“La huelga del gas y las contradicciones de la reforma”
En
entrevista, el dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores
del Gas, Patricio Tapia, dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de
Trabajadores del Gas, expresa su parecer sobre la reforma laboral y la
judicialización de los conflictos laborales y critica el arbitraje como forma
de resolución de conflictos
Andrés
Figueroa Cornejo
Patricio Tapia fue
uno de quienes condujeron los 21 días de la huelga del Sindicato de
Trabajadores de Gasco GLP (Gas Licuado del Petróleo) desde el 19 de diciembre
de 2017 al 8 de enero de 2018. Huelga histórica porque fue la primera realizada
en los 161 años de existencia que tiene la empresa. El movimiento fue gatillado
porque la compañía únicamente les ofreció el reajuste del Índice de Precios al
Consumidor, IPC.
La
huelga estuvo enmarcada por la contingencia de las elecciones presidenciales en
las que se impuso la denominada “derecha dura” en la figura de Sebastián
Piñera. El dueño de Gasco, Matías Pérez, fue uno de los empresarios que aportó
pecuniariamente a la candidatura presidencial del aliado ultraderechista de
Piñera, José Antonio Kast, un reconocido pinochetista.
Por
otra parte, el asesor legal de la compañía fue el ex Subsecretario del Trabajo
de la dictadura cívico-militar durante los años 1983-84, el abogado Ricardo
Canales y el gerente de Recursos Humanos, Carlos Wulf Le May, fue funcionario
de confianza del primer gobierno de Piñera.
El
dirigente señala que la huelga fue un éxito en cuanto a los beneficios que se
reportó para los trabajadores. “Subimos beneficios sociales que la empresa
quería borrar del anterior contrato colectivo, como por ejemplo, la
indemnización a todo evento, el descuento del seguro de cesantía,
gratificaciones y lo más grave, buscó bajar el piso de la negociación. Pero
con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las
incrementamos. Aumentamos los sueldos base, colación y movilización, bonos
anuales, etcétera.”, señaló Patricio Tapia, y añadió que, “la huelga que
realizamos en Gasco GLP fue muy dura. Allí votamos la huelga porque, entre
otras cosas, la firma nos ofreció la mitad de lo que les ofreció a los
representantes de los sindicatos que aceptaron mansamente negociar de manera no
reglada. Estoy hablando de los dirigentes de los sindicatos pro empresa. A los
trabajadores asociados a esos sindicatos, les quitaron derechos. Fue
lamentable”.
El viejo conflicto entre lo
público y lo privado
En
el país, menos del 15 por ciento de la fuerza de trabajo está
sindicalizada y sólo un 8 por ciento tiene poder de negociación. Por eso la
reforma laboral establecida en abril de 2017 es poco conocida entre los
dirigentes sindicales, los trabajadores organizados y qué decir de los
trabajadores en general, que hacen la inmensa mayoría de la fuerza laboral en
Chile. Es en este contexto que aparece el concepto “piso mínimo”, que se
refiere a que en un proceso de negociación colectiva reglado,
lo obtenido en el contrato colectivo anterior no es negociable, no se
puede tocar.
Por
eso es que negociar anticipadamente daña tanto los intereses de lo
trabajadores en comparación con la negociación reglada. Asimismo, en
estos casos, el empresariado no tiene derecho a reemplazar a los trabajadores
que participan en la huelga. Como legalmente no debe reemplazar trabajadores,
la reforma alude a los “servicios mínimos”, que son aquellos
equipos de trabajadores que se quedan laborando en áreas de emergencia para “no
afectar a la comunidad”. Se usa la misma lógica que en la salud pública, que
cuando sus trabajadores van a paro tienen que establecerse “turnos
éticos”. Sin embargo la salud del Estado no tiene nada que ver con la
empresa privada.
En
la práctica, la empresa Gasco GLP debió enviar un listado con los
“servicios mínimos” para que los trabajadores lo evaluaran. Sin embargo, la
compañía presentó directamente el listado de “servicios mínimos” a la
inspección del trabajo, sin consulta y acogiéndose a un artículo transitorio
que ya no rige gracias a la reforma laboral, pero debido a las fechas
tan próximas del cambio en la legislación, la empresa provechó de usar. Al
final, la inspección del trabajo resolvió entregar tres días a los
trabajadores, para revisar más de 100 páginas de los “servicios mínimos”
presentados por el empleador, los que fueron objetados punto por punto. Luego
falló la inspección del trabajo, tomando los fundamentos del sindicato
como argumentos para fundar la decisión.
Este asunto de las llamadas “empresas estratégicas” y los “servicios
mínimos” es sumamente delicado. ¿Puedes explicar qué es lo que hicieron ustedes
al respecto y a qué se refieren con “fundamentos de fondo”?
A
diferencia de la salud pública del Estado, cuando una persona deja de pagar la
cuenta de gas, la empresa corta el suministro derechamente. ¿Qué ocurre
entonces? Que las corporaciones de gas privadas cuando cortan el gas por no
pago, simplemente dejan de ser “empresas estratégicas”. O sea, pierden su
condición de “empresa estratégica”, de “servicio básico de utilidad pública”.
Aquí descubrimos una contradicción de fondo en la reforma laboral. En cambio la
salud pública sí, en efecto, debe contar con servicios mínimos en caso de
huelga porque se trata de un derecho social garantizado por el Estado
constitucionalmente. En el caso del gas se trata de un bien que sólo
puede comprar quien tiene los medios para hacerlo. Su suministro no está
garantizado como un derecho social. Además, si alguien no puede comprar gas de
una empresa privada “A”, puede comprarlo en la empresa “B”, porque se supone
que en Chile existe libre competencia.
Ante
esta realidad lógica en una economía como la que hay en el país, logramos que
la inspección del trabajo rebajara los porcentajes de “servicios mínimos”. Fue
en ese momento que comenzaron las amenazas empresariales y sus prácticas
antisindicales en nuestra contra.
¿Qué otras prácticas
antisindicales cometió la empresa?
Antes
que todo, a la presidenta del sindicato, Solange Bustos Guzmán, hace 6 meses
que no le pagan sueldo en la Cobegas (filial de empresa Gasco) y la
inspección del trabajo demandó a la firma por práctica antisindical. Por
otra parte, y con el objetivo de atemorizar a los trabajadores, un día antes de
la votación de la huelga en Gasco GLP, la firma despidió masivamente a
trabajadores de Autogasco, la parte comercial de Gasco, sin previo aviso y de
una manera absolutamente irregular. Pero a la empresa “le salió el tiro por la
culata”. Los socios en vez de amilanarse, votaron la huelga con mayor
convicción.
Asimismo,
como en el plano de los llamados “servicios mínimos” ganamos en los tribunales
del trabajo, la compañía demandó a la propia inspección del trabajo,
dependiente del Ministerio del Trabajo. El resultado de esa acción legal aún
está en curso. También la empresa comenzó a reemplazar a
trabajadores en huelga desde su primer día lo que es una falta gravísima
según la reforma laboral y nosotros tuvimos que interponer demandas en
los tribunales.
Después
la empresa comenzó a llamar personalmente a los empleados para ofrecer
“arreglos” individuales y que se reincorporaran a los 15 días de huelga.
Nuevamente en los tribunales impedimos ese objetivo de la patronal. Al día
18 de la huelga, la gerencia abrió la mesa de negociaciones con nosotros. Sin
embargo, paralela y silenciosamente ingresaron una nueva demanda, esta vez, con
la finalidad de quitar el fuero sindical legal a la presidenta del sindicato. y
eso sigue en trámite judicial.
¿Por qué algunos trabajadores pueden ir a huelga, como Gasco GLP, y
otros sólo a someterse a un arbitraje en los tribunales del trabajo, como Gasco
S.A.?
En
Chile los asalariados organizados de las denominadas “empresas estratégicas” no
tienen derecho a la huelga porque serían “de utilidad pública”, como ya
expliqué. Entonces lo que queda es ir a un proceso de arbitraje en los
tribunales del trabajo. Por un lado, el sindicato presenta un proyecto de
contrato colectivo, y por otro, la empresa presenta otro distinto, frente a
tres jueces arbitrales que resuelven mediante un solo fallo, que es único e
inapelable, sin negociación formal. Cada parte debe argumentar punto a punto su
proyecto colectivo.
Sin
embargo, el proceso de arbitraje fue muy complicado. De hecho, los jueces nos
emplazaron a llegar a un acuerdo con la empresa para que ellos no tuvieran que
fallar definitivamente. Nuestro petitorio, como representaba los intereses de
los trabajadores, contó con un porcentaje de beneficios más alto que el
proyecto de los empleadores, que representaba sus intereses. Los jueces
decidieron que un perito económico revisara ambos proyectos. No obstante, los
números del resultado del peritaje no fueron correctos. Por ejemplo, arrojó
bonos escolares de trabajadoras que no tienen hijos, abultando gastos
artificialmente. El peritaje contabilizó aspectos que no existían o que ya
estaban resguardados por la propia ley, siempre actuando en beneficio de la
empresa. Por tanto, nosotros impugnamos el peritaje. Se hizo otro peritaje que
sólo modificó cosméticamente al anterior. Lo importante es que el proyecto de
la firma nos quitaba, al igual que lo intentaron hacer en la huelga de Gasco
GLP, el piso obtenido por nosotros en negociaciones previas. Por eso los jueces
nos dijeron que estaban complicados en dictar un fallo. Si aprobaban el
proyecto de la empresa habrían violado la ley.
Ahora
bien, el objetivo del arbitraje es evitar la huelga y facilitar la imposición
de los intereses empresariales. Si nos quitan el derecho histórico y mundial a
ir a huelga, pierde sentido la sindicalización. Allí nos dimos cuenta que
quitar el piso mínimo o los beneficios adquiridos es una estrategia del
empresariado a nivel nacional. Porque si los trabajadores hubiéramos aceptado
el proyecto del empleador, sentábamos un pésimo precedente para el conjunto de
los arbitrajes futuros.
Finalmente,
logramos los mismos beneficios conquistados en la huelga de Gasco GLP, más un
bono a las trabajadoras de call center que tienen los sueldos más bajos de toda
la empresa Gasco S.A. Y los jueces no fallaron nunca.
En la experiencia concreta como
dirigente sindical, ¿qué piensas de la reforma laboral?
Chile
tuvo una de las clases trabajadoras más conscientes y organizadas de América
Latina y el mundo, hasta el golpe de Estado de 1973. El aniquilamiento
sistemático a sangre y fuego de la fuerza de los asalariados es ejemplo global
para la clase patronal. En este sentido, no sólo la dictadura de Pinochet
cumplió con creces su objetivo. Los gobiernos civiles desde 1990 no hicieron
más que profundizar el mismo programa antilaboral. La finalidad es facilitar la
explotación y la ganancia de los empresarios con los menos obstáculos posibles.
Sólo en este contexto es posible comprender la reforma laboral de la
administración que se va en marzo. En otras palabras, si no tienes nada, hasta
la sombra de algo parece mucho. Así y todo, sólo con la organización de los
propios trabajadores, con fuerzas reales, lucha y unidad, podremos empezar a
limitar los abusos empresariales.
En
verdad, la RL judicializa la lucha sindical. Por ejemplo, la empresa Gasco nos
objetó en los tribunales incluso nuestra condición de sindicato interempresa
que agrupa a trabajadores de la industria del Gas, toda vez que
estamos integrados por socios de las empresas Gasco, Centrogas, Cobegas, Autogasco y Metrogas.
Actualmente estamos
defendiendo en los tribunales del trabajo entablar la negociación colectiva
reglada para todos los trabajadores de las ramas de la Energía, Gas, Agua y
Combustible, con el fin de armarnos mejor ante los grupos empresariales
respecto de los pisos de negociación y poder incrementar los beneficios
sindicales.
Para contactarse con
el dirigente sindical Patricio Tapia, hay que escribirle al correo ptapia1980@gmail.com
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