JUSTICIA PARA ARCADIA FLORES, PATRICIO MANZANO Y COMPAÑEROS TORTURADOS

Cra. Arcadia Flores Pérez

Tribunales acordaron sentencias para algunos asesinos de la gran compañera Arcadia Flores; procesan a ex carabineros involucrados en las torturas que llevaron a la muerte a Patricio Manzano; y por las torturas aplicadas a matrimonio de abogados sentencian a un ex oficial de ejército

Por el homicidio de la profesora de inglés y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR- ARCADIA PATRICIA FLORES PÉREZ, ilícito perpetrado el 16  de agosto de 1981, en la comuna de Quinta Normal, la 9ª Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a los miembros de la Policía de Investigaciones en retiro Omar Vega Vargas y Luis González Cuevas a la pena de 5 años de presidio.

Según los antecedentes recopilados en la investigación del ministro Leopoldo Llanos, se determinó que: "A las 8:30 horas del 16 de agosto de 1981 fue detenido por funcionarios de la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones Guillermo Aurelio Rodríguez Morales, quien el 14 de septiembre de 1973 fue condenado por un Consejo de Guerra a 23 años de presidio, y mediante decreto 504 se le conmutó por extrañamiento, saliendo del país a Canadá; ingresó en 1978 en forma clandestina a Chile, y se encargó de desarrollar una milicia de resistencia al gobierno militar; una de cuyas integrantes era Arcadia Patricia Flores Pérez, de 27 años de edad, soltera, con estudios de periodismo en la Universidad de Chile. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) donde ocupó el cargo de Sub-jefa de la Estructura Miliciana y Jefa de Organización, la cual pasó a ser pareja de Rodríguez Morales, arrendando una pieza en calle Santa Petronila N°644 de Quinta Normal. 

ESTADO DEBE INDEMNIZAR A FAMILIARES DE MARIO LOPEZ, UN DETENIDO DESAPARECIDO

El detenido y desaparecido Mario López Aliaga

Durante muchos años -bajo dictadura y en esta democracia gorila- los milicos y los servicios represivos negaron haber detenido, asesinado y hecho desaparecer a Mario López Aliaga, un obrero agrícola de Los Ángeles. Luego de saberse que fue apresado por una patrulla del ejército y determinado los culpables, la pena que se aplicó al ex oficial a cargo fue de unos miserables 541 días, más encima remitidos, pero el muy carerraja –cuyo pedigrí criminal es extensísimo- apeló de casación a la misma

El 1er Juzgado Civil de Concepción acogió una demanda de indemnización de perjuicios y condenó al Estado de Chile a pagar una compensación total de $150 millones a familiares de MARIO ALFONSO LÓPEZ ALIAGA, víctima del delito de detención y desaparición (o secuestro calificado), ilícito perpetrado a partir del 17 de septiembre de 1973.

En el fallo (causa rol 870-2016), la magistrada Margarita Sanhueza Núñez acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral y ordenó pagar $50.000.000 a cada uno de los hijos de la víctima: Rodrigo Belisario, Álvaro Alfonso y Gonzalo Gerardo López Cabezas.

CONDENAS Y PROCESAMIENTOS A CRIMINALES DE LA DICTADURA CIVICO-MILITAR

Compañera María Loreto Castillo Muñoz

En sendos casos de atropellos a los DD.HH., los que afectaran a vari@s militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la justicia oficial sometió a proceso a 4 esbirros de la CNI por dos asesinatos, en uno de los cuales utilizaron explosivos para matar a una compañera; mientras que, por torturas a un matrimonio, se condenó a un ex milico. El drama, como viene siendo la tónica hace rato, es que a éste última bestia le aplican una miserable pena y -más encima- remitida

La CNI utilizó explosivos para asesinar opositores a la dictadura

Por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los compañeros del MIR MARÍA LORETO CASTILLO MUÑOZ y JORGE MUÑOZ NAVARRO, ilícitos perpetrados en mayo de 1984, en Santiago, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los DD.HH. de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en contra de cuatro genocidas de la fatídica Central Nacional de Informaciones (CNI). Tales seres inhumanos son Roberto Schmied Zanzi y Jorge Andrade Gómez, en calidad de autores de los homicidios; y a Javier Orellana Seguel, como cómplice. En tanto, Luis Sanhueza Ross, alias “El Huiro”, enfrenta el proceso en calidad de cómplice solo por el homicidio de la camarada María Loreto.

PROCESAN A FERNANDEZ LARIOS Y SENTENCIAN A DINOS POR DESAPARICION DE EQUIPO SINDICAL DEL PC

El genocida Fernández Larios

Activa se mostró ésta jornada la justicia formal. Ministro Carroza sometió a proceso al criminal de lesa humanidad Fernández Larios por el secuestro y homicidio –en el campo de exterminio de Pisagua- del cro. Manuel Sanhueza Mellado, en 1974, mientras que la suprema confirmó las sentencias en contra de cúpula de la DINA por la detención y desaparición de tres dirigentes sindicales del PC, en 1976

Crímenes de Pisagua persiguen al genocida Fernández Larios

Por su responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado de MANUEL EDUARDO SANHUEZA MELLADO, ilícitos perpetrados a partir del 10 de julio de 1974, en el campo de concentración y exterminio de Pisagua, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, decretó el procesamiento del genocida ex oficial del ejército Armando Fernández Larios.

En su resolución, el ministro de fuero encausó a Fernández Larios en calidad de autor de los delitos que afectaron al compañero Manuel Sanhueza Mellado, quien fue detenido junto a familiares el 10 de julio de 1974 por civiles que ingresaron violentamente a su domicilio en la Población "Venceremos" de Arica. Desde aquí fue trasladado hasta el regimiento "Rancagua" y –posteriormente- al campamento de prisioneros de Pisagua y al retén de Carabineros de dicha localidad.

Días después, los demás integrantes del grupo familiar fueron liberados. Manuel Sanhueza, en cambio, continuó detenido, desconociéndose su paradero hasta junio de 1990, cuando sus restos fueron encontrados en una fosa común, aledaña al cementerio de Pisagua, con diversas heridas de bala en el cuerpo.

EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ESTATAL Y LA INSTITUCIONALIDAD DE LA VIGILANCIA EN CHILE

INSTITUCIONALIDAD DE LA VIGILANCIA EN CHILE

Por Paula Jaramillo Gajardo

En DERECHOSDIGITALES

Derechos Humanos y Tecnología en América Latina

Generalidades

El propósito de este documento es determinar cuáles son las instituciones habilitadas en Chile para ejercer actividades de vigilancia e inteligencia -incluidas aquellas de cibervigilancia- y bajo qué parámetros legales lo hacen.

Para ello es necesario conocer la forma en que está construido el Sistema de Inteligencia del Estado de Chile, principalmente contenido en la Ley N° 19.974 del año 2004, como asimismo adentrarse en la historia que lo precede.

Cabe recordar que nuestra historia reciente está cruzada por un importante quiebre democrático, en el que las funciones de vigilancia e inteligencia se vieron vinculadas a macabros delitos y atentados contra los derechos humanos, lo que sin duda ha dado un cariz y enfoque especial a la forma en que estas actividades se encuentran reguladas en la actualidad.

Este tipo de labores hoy son abordadas desde una perspectiva que excede el mundo militar y de la defensa nacional, adentrándose en el de la inteligencia de naturaleza político-estratégica, buscando recabar información para prevenir el surgimiento de conflictos internos e internacionales, y colaborar en la toma de decisiones por parte del gobierno.

1. Historia

En Chile, la historia de los organismos de inteligencia y vigilancia se remonta hasta la época de La Colonia, con los llamados Dragones de la Reina, serenos que a mediados del siglo XVIII cumplían funciones de vigilancia y control policial. A fines del siglo XIX encontramos en funcionamiento al Servicio Secreto Militar, que tuvo un destacado rol durante la Guerra del Pacífico[1].

Carabineros de Chile se crea oficialmente en 1927, fusionando el Cuerpo de Carabineros del Ejército, que cumplía funciones de gendarmería rural, con las policías fiscales y las policías comunales urbanas. Se forma así una fuerza policial unificada, con jurisdicción en todo el territorio nacional[2].