“Abogado Román:
“Huracán es la Operación Michelle Bachelet””
El
representante legal de Héctor Llaitul afirmó no tener dudas de que el gobierno
de Chile tiene participación en el montaje, y por lo mismo, debe responder. El
abogado asegura que los fiscales han desarrollado una estrategia de
criminalizar a los mapuche y que en ello han jugado su parte las policías
En Radio-Diario U. de Chile –public. 8/2/18
El escándalo de la
Operación Huracán ha puesto en el tapete una denuncia constante del pueblo
mapuche en cuanto a su conflicto con el Estado chileno: los montajes de los que
han sido víctimas por parte de las autoridades.
Hoy
la principal institución acusada es Carabineros de Chile, producto de las
supuestas pruebas que consistían en conversaciones a través de whatsapp entre
los implicados. Sin embargo ¿es la policía uniformada la única responsable en
estos montajes?
Para
conversar sobre el tema, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con
Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor
Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y uno de los supuestos
acusados por la Operación Huracán.
Según
el abogado, la responsabilidad parte desde el ejecutivo. En ese sentido recordó
una reunión efectuada en el sur de Chile el 20 de septiembre del 2017
–sospechosamente a menos de una semana de que estallara el caso de la Operación
Huracán, recordó Román- encabezada por el subsecretario del interior, Mahmud
Aleuy, en la cual participaron autoridades de Temuco, Concepción y la Región de
Los Ríos
“Esa
reunión no tiene justificación legal ni constitucional. Si Aleuy encabezó esta
importante reunión con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de la zona,
con los jefes de las policías, con los jefes de la fiscalía, con los abogados
del gobierno, entre otros, uno pudiese pensar que hay una trama que viene desde
el más alto nivel, en este caso desde el ministerio del interior”.
“No
tengo duda alguna que el Gobierno de Chile tiene participación en estos hechos.
Este huracán es el huracán Michelle Bachelet”, sentenció.
En
ese sentido Román recalcó que la imagen de la Presidenta no se ha visto
afectada por esta situación ya que ella se encuentra protegida por “los ricos,
los poderosos y los medios”, sin embargo no dudó en responsabilizar a su
gobierno por llevar adelante “estas acusaciones infundadas”.
El
abogado considera lo anterior de una gravedad tremenda, a la cual se le suma
otra: que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo
fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista, “y lejos de no aplicarla, han
invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis sobre conductas
terroristas”.
En
cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público, el abogado indicó que es
evidente el sentimiento anti mapuche que tienen los fiscales, quienes, coludidos
con las policías, buscan condenar sin desarrollar la labor investigativa para
llegar a un juicio ante un tribunal imparcial con las pruebas necesarias, es
decir, no hay debido proceso para ellos.
Para
Román la fiscalía de la Araucanía ha jugado un especial papel en la
persecución, criminalización y encarcelamiento de centenares de mapuche en
distintos casos, sin embargo se evidencia su falta de seriedad porque la gran
mayoría de los comuneros acusados de delitos han sido, finalmente, absueltos.
“Te
puedo asegurar que la fiscalía y ciertos fiscales como Alberto Chiffelle y Luis
Arroyo, han jugado esta estrategia de criminalización y encarcelamiento a
priori solamente por la circunstancia de ser mapuche, y al respecto se han
coludido con las policías y la inteligencia policial para llevar a cabo
distintos montajes desde hace ya montones de años” enfatizó.
Recordó
también que en más de 20 ocasiones se ha invocado la ley antiterrorista por
parte del Ministerio Público, y en ningún caso han conseguido un veredicto
condenatorio por la Ley Antiterrorista, salvo el joven Raúl Castro Antipán,
mapuche que fue infiltrado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros
(DIPOLCAR) para provocar distintos hechos de violencia.
Según
Roman, la Policía de Investigaciones (PDI) también debe asumir sus
responsabilidades, pues aseguró que también forman parte de los montajes y sin
embargo han pasado desapercibidos.
“Hoy
la PDI está pasando en silencio, está pasando inadvertida, cuando es la PDI la
que encabeza el caso Luchsinger-Mackay. Ellos también han jugado un triste y
nefasto papel con la muy probable implantación de pruebas también. Porque en
este caso lo único que hay es el relato de dos sabuesos de la PDI que dan
cuenta de los supuestos dichos que habría señalado José Peralino, una de las
personas involucradas”.
El
abogado cree que esta situación es un deja
vú con lo que fue en su momento el caso de Raúl Castro Antipán. Por eso
muestra seguridad con que el segundo juicio a realizarse por este hecho
terminará en una absolución de los acusados.
Román
también señaló que dada la gravedad del escándalo de la Operación Huracán,
todas las altas autoridades implicadas deberían responder y presentar su
renuncia.
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