Decíamos
anteayer que en estos tiempos de incontrarrestable poderío del capital monopólico-financiero
sobre lo económico y social, no resulta extraño que ello también se exprese en el
nivel jurídico-político. Al contrario, es la norma. Ahora, intentáremos poner
al trasluz algo de lo que se va conociendo sobre las redes ilícitas que desplegaba
el gran capital, a fin de obtener utilidades fraudulentas y de paso financiar
sus representantes en la esfera de la política.
Hasta el momento, las situaciones que el Servicio de
Impuestos Internos (SII) y la justicia han ido develando en el ámbito de la encubierta
relación empresarios-politicastros y sus fraudulentas operaciones, son, de una parte,
la inmensa estafa al fisco, con ocasión del robo corporativo al FUT; de otra,
la enmarañada red de conexiones entre las sociedades del grupo financiero Penta
con un surtido de políticos conservadores y con otras empresas; finalmente, vínculos
similares a los anteriores, pero a partir de otras corporaciones. Algunas de
estas, e. g. Soquimich (SQM), participan en varios ejes, lo que da pie a
afirmar que los confabulados conforman un gran entramado delictual, de
insospechadas dimensiones y cuyas acciones podrían salpicar, aparte de la
derecha y a Velasco, a sectores de la Nueva Mayoría (NM).
En pocas palabras,
el negocio funcionaba así: Penta y otras empresas, lograron que gente corrupta del
SII[1]
les devolviera montos excedidos fraudulentamente por concepto de devolución del
FUT (perdía el fisco); a partir de estas entradas ‘extras’, aunque no necesariamente,
las empresas beneficiadas realizaban aportes a las campañas electorales de políticos
afines a los intereses del gran capital, a veces de manera desmedida para así tenerlos
bien cebados; el politicastro extendía, por medio de otras empresas
comprometidas, facturas que justificaban el aporte mediante la declaración de
un servicio nunca prestado y menos al político receptor del dinero, plata que
además éste no incluía en su gasto electoral; dichas facturas eran ingresadas a
la contabilidad interna de las primeras empresas, para luego recabar una rebaja
de impuestos por la vía de la emisión de facturas (volvía a perder el fisco). Y
así sucesivamente, hasta que la dirección del SII dio cuenta del fraude al FUT,
en junio pasado, y se vino la bola de nieve sobre todos.
Como
decíamos en nuestro análisis anterior, hace dos meses (exactamente el 7 de
noviembre),[2]
el fiscal oriente Carlos Gajardo envió un informe al SII. En él incluía una
serie de testimonios y facturas que evidenciaban que los pagos irregulares
vinculados a campañas políticas no eran exclusivos de las empresas Penta. La
convicción del fiscal se instaló después de las declaraciones que recogió la
Fiscalía en el entorno de Pablo Zalaquett. El escrito de Gajardo contenía dos
testimonios clave respecto de éste último fantoche de la UDI:
1.-
El de Luis Chaparro Cavada, quien en octubre de 2014 entregó detalles del
trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital –con
quienes se vinculó el año 2006. Chaparro da cuenta de que el primer pago que
recibieron fue por $10 millones y se facturó a nombre de CorpBanca, pese a que
nunca le prestaron asesoría al banco de Álvaro Saieh. En mayo de 2013, la misma
Pekadocapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) –según consta en el
informe del fiscal– debió facturar a nombre de SQM. Los servicios eran para la
campaña senatorial de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5
facturas por $3 millones y medio cada una. La última factura en el período de
campaña fue a nombre del mismo Zalaquett por 5.250.000, con fecha 14 de
noviembre de 2013.
