“Chile: Adiós al sueño de Barrick Gold”
Pascua Lama es un
proyecto de la empresa Barrick Gold para extraer oro y plata, una mega minera a
cielo abierto con uso de cianuro, ubicada a 4.000 metros de altura, rodeada de
glaciares, en la frontera de Chile (en Alto del Carmen, provincia del Huasco) y
Argentina (departamento Iglesia, provincia de San Juan). Asentado en un vasto
territorio que abarca espacios a ambos lados de la frontera, administrado y
custodiado por la transnacional, pretendía convertirse en un virtual “tercer
país” instalado entre Chile y Argentina. Uno de los proyectos más importantes
de la empresa, único por su condición binacional, no hay antecedentes ni
normativa en el mundo para proyectos mineros a cielo abierto con esta
característica. El marco legal en este caso es el tratado minero firmado por
ambos países a fines de los noventa, que permite que cada proyecto establezca
sus propias reglas.
“Durante
más de 17 años la comunidad del Valle del Huasco le insistió al mundo que el
proyecto binacional Pascua Lama era un despropósito, era inviable; contra los
estudios, estadísticas y lobby a todo nivel de la entonces mayor minera de oro
del planeta. Hoy la autoridad lo reconoce y se clausura definitivamente la
faena minera que nunca debió haber sido aprobado e iniciada su
construcción”.
El comunicado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que acompaña desde el primer momento a las comunidades denunciantes, habla de la lucha desigual llevada adelante para lograr este resultado.
El comunicado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que acompaña desde el primer momento a las comunidades denunciantes, habla de la lucha desigual llevada adelante para lograr este resultado.
La
máxima autoridad ambiental de Chile, el Superintendente del Medio Ambiente
Cristián Franz, señaló que “dada la naturaleza y envergadura de las
infracciones cometidas por la empresa, y luego de un proceso altamente
complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y en el cual se
garantizó en todo momento los derechos de todas las partes intervinientes, se
ha llegado a la convicción de que la clausura total y definitiva más la
imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada y proporcional en
este caso”.
La
empresa sin embargo insiste en la continuidad del proyecto. Tras la decisión
del gobierno, el director ejecutivo de Barrick Chile, René Muga, además de
destacar que esperaban una multa mayor a los u$s 11,5 millones finalmente
dispuestos por la autoridad, afirmó que la sanción impuesta “se refiere
a eventos del pasado y que actualmente, Pascua Lama está enfocada con una
perspectiva de sustentabilidad”, adjudicando el cambio a una “respuesta
a las inquietudes expresadas por las comunidades” por la que “la
compañía está realizando estudios de optimización del proyecto para evaluar un
posible desarrollo subterráneo que reduzca sus impactos ambientales y
sociales”.
Lucio
Cuenca, dirigente de OLCA, detalla el largo peregrinar para lograr que
finalmente se haga justicia: “El expediente del caso es grueso y da
cuenta de más de 30 infracciones a las Resoluciones de Calificación Ambiental
(RCA) de un proyecto que por las mismas irregularidades, quedó a medio
construir desde comienzos de 2013, y está paralizado por medidas cautelares de
la autoridad fiscalizadora que fueron confirmadas por los tribunales, sin poder
terminar la construcción para entrar en operación. La empresa ha buscado
mañosamente minimizar las faltas, que en la mayoría de los casos fueron
relevadas por la comunidad, no por el Estado, pues en Chile opera el
auto-control de las empresas, por lo tanto la fiscalización es indirecta y
estatalmente deficitaria. Sin embargo, las presiones de una minera sobre
gobiernos extractivistas, rinden fruto: por ejemplo, logró que se acumularan
los dos procesos de sanción en curso (A 002-2013 y D 011 – 2015), por eso
cuestiones que ocurrieron hace más de cuatro años están siendo vistas con otras
que ocurrieron en fechas posteriores a 2013, esto impide que un proceso
constituya precedente del otro, evitando que la reincidencia agrave las faltas
que se han seguido produciendo, sobre todo en lo referido a la contaminación de
las aguas y el daño irremediable a los glaciares. Sobre este mismo punto,
a mediados de 2016, Barrick logró que se modificara la RCA del proyecto
cambiando el sistema de monitoreo de las Aguas, fijando una nueva línea base de
éstas, con parámetros de concentración de metales pesados más altos que lo que
tenía el río antes de la llegada de la minera al Valle del Huasco, por lo tanto
eximiendo de responsabilidad a la empresa de la contaminación que ha traído
consigo y estableciendo que ésta es un fenómeno natural”.
En
Argentina conocemos muy bien el “modus operandis” de Barrick, desde mucho antes
que los tres derrames recientes en la mina Veladero, en San Juan. Desde la
propia sanción del Tratado Minero Argentino-Chileno en ambos países a fines de
los años noventa –actualmente vigente – la minera no escatimó esfuerzos para
lograr con Pascua Lama su propio “Tercer País” en el medio de la cordillera. En
el libro “El país virtual. El lado oscuro del tratado minero
chileno-argentino”, su autor Julián Alcayaga Olivares, asesor del
titular de la comisión de minería de la cámara alta chilena en aquél momento,
el senador Jorge Lavandero, describe cómo en una cena con su jefe, el propio
abogado de Barrick José Antonio Urrutia destacó que la empresa “no sólo
había sostenido desde hacía varios años, un diálogo con las más altas
instancias administrativas y políticas de Chile y Argentina para viabilizar su
proyecto, sino que además había redactado el Tratado Minero [sic]”.
Apenas
inició la construcción de la mina, las comunidades del Valle del Huasco,
agricultoras en su mayoría, alertaron sobre el peligro que significaba para su
principal fuente de agua: los glaciares. La denuncia se extendió hacia este
lado de la cordillera, y hubo una incipiente coordinación entre distintos
sectores de ambos países para detener el proyecto y dar a conocer los riesgos
del Tratado. Una de las estrategias fue elaborar proyectos de leyes de
protección de glaciares para presentar en ambos países. En el caso de Argentina
fue presentado por la entonces diputada Marta Maffei, aprobado el 22 de Octubre
de 2008, y vetado días después por Cristina Fernandez, con poca sutileza en sus
fundamentos: “Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su
preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que
repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que
se llevan a cabo en dichas provincias”.
Miguel
Bonasso, presidente en aquél entonces de la comisión de ambiente de la Cámara
de Diputados, presentó en diciembre de 2008 un nuevo proyecto con el mismo
texto de Maffei para su nueva sanción; mientras la Secretaría de Ambiente y el
titular de la comisión de ambiente del Senado, el senador Daniel Filmus,
convocaban a los gobernadores de las provincias cordilleranas para redactar una
nueva ley. Filmus presentó su proyecto en agosto del 2009, con un marco de
protección más estrecho que el texto vetado, logrando media sanción en Senado
en octubre de ese año. Ambos proyectos se enfrentaron en Diputados.
La
ley de protección de glaciares y los fundamentos del “Veto Barrick” empezaron a
difundirse a lo largo del país, principalmente en las provincias donde fruto de
la movilización ya se habían establecido restricciones a la actividad minera o
existía un rechazo a nuevos emprendimientos. Muchas organizaciones aprendimos
qué era el ambiente glaciar y periglaciar, para qué servían, porqué era
importante su preservación, qué intereses había tras el veto, quién era la
Barrick Gold, hasta dónde la megaminería nos beneficiaba como país. Se abrió un
debate importante en la sociedad que por suerte perdura hasta estos días.
Tal
es así que el proyecto de Bonasso obtuvo mayoría en reunión conjunta de minería
y ambiente en Diputados, en mayo de 2010. Un mes después, la presidenta se
entrevistó en Canadá con Peter Munk, titular de Barrick, en el marco de una
reunión del G-20; varios gobernadores participaron del convite: Beder Herrera
(La Rioja), José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta). A la
vuelta del viaje –oh, casualidad- varias provincias presentaron leyes de
glaciares provinciales de expresa desprotección, que fueron sancionadas todas
en trámite “express”, antes de la aprobación de la nacional. Finalmente Filmus
resolvió unificar su proyecto con el de Bonasso, con modificaciones
“positivas”, logrando la aprobación definitiva el 29 de septiembre de 2010 en
el Senado, luego de varias idas y vueltas para su tratamiento en ambas cámaras,
con prácticamente todo el radicalismo y la coalición cívica votando a favor y
la mayoría del Frente para la Victoria votando en contra.
Vale
recordar toda esta cronología un tanto tediosa, ya que desde hace unos meses el
gobierno insiste con modificar la Ley de Glaciares, en el marco de ampliar y
consolidar las ventajas que viene otorgando al sector minero. Al mismo tiempo
que la justicia argentina de la mano del juez Casanello procesa a ex
funcionarios por el incumplimiento de la ley en la mina Veladero, en San Juan,
y el gobierno chileno –sin contar con ley protectora- dispone la clausura del
proyecto más añorado por Barrick, entre otras causas, por afectar esta
importante fuente de agua dulce.
No
le va a ser fácil al gobierno avanzar con una medida que divide incluso a su
propia base de apoyo, tal como vienen demostrando sectores del radicalismo y de
la coalición cívica en algunas provincias. Es difícil que “Cambiemos” el modelo
de país, sin mirar atrás y discutir de cara a la sociedad, entre otras cosas,
qué minería queremos, de qué manera y en beneficio de quiénes.
Referencias:
Silvia Ferreyra: Coordinadora del Área de Ambiente del ISEPCi.
Fuente:
https://lapiedraenelzapato.com/2018/01/22/adios-al-sueno-de-barrick-gold-su-tercer-pais-en-la-cordillera-de-los-andes/
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Colectivo
Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Febrero 4 de 2018
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