“Adopciones irregulares y el riesgo de la
prescripción”
Son más
de 500 casos los que están siendo revisados por el magistrado Mario Carroza.
Por el momento todos se ubican temporalmente dentro del periodo 1973-1990, por
lo que la posibilidad de que estén prescritas es una realidad. ¿Qué debería
pasar para que los casos no prescriban?
En Radio-Diario U. de Chile –public. 22/1/18
Casos de adopciones
irregulares siguen tocando la puerta del Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH) y a la oficina de quien se ha dedicado a investigarlos, el juez Mario
Carroza. El magistrado se encuentra revisando los casos de adopciones que datan
de entre 1973 y 1990.
Los
modus operandi eran diversos pero había uno que marcaba tendencia: se abordaba
a una madre embarazada, pronta a dar a luz, “conversaban con ella y le
preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por
diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban
en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y
luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá”, explicó a La Tercera el
ministro Carroza. Generalmente eran madres en situación de vulnerabilidad.
Carroza
solo está facultado para investigar casos relacionados con derechos humanos y
la violencia política del periodo. En ese escenario existe la posibilidad de
que sean varios los casos prescritos, situación que podría evitarse en caso de
poder evidenciar su calidad de delito de lesa humanidad.
Rodrigo
Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH explica una de las alternativas que
permitirían no prescribir las denuncias que han llegado a sus oficinas: “Aquí
nosotros, por el análisis que hemos hecho, no estamos hablando de crimines de
lesa humanidad, porque eso requiere que se trate de un ataque masivo y
sistemático contra un sector de la población, que es lo que ocurrió con la
oposición a la dictadura militar en ese periodo. Estos hechos tendrían otra
motivación. Lo que sí podría ocurrir es que estemos frente a una sustracción de
menores que, en el derecho internacional, dependiendo del caso, podría ser
una desaparición forzada. Es decir,
podría ser considerado no como crimen de lesa humanidad, pero podría operar la
figura del secuestro permanente y, en ese sentido, podría no estar prescrito”.
Este
jueves el juez Mario Carroza se reunión con la presidenta de la ONG “Nos
Buscamos”, Constanza del Río. Luego del diálogo, Carroza reconoció que ya se
encuentra coordinado con diferentes instituciones (Brigada de Inteligencia de
la PDI, perito, ONG) para desarrollar la investigación de los más de 500 casos
de adopciones entre el periodo mencionado. Además, confirmó la posibilidad de
prescripción de varios de ellos, sin tener certeza aún sobre cuántos casos se
trataría. “Por supuesto que pueden haber prescripciones, pero las
prescripciones se dictan una vez agotadas las investigaciones. Yo debo agotar
la investigación para tomar la decisión de prescribir”. “Estamos en el caso de
la sustracción de menores, pero podemos llegar a otro tipo de delitos, como es
la adopción irregular y ahí tendremos que saber si existe o no un delito.
Detrás de todas estas organizaciones posiblemente pudiera haber un tipo de
organización de esas características (asociación ilícita)”.
Una
de las claves de la investigación radicaría en una persona. Se trata de Telma
Uribe, asistente social que actualmente tiene 96 años. Constanza del Río,
fundadora de la ONG “Nos Buscamos”, en conversación con Cooperativa aclaró que
ya existe contacto con la mencionada. “Estuvimos trabajando con ella casi un
año y finalmente nos empezó a soltar unos libros empastados en cuerina, que
eran puras hojas de roneo escritas a máquina, con calco, donde individualizaba
caso a caso. De hecho los libros estaban empastados por años: 74, 75, 76, nos
pasó varios tomos”.
Del
Río explica la génesis del contacto con el magistrado: “Volví a hablar con ella
(Uribe), ella se negó y después ya nunca más la pasaron al teléfono y me
llamaba un abogado supuestamente y le pedí que me entregará la información de
atrás porque o sino yo iba a tener que denunciar. Finalmente me pongo en
contacto con una jueza y ella me dice que tengo que denunciar, que no me puedo
quedar con los documentos porque estaba siendo casi parte del tema y ahí me
pongo en contacto con el ministro Carroza. El ministro Carroza manda a incautar
todo el material de la señora Telma, La Brigada de Derechos Humanos PDI incauta
todo esto”.
Carroza
espera que el INDH también le haga llegar sus denuncias para, de esa forma,
trabajar una base de datos que le permita conocer la situación de forma
integral.
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