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jueves, 22 de enero de 2015

PENTA, WAGNER Y CIA., SQM, CASCADAS Y OTRAS EMPRESAS RATERAS (II)


Decíamos anteayer que en estos tiempos de incontrarrestable poderío del capital monopólico-financiero sobre lo económico y social, no resulta extraño que ello también se exprese en el nivel jurídico-político. Al contrario, es la norma. Ahora, intentáremos poner al trasluz algo de lo que se va conociendo sobre las redes ilícitas que desplegaba el gran capital, a fin de obtener utilidades fraudulentas y de paso financiar sus representantes en la esfera de la política.


Hasta el momento, las situaciones que el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la justicia han ido develando en el ámbito de la encubierta relación empresarios-politicastros y sus fraudulentas operaciones, son, de una parte, la inmensa estafa al fisco, con ocasión del robo corporativo al FUT; de otra, la enmarañada red de conexiones entre las sociedades del grupo financiero Penta con un surtido de políticos conservadores y con otras empresas; finalmente, vínculos similares a los anteriores, pero a partir de otras corporaciones. Algunas de estas, e. g. Soquimich (SQM), participan en varios ejes, lo que da pie a afirmar que los confabulados conforman un gran entramado delictual, de insospechadas dimensiones y cuyas acciones podrían salpicar, aparte de la derecha y a Velasco, a sectores de la Nueva Mayoría (NM).

En pocas palabras, el negocio funcionaba así: Penta y otras empresas, lograron que gente corrupta del SII[1] les devolviera montos excedidos fraudulentamente por concepto de devolución del FUT (perdía el fisco); a partir de estas entradas ‘extras’, aunque no necesariamente, las empresas beneficiadas realizaban aportes a las campañas electorales de políticos afines a los intereses del gran capital, a veces de manera desmedida para así tenerlos bien cebados; el politicastro extendía, por medio de otras empresas comprometidas, facturas que justificaban el aporte mediante la declaración de un servicio nunca prestado y menos al político receptor del dinero, plata que además éste no incluía en su gasto electoral; dichas facturas eran ingresadas a la contabilidad interna de las primeras empresas, para luego recabar una rebaja de impuestos por la vía de la emisión de facturas (volvía a perder el fisco). Y así sucesivamente, hasta que la dirección del SII dio cuenta del fraude al FUT, en junio pasado, y se vino la bola de nieve sobre todos.  

Como decíamos en nuestro análisis anterior, hace dos meses (exactamente el 7 de noviembre),[2] el fiscal oriente Carlos Gajardo envió un informe al SII. En él incluía una serie de testimonios y facturas que evidenciaban que los pagos irregulares vinculados a campañas políticas no eran exclusivos de las empresas Penta. La convicción del fiscal se instaló después de las declaraciones que recogió la Fiscalía en el entorno de Pablo Zalaquett. El escrito de Gajardo contenía dos testimonios clave respecto de éste último fantoche de la UDI:

1.- El de Luis Chaparro Cavada, quien en octubre de 2014 entregó detalles del trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital –con quienes se vinculó el año 2006. Chaparro da cuenta de que el primer pago que recibieron fue por $10 millones y se facturó a nombre de CorpBanca, pese a que nunca le prestaron asesoría al banco de Álvaro Saieh. En mayo de 2013, la misma Pekadocapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) –según consta en el informe del fiscal– debió facturar a nombre de SQM. Los servicios eran para la campaña senatorial de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5 facturas por $3 millones y medio cada una. La última factura en el período de campaña fue a nombre del mismo Zalaquett por 5.250.000, con fecha 14 de noviembre de 2013.

2.- El del periodista Iván Correa, que además da cuenta de la existencia de más empresas ligadas a la entrega de dineros para campañas políticas. El comunicador social pertenece a la consultora en estrategias de comunicación y tecnología Reactor Spa, refiriendo que lo de ellos sólo fue una asesoría digital. Según Correa, las primeras facturas se hicieron a nombre de SQM, a petición de Coca de Castro, histórica jefa de campaña de Pablo Zalaquett y su jefa de gabinete en las alcaldías de La Florida y Santiago. Era de Castro quien le indicaba cuál era la acotación que había que consignar en la factura. A SQM, cuyo principal dueño es Julio Ponce Lerou -ex yerno de Pinochet, se le hicieron tres facturas por 2,5 millones cada una por los servicios que se enmarcaban en la campaña de Pablo Zalaquett, aunque no hubo ningún servicio que se le prestara efectivamente a la minera. Agrega en su testimonio el periodista, que otra de las empresas a las que se le facturó es Inversiones Alsacia. Esta fue por dos millones de pesos, también por instrucciones de Coca de Castro.
Ripley se halla también entre aquellas empresas a las que les facturó. En este caso fueron tres facturas por un millón de pesos cada una. Tampoco hubo servicios reales prestados a Ripley, señala el testimonio de Correa. Asimismo, el locuaz periodista cantó, según el informe que tiene en su poder el SII, que el 30 de octubre Coca de Castro le escribió un mail para facturar a nombre de empresas Penta S. A. por $15 millones.
Finalmente, también se le facturó a inversiones El Bosque. Según la declaración de Correa, al parecer por un millón y medio. También hubo dos facturas a nombre de Eurocorp S.A., por 2.500.000 cada una. El resto –$10 millones y otra de 8 millones y fracción– fue pagado directamente por Zalaquett.

En ambos testimonios, que constan en el tomo V de la carpeta del caso que fue liberada el 30 de diciembre pasado, tanto Chaparro como Correa señalan que jamás se dieron cuenta que podrían estar frente a una ilegalidad (¿¡!?). Sin embargo, según la denuncia del fiscal Gajardo, los antecedentes “permiten presumir que los imputados recibieron estos ingresos justificándolos con boletas de honorarios ideológicamente falsas”, razón por la que las hizo llegar hasta el SII.

Demás está decir que SQM, Ripley, Alsacia y CorpBanca, aseguran que son total y absolutamente inocentes.

Otra empresa, otro negociado. Un intercambio de correos electrónicos entre el diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, y el controlador del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, revela cómo este último le pidió al parlamentario que hiciera gestiones para modificar un artículo del proyecto de Ley de Isapres. Se trata de un antecedente que está dentro de la carpeta de investigación del caso Penta y que complica al parlamentario gremialista, considerando su cercanía con el otro controlador del holding, Carlos Alberto Délano, su tío, y el hecho de haber sido mencionado entre los personeros gremialistas que habrían recibido platas de manera irregular para el financiamiento de sus campañas políticas. Pues bien, resulta que los gánsteres de Penta, Lavín y “choclo” Deláno, son los principales accionistas de la Isapre y holding Banmédica,[3] con lo que su apoyo a la elección del sobrino se saldaba con su actuación legislativa a favor del negociado privado de la salud.

En nuestro anterior trabajo, algo hablamos acerca de los ilícitos financiero-políticos de SQM. Ahora agreguemos que el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, declaró ante los fiscales que investigan el Pentagate que parte de los dineros que la empresa Soquimich pagó a su cuñada, María Carolina de La Cerda, habrían llegado a manos del fallecido rector de la Universidad del Desarrollo (UDD), Ernesto Silva Bafalluy (un alentado funcionario de la dictadura), el padre del actual timonel de la UDI, diputado Ernesto Silva.[4]  

Finalmente, sobre dicha UDD, devenida en el brazo académico de Penta, digamos que terminó siendo un nodo donde confluyen la UDI, los dueños de Penta y algunos aprovechados de la dictadura cívico-militar, que se vinculan desde sus inicios, en 1990. La Fundación Universidad del Desarrollo fue formada inicialmente por el ex candidato presidencial Joaquín Lavín, Federico Valdés Lafontaine y Silva Bafalluy.[5] Más tarde se sumaron Carlos “choclo” Délano, Carlos Lavín y el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi. La cercanía con el gremialismo y la UDD se mantiene hasta hoy. Hernán Büchi, que participó en emblemáticas reformas del régimen de Pinochet, como la desmunicipalización de la educación o la Reforma Previsional de José Piñera, preside el Consejo Directivo del plantel. Federico Valdés Fontaine es consejero y rector de la universidad. Délano y Silva aún formaban parte del Consejo Directivo hasta mediados de diciembre, cuando en medio del Pentagate, optaron por dar un paso al costado y retirarse, decisión que tomaron también en otros directorios de compañías de Penta.


COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA – CHILE
Enero 22 de 2015




[1] Hasta junio, eran dos ex funcionarios del SII, seis contadores y 122 contribuyentes los investigados por el caso de las devoluciones fraudulentas verificadas entre 2007 y 2010, por un monto de $2 mil 500 millones (ver: http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/07/951939/Caso-FUT-Impuestos-Internos-denuncia-a-ex-directivo-de-banco)

2 comentarios :

  1. ¿tienen una idea clara de cual es la nómina de empresas que están involucradas en el fraude al FUT?

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  2. Una cantidad exacta es difícil de saber. Una aproximación a la materia se puede ver en:
    http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/4792/Caval-PentaSQM-Forwards-Fraude-al-FUT-Cascadas-desenredando-la-madeja/
    Y en: http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/23/sqm-suma-y-sigue-escritor-rivera-letelier-hijo-de-longueira-y-mas-de-30-nombres-vinculados-a-la-politica-le-boletearon-en-2010/
    La lista se ve engrosada día a día.

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