con lo
que su apoyo a la elección del sobrino se saldaba con su actuación legislativa
a favor del negociado privado de la salud.
En
nuestro anterior trabajo, algo hablamos acerca de los ilícitos financiero-políticos
de SQM. Ahora agreguemos que el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo
Wagner, declaró ante los fiscales que investigan el Pentagate que parte de los
dineros que la empresa Soquimich pagó a su cuñada, María Carolina de La Cerda,
habrían llegado a manos del fallecido rector de la Universidad del Desarrollo
(UDD), Ernesto Silva Bafalluy (un alentado funcionario de la dictadura), el
padre del actual timonel de la UDI, diputado Ernesto Silva.[4]
Finalmente,
sobre dicha UDD, devenida en el brazo académico de Penta, digamos que terminó
siendo un nodo donde confluyen la UDI, los dueños de Penta y algunos
aprovechados de la dictadura cívico-militar, que se vinculan desde sus inicios,
en 1990. La Fundación Universidad del Desarrollo fue formada inicialmente por
el ex candidato presidencial Joaquín Lavín, Federico Valdés Lafontaine y Silva
Bafalluy.[5] Más
tarde se sumaron Carlos “choclo” Délano, Carlos Lavín y el ex ministro de
Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi. La cercanía con el gremialismo y la UDD se
mantiene hasta hoy. Hernán Büchi, que participó en emblemáticas reformas del
régimen de Pinochet, como la desmunicipalización de la educación o la Reforma
Previsional de José Piñera, preside el Consejo Directivo del plantel. Federico
Valdés Fontaine es consejero y rector de la universidad. Délano y Silva aún
formaban parte del Consejo Directivo hasta mediados de diciembre, cuando en
medio del Pentagate, optaron por dar un paso al costado y retirarse, decisión
que tomaron también en otros directorios de compañías de Penta.
COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA –
CHILE
Enero 22 de 2015
[1]
Hasta junio, eran dos ex funcionarios del SII, seis contadores y 122
contribuyentes los investigados por el caso de las devoluciones fraudulentas
verificadas entre 2007 y 2010, por un monto de $2 mil 500 millones (ver: http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/07/951939/Caso-FUT-Impuestos-Internos-denuncia-a-ex-directivo-de-banco)
¿tienen una idea clara de cual es la nómina de empresas que están involucradas en el fraude al FUT?
ResponderEliminarUna cantidad exacta es difícil de saber. Una aproximación a la materia se puede ver en:
ResponderEliminarhttp://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/4792/Caval-PentaSQM-Forwards-Fraude-al-FUT-Cascadas-desenredando-la-madeja/
Y en: http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/23/sqm-suma-y-sigue-escritor-rivera-letelier-hijo-de-longueira-y-mas-de-30-nombres-vinculados-a-la-politica-le-boletearon-en-2010/
La lista se ve engrosada día a día.