“En Chile sólo los pobres van a
la cárcel”
Un
informe de Gendarmería da cuenta de que en Chile en 2017 el números de personas
tras las rejas alcanzó un total de 42.245 personas privadas de libertad, un
tercio de las cuales ni siquiera se encuentra cumpliendo condena si no que se
haya bajo medida cautelar de prisión preventiva, un dato que alarma a expertos,
y que casi el 95% tiene enseñanza media completa o menos
En Prensa RUIL –public.
29/1/18
Fue LUN
el medio que, a través de la ley de transparencia, solicitó a Gendarmería el
informe que entregó los datos sobre población penal al 31 de diciembre del año
2017.
De
los datos entregados lo que más llama la atención es la baja escolaridad de
quienes están privados de libertad, Así se señala que: un 0,9% no posee
escolaridad alguna, un 22% posee básica incompleta, un 22,3% básica completa,
un 25,7 media incompleta y un 27% media completa; finalmente, solo un 3,9%
presenta estudios superiores.
En
promedio, los reos chilenos poseen 8,38 años de escolaridad lo cual además
también se refleja en los tipos de delitos cometidos por la población penal,
así a modo de ejemplo, los robos, hurtos y drogas concentran el 80,3% de
delitos cometidos mientras que de los que están interno solo el 0,7% lo está
por delitos económicos (como los realizados por la mayoría de los políticos
y empresarios involucrados en financiamiento ilegal de la política).

Revisa también: Delincuencia y Pobreza, ¿Por qué se roba?
Otro
tema considerado grave es el alto número de personas que se encuentran privadas
de libertad por estar bajo una medida cautelar que debiera ser excepcional pero
que en la práctica se a transformado en la comúnmente solicitada y acogida por
tribunales, hablamos de la prisión preventiva, y es que casi un tercio de la
población penal lo es por ésta razón (13.576 personas) y es que el 90% de las
veces que se solicita se concede lo cual contrasta con lo que debiera ser pues
es la medida cautelar más gravosa y que según mandato legal debiera ser
excepcional o de última instancia por ser la que más afecta los derechos de las
personas, por lo mismo debiera conjugarse con la “presunción de inocencia”,
señala Sergio Faúndez, director de la ONG Leasur.
El
problema de ésta situación es que una persona podría pasar hasta cinco años en
la cárcel mientras se realiza la investigación y que por lo mismo se le
considera “de paso” es decir el Estado no se hace cargo de su reinserción,
Señala Lucia Moreno, Gerente general de Paternitas. Faúndez agrega que el
fracaso de muchos programas se debe a ésto mismo pues no se les entrega ninguna
herramienta en caso de que salgan inocente o se les cambie de cárcel.
El
Ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, señala que el nuevo sistema
procesal penal lo que busca es el menor número posible de personas en la cárcel
producto de prisión preventiva y que los juicios sean rápidos, cosa que deberá
revisarse.
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