El informe 2017-2018 de Amnesty International acusa un abusivo y discrecional empleo de la antidemocrática Ley Antiterrorista por parte del gobierno de la Nueva ‘Pillería’ y del Ministerio Público, y violencia excesiva perpetrada por carabineros, tanto en contra del pueblo Mapuche como de toda expresión de descontento social
La
organización Amnistía Internacional (AI), una ONG que aborda la defensa de los Derechos
Humanos (claro que con un sesgo más
bien prooccidental), presentó su informe anual sobre tal problemática en nuestro país, en el cual criticaron al gobierno
por “abusar” de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche y plantearon la
necesidad de actualizar las políticas migratorias, esto último debido a lo conflictivo del tema en lo más actual.
Mientras
el gobierno chileno se las anda dando esta semana de muy avanzado y abierto en
temas de género y derechos LGBTI, exponiendo y alardeando de ello ante la ONU, en Ginebra, Suiza, AI hizo público un crítico balance sobre la
situación interna en materia de los derechos fundamentales.
El
reporte de AI, correspondiente al período 2017-2018 y realizado en 159 países,
expresa su preocupación sobre la persistencia en Chile de la “impunidad por las violaciones de derechos
humanos cometidas en el pasado y en el presente”, en lo que representa uno de
los hitos más relevantes en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos.
Por
otro lado, la directora ejecutiva de AI Chile, Ana Piquer, advirtió que en el
presente hay un, “uso excesivo de la
fuerza por parte de la policía, especialmente contra comuneros mapuche”. En
Chile se ha ido instalando un discurso de odio contra los mapuche y que se
ha usado como excusa para transgredir los Derechos Humanos de los pueblos
originarios, incluyendo el uso excesivo de la represión paramilitarizada de
carabineros y la PDI y de perseguirlos hasta con el recurso de falsas
acusaciones. En especial, hay herramientas jurídicas que abren la puerta a
estos abusos: “La Ley Antiterrorista se
ha empleado contra mapuche, pese a que hacerlo supone una violación de las
normas internacionales sobre garantías procesales”, lo que contraviene abiertamente las normas
internacionales sobre garantías del debido proceso, aseveró Piquer.
Parte
relevante del informe denuncia también una creciente retórica del odio en
contra de fenómenos nuevos en nuestro país, tal como la inmigración. Patricio Rojas, abogado del Colectivo en
defensa de los migrantes “Sin Fronteras”, indicó que estos ataques se deben a
que en Chile no hay una política de Estado que enfrente el desafío de la
migración.
Claro
que AI sólo se dedica a entregar su análisis, dar ciertas recomendaciones y hasta
se aventura a emplazar tímidamente al nuevo encargado del circo, Sebastián
Piñera, a “profundizar la legislación migratoria, de derechos civiles y la
política de diálogo con el pueblo mapuche”, situación cuya ocurrencia es más que
improbable en los siguientes 4 años.
Violencia
policial contra el pueblo mapuche
El
informe del organismo internacional enumera casos de extrema violencia policial
contra el pueblo mapuche para fundamentar su preocupación. Por ejemplo, “en junio, las fuerzas policiales
utilizaron gas lacrimógeno muy cerca de un colegio de la comunidad mapuche de
Temucuicui, mientras los niños y niñas estaban en clases”, y agrega una crítica
a la Justicia: “la Corte Suprema consideró ‘proporcional’ esa acción”.
Otro
caso es el de Brandon Hernández, joven de 17 años que
en 2016 recibió por la espalda más de cien perdigones disparados por un arma de
carabineros. En noviembre del presente año, dice Amnistía
Internacional, un juez de Collipulli, en la provincia de Malleco, abrió una
investigación contra el agente de policía acusado como responsable. Sin
embargo, “la audiencia se reprogramó tres veces porque el policía acusado no
comparecía ante el tribunal”.
El
informe, por otro lado, destaca que fue reabierto el caso de Álex Lemún, muerto
por disparo policial el año 2002 en Ercilla. La Corte Suprema fue la responsable
de reabrirlo este año, luego de que la justicia militar archivara el caso en
2004 sin determinar responsabilidades.
Ley Antiterrorista
El
informe de AI critica duramente a la institucionalidad chilena por el uso y
abuso que han dado las autoridades civiles y políticas a la dictatorial Ley
Antiterrorista. En particular, acusan al Gobierno y al Ministerio Público de
abusar de dicha ley para “procesar a mapuche sin cumplir las debidas garantías
procesales”.
Por
ejemplo, señalan que en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró (en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile) que “aplicaciones
similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuche violaban la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Otro
caso es la absolución, en octubre de 2017, de 11 personas mapuche sido
acusadas formalmente de “terrorismo” por un incendio que produjo la muerte de
los terratenientes Werner Luchsinger y Vivian Mackay en enero de 2013. “Las 11
personas acusadas (incluida la Machi Francisca Linconao) habían estado
detenidas en espera de juicio o bajo arresto domiciliario durante 18 meses”.
Luego, el Ministerio Público apeló en diciembre y dicha absolución se declaró
nula y se repetirá el juicio este año.
El
informe destaca otro caso donde la Fiscalía acusó de “terrorismo” a cuatro
hombres por un incendio que destruyó una iglesia en la ciudad de Padre las
Casas, en junio de 2016. Sin embargo, “nadie resultó herido en ese incendio.
Los mapuches fueron arrestados, detenidos y acusados el mismo día del
incidente, y seguían detenidos en espera de juicio a finales de 2017”, sostiene
el documento, el que agrega: “después de que los cuatro hicieran una larga
huelga de hambre, el gobierno presentó una solicitud de modificación del delito
del cual se los acusaba”. La Fiscalía mantuvo su posición.
Se
alcanza a consignar, también, la Operación Huracán, implementada en septiembre
y que implicó la detención de ocho personas. “Se los acusó formalmente de
asociación ilícita para la comisión de actos terroristas en conexión con los
incendios de decenas de vehículos de carga y la planificación de tales incendios”.
Agregan que “nadie resultó herido en esos incidentes”.
El
caso sigue abierto y la propia Fiscalía cuestionó a Carabineros, acusando la
falsificación de pruebas. Sin embargo, el informe consigna que “los ocho
acusados estuvieron detenidos en espera de juicio hasta octubre cuando la Corte
Suprema declaró ilegítima su detención y ordenó su excarcelación, dado que la
jueza no había justificado adecuadamente la necesidad de la prisión
preventiva”, señalan.
Amedrentamiento a luchadores
sociales
El
informe consigna que también distintos luchadores sociales han sufrido
represión estatal, amenazas e intimidación:
“En
abril, Rodrigo Mundaca y otros líderes
del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio
Ambiente (MODATIMA) en la provincia de Petorca recibieron amenazas de
muerte por su labor en defensa del agua. Existe una investigación en curso
sobre el acoso y la intimidación a los que se había sometido durante varios
años a los líderes de esta organización”, rescata la organización.
“En
mayo, la Fiscalía de Temuco anunció el cierre de la investigación por el
secuestro y torturas —cometidos en junio de 2016— contra Víctor Queipul Hueiquil, lonko mapuche de la
Comunidad Autónoma de Temucuicui. A Víctor Queipul lo habían amenazado con
matarlo si persistía en su labor como líder y defensor del pueblo mapuche”,
destaca el informe, el que prosigue señalando que “el fiscal señaló que
la investigación no podía proseguir porque Víctor Queipul no colaboraba. En
mayo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una nueva demanda
relativa a las torturas infligidas al lonko Queipul”; la investigación de este
segundo caso está en curso.
Derechos sexuales, reproductivos
y diversidad sexual
El
informe destaca que en septiembre entró en vigor la ley de despenalización del
aborto en tres causales, contemplando la objeción de conciencia.
Por
otro lado, en agosto se cerró un caso penal, retirándose los cargos contra un
juez por permitir el cambio de nombre y de indicadores de género para una niña
transgénero.
En
junio, el Senado aprobó la Ley de Identidad de Género que establece el derecho
de las personas mayores de 18 años al reconocimiento legal de su identidad de
género modificando su nombre y sus indicadores de género en documentos
oficiales mediante un proceso administrativo. Sin embargo el trámite aún no
concluye en el Congreso.
Impunidad
La
organización internacional tiene un lamentable subtítulo sobre impunidad
respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidos. Señala que si
bien, “los tribunales han conocido
cientos de casos”, “la mayoría de los condenados no cumplen penas de prisión, y
muchas víctimas carecen aún de acceso a mecanismos institucionales para exigir
reparación”.
Por
otra parte, destaca como positivo que en esta materia el congreso haya debatido
respecto de dejar sin efecto la disposición incorporada arbitrariamente por
Ricardo Lagos de mantener en secreto los testimonios del informe Valech, sobre
torturados entre 1973-1990: “El Congreso debatió un proyecto de ley para poner
a disposición de los fiscales y de las partes en los procedimientos judiciales
pertinentes, la información recabada por antiguas comisiones de verdad”.
¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y
Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!
Colectivo
Acción Directa CAD –Chile
Febrero 23 de 2018
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